EL-SUR

Sábado 01 de Octubre de 2022

Guerrero, México

Opinión

Exclusión y racismo

Héctor Manuel Popoca Boone

Julio 02, 2016

El lunes pasado el gobernador Héctor Astudillo Flores hizo declaraciones sobre el desencuentro que traen las mujeres de la OPIM con el secretario general de gobierno, Florencio Salazar Adame, acerca de la definición sobre quién o en quienes recaerá la responsabilidad de la operación del Centro Comunitario para Mujeres del municipio de Ayutla (CC). Al respecto dijo: “Es en eso donde se ha parado el asunto, ha habido diálogo con ellas, pero no se ha podido llegar a una conclusión, hemos tenido un par de reuniones sobre el tema y lo vamos a seguir haciendo”. (El Sur, 28/junio/2016).
A los dos días, el intento del gobernador de continuar un diálogo constructivo con la OPIM fue frustrado por Salazar Adame, al poner a declarar inopinadamente a su subordinada, la subsecretaria de vinculación social, Julieta Velasco Valdés, que la OPIM no puede formar parte de la administración del CC, porque Doña Inés Fernández Ortega no quiso más que fuera su representante legal. Cuando ese hecho, no es fundamento legal para practicar la exclusión y un racismo ramplón. Ni aquí ni en Colombia.
Una vez que la Secretaría de Gobernación (federal) aportó diez millones de pesos para la construcción del Centro, se deslindó de participar activamente en él y mucho menos de pretender vetar la participación de alguna organización de mujeres indígenas me phaa en la operación del CC. (Acuerdo de compromiso con la Segob firmado el 6 de marzo del 2012).
Vale la pena re-leer algunos párrafos sustantivos del Acuerdo del gobernador del Estado (Ángel Aguirre Rivero) por medio del cual se crean las bases legales constitutivas del CC de Ayutla datado el 10 de mayo del 2012 y publicado en el No. 38 del Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el 11 de mayo del 2012.
En los artículos uno, dos y tres, señala que se crea el Centro con autonomía técnica y operativa para el adecuado desarrollo de sus atribuciones, que son básicamente defender los derechos humanos de las mujeres indígenas y dar albergue a adolescentes indígenas que realizan estudios de secundaria y bachillerato en la ciudad de Ayutla.
En el artículo cuarto menciona que para su operación y cumplimiento de sus objetivos, el Centro contará con recursos humanos, financieros y materiales que aporte el Estado mexicano, mismos que serán aprobados por el comité técnico de un fideicomiso estatal que se establezca para tal efecto.
El artículo quinto estipula que la administración del Centro estará a cargo de una persona nombrada por el comité técnico del fideicomiso estatal. El artículo sexto menciona que la construcción y operación del Centro se llevará en coordinación y colaboración de los tres órdenes de gobierno: por parte del gobierno federal, será la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim); por parte del Gobierno Estatal, será la Secretaría de la Mujer y por parte del municipio de Ayutla, el presidente municipal.
El artículo séptimo del Acuerdo indica que para la operación y vigilancia del Centro, el gobierno del estado constituirá un fideicomiso de administración, inversión y pago, cuyo comité técnico estará integrado por representantes del gobierno del estado, el gobierno municipal y de las víctimas (entendidas como las mujeres indígenas me phaa de Ayutla, en virtud de que el Centro es una reparación de carácter colectivo), contando con un representante del gobierno federal como invitado permanente. Asimismo establece que la integración, facultades y funcionamiento del Comité Técnico, se ajustará a lo que señale el contrato constitutivo respectivo.
Por lo que respecta al proyecto de contrato de fideicomiso informo que fue entregado en aquellos años a Bansefi, por ser el único fiduciario gubernamental que tiene sucursal en la ciudad de Ayutla. Todo el expediente del caso obra en poder de la oficina del subsecretario de asuntos jurídicos y derechos humanos de la polémica secretaria al mando de Salazar Adame.
PD1. Este sainete del CC fue comentado por la feminista Muriel Salinas en Facebook, expresando que todo era una disputa entre un acosador sexual (al parecer se refería a Salazar Adame) y un golpeador (al parecer se refería a mi persona) por los recursos que se manejarán en el fideicomiso. ¿De dónde habrá sacado tremebundos disparates?