Las soluciones rápidas y fáciles son tan peligrosas como las resistencias políticas al cambio.
Ana Laura Magaloni.

El pasado domingo 5 de septiembre, se instaló la comisión de Entrega-Recepción por parte del gobernador Héctor Astudillo y la gobernadora electa Evelyn Salgado Pineda. El acto fue mucho más que una formalidad; representa la voluntad de las partes para favorecer una transición sin dobleces.
Como el mismo Astudillo Flores lo mencionó, se trata de una transición “ordenada, transparente y satisfactoria”, con la disposición “para cualquier aclaración que tuviera lugar, tal y como corresponde a servidores públicos responsables y comprometidos con la institucionalidad de Guerrero”.
Previamente, a lo largo del mes de agosto, se celebraron seis reuniones del gobernador y la gobernadora electa, con diferentes titulares del gabinete estatal. En esas reuniones se hicieron presentaciones, se formularon comentarios de las políticas públicas ejecutadas y de los problemas existentes, enfatizando aquellos que exigen de una especial atención.
No tengo memoria de un proceso de transición política-administrativa como la puesta en marcha por el gobernador Astudillo. De hecho, se firmaban los documentos correspondientes sin su adecuada publicitación. El Ejecutivo está siendo consecuente con las políticas de transparencia y rendición de cuentas del sexenio 2015-2021.
La contraparte designada por la próxima gobernadora Salgado Pineda, de acuerdo con el calendario convenido, cuenta desde ya de una política colaborativa para que, quienes asuman en su momento los cargos, tengan la oportunidad de revisar, analizar y solicitar los datos que requieran para disponer de información sobre las funciones y atribuciones a ejercer, lo cual implicará conocer –por supuesto– también los riesgos y desafíos que habrán de enfrentar.
En la gobernadora electa Salgado Pineda, es evidente su capacidad de comprensión sobre los temas. Sus comentarios han sido atinados. Sus palabras, en el acto de la Comisión aludida, responden a la institucionalidad a la que todos los servidores públicos y quienes vayan a serlo, estamos obligados. Dijo Salgado Pineda que habrá de continuar “el desarrollo de este ejercicio, que cabe resaltar se ha llevado y se seguirá llevando a cabo de una manera respetuosa y cordial, con mucha civilidad política porque así lo merece y así lo demanda nuestro pueblo de Guerrero”.
Conviene resaltar, como ella misma lo expresó, que las reuniones previas al proceso formal no se han realizado en ninguna otra entidad federativa. Es más, a la fecha prácticamente ningún gobierno de otros estados ha establecido los mecanismos de entrega-recepción. En el caso nuestro, otro factor a considerar es lo terso de un cambio entre figuras políticas de dos partidos diferentes. Y este es un mensaje político de la mayor importancia.
Hemos comentado que Guerrero no puede derrumbarse al término de cada sexenio para empezar de nuevo con la administración de reemplazo. Se debe implementar –necesariamente– una política de Estado, de tal manera que se mantengan los aciertos y haya continuidad en el impulso al desarrollo. Advertir los desafíos constantes que han enfrentado diferentes gobiernos locales con nuestra dura realidad; y que, en ocasiones, han interrumpido dramáticamente el periodo constitucional.
Es necesario remitirnos a algunas de las consideraciones de Luis F. Aguilar de cómo las demandas, problemas y cambios sociales en curso están rebasando a los gobiernos. El discurso electoral y político al crear la expectativa de bienestar y seguridad social, propicia “la manera creciente de la demanda social por mayores bienes y servicios públicos”; y tiene “el efecto de aumentar y agudizar la incapacidad gubernamental”, por no disponer de los recursos necesarios (Legitimidad y Efectividad, Gobierno de Guerrero, SGG, 2019). Es decir, cuando las expectativas son mayores a los recursos disponibles, se presenta el riesgo de la protesta social extrema.
El gobierno que termina realizó oportunamente la consulta popular establecida en la ley, que dio paso al Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021. Dicho Plan contiene seis Ejes, desde el tema de la seguridad y los derechos humanos, hasta el desarrollo integral y municipal, que implica la política social y el compromiso de un gobierno abierto y transparente.
El Plan Estatal de Desarrollo es un esfuerzo del gobierno de Héctor Astudillo Flores para que la administración pública tuviera guías de actuación dirigidas hacia objetivos concretos. Un gobierno que camina a ciegas necesariamente habrá de tener traspiés. Qué bueno que la próxima administración dispondrá de su propio Plan con los insumos de la amplia consulta que está celebrando.
Por lo que implica en este proceso de transición, comparto las palabras del senador Félix Salgado Macedonio: “abrazo a los dos, a Evelyn Salgado y a Héctor Astudillo por tan acertado amable acto republicano de entrega recepción en las mejores condiciones”.