La tarea que el gobierno tiene que cumplir en relación a su misión de controlar el narcotráfico y su violencia es de tal magnitud que, para completarla, aún le falta mucho

Auto celebración. La recaptura de Joaquín Guzmán Loera, el narcotraficante más buscado en el mundo es, sin duda, un punto positivo en la cuenta del actual gobierno. Sin embargo, el discurso auto celebratorio por ese logro –“misión cumplida” o “toda meta es alcanzable”– ha sido excesivo y, quizá, contraproducente. Después de todo, lo que se logró el 8 de enero fue sólo enmendar una pifia monumental del sistema de seguridad del Estado: la que permitió la segunda fuga de un penal de alta seguridad de El Chapo. Ahora bien, bajo esas circunstancias, ¿realmente son alcanzables las metas sustantivas como disminuir la pobreza, la corrupción, la inseguridad o la desigualdad?
“Misión cumplida”. El 1° de mayo de 2003 el presidente George W. Bush, vestido de piloto de combate, aterrizó en el portaviones Abraham Lincoln que venía de Irak y pronunció un discurso celebratorio bajo una gran manta que decía mission accomplished (“misión cumplida”). El concepto triunfalista venía en el borrador mismo del discurso presidencial, pero el secretario de Defensa lo consideró excesivo y pidió que se omitiera, (entrevista a Donald Rumsfeld, 6 y 7 de julio, 2006, wikipedia.org/wiki/Mission_Accomplished_speech). De todas formas, ese discurso y las condiciones en que se dio ya se conocen como el absurdo de la “misión cumplida”. Y es que, como casi de inmediato quedó claro, el monumental problema creado por Estados Unidos en Irak y el Medio Oriente no se resolvió con la invasión de ese país, empeoró.
Justamente por lo anterior no fue una buena decisión de Enrique Peña Nieto anunciar como “misión cumplida” la captura del narcotraficante dos veces fugado de cárceles supuestamente diseñadas para impedir cualquier escape.
Es insostenible pretender que recapturando un narcotraficante, que escapó gracias a la debilidad y corrupción de las instituciones el gobierno federal haya concluido su tarea en ese ámbito. No, por todo lo que El Chapo y su carrera implican y representan para México, esa función primordial del Estado está aún lejos de haberse cumplido.
Misión aún por realizarse. Si la recaptura de El Chapo es definida como una tarea ya concluida, entonces resta otra de igual o mayor importancia: explicar a la ciudadanía las causas de fondo que llevaron a las fugas del narcotraficante de sendas prisiones de “alta seguridad” en 2001 y 2015. Aún no está claro si hace 15 años Joaquín Guzmán se escapó de Puente Grande en el “carrito de la lavandería” o de otra manera. Entonces se procesó a 60 personas, pero eso no impidió que en 2015 el sinaloense volviera a aprovechar las mismas debilidades no corregidas del sistema penitenciario para volver a fugarse. Hoy, procesar a custodios o directivos del penal ya no basta, se necesita presentar una radiografía completa y creíble de todas las fallas del sistema de seguridad y llamar a cuentas a toda la red de responsables.
Eslabón de una cadena. En realidad, la debilidad del sistema penitenciario y de seguridad no es más que una parte de las debilidades del sistema del Estado mexicano como un todo. Por ello, al tiempo que el gobierno federal celebraba la recaptura de El Chapo, los medios siguen informando, como fenómenos cotidianos, de esto: “reconocen alza de secuestros en Tamaulipas”, “alertan por desaparición de jóvenes”, “ejecutan a seis”, “deja violencia cuatro muertos en Guerrero”, “luchan por plaza en Chilapa y Zitlala”, “acumula Astudillo 319 ejecuciones en 76 días”, etcétera, (Reforma, 6, 7, 8, 10 y 12 de enero).
El objetivo sustantivo a cumplir. La seguridad que todo Estado está obligado a proporcionar a sus ciudadanos es una tarea fundamental, pero donde el éxito será siempre relativo; ninguno la puede cumplir a cabalidad. En el caso mexicano lo posible es disminuir la corrupción y aumentar el profesionalismo de las policías al punto que los índices de violencia bajen a niveles menos escandalosos. En un examen sobre la situación que guardaba la paz interna de 162 países en 2014, Chile y Costa Rica aparecen como las naciones latinoamericanas con el mayor control sobre la violencia (sitios 29 y 34 a nivel mundial) en tanto que en relación a nuestro país (sitio 144 a nivel mundial) se afirma: “México continúa teniendo la peor puntuación general en materia de paz en la región de Centroamérica y el Caribe pues se mantiene inmerso en la violencia desatada por el narcotráfico”. Y lo anterior no obstante que México se encuentra entre los 10 países que más gastan en medidas para contener esa violencia: 221 mil millones de dólares (ppp): casi el doble que Inglaterra, (Global Peace Index, 2015, Institute for Economics & Peace, pp. 12-13 y 78).
Para salir del círculo vicioso de la violencia, y según el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), se requiere trabajar en ocho áreas o “pilares” que se refuerzan mutuamente: “buen gobierno” –que el sector público aporte servicios de alta calidad a la ciudadanía–, distribución social equitativa de los recursos, libertad de información, respeto a los derechos humanos, ambiente sano para los negocios, altos niveles de capital humano y bajos niveles de corrupción.
En suma, cuando un gobierno mexicano pueda alcanzar niveles aceptables en los ocho campos mencionados por el IEP, entonces sí, quienes lo encabezan podrán proclamar con razón “misión cumplida”, no antes.

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