EL-SUR

Lunes 20 de Mayo de 2024

Guerrero, México

Opinión

Exequias

Arturo Martínez Núñez

Julio 12, 2022

La muerte de Luis Echeverría Álvarez, Presidente de México del 1 de diciembre de 1970 al 30 de noviembre de 1976, vuelve a poner de manifiesto la falta de protocolos institucionales del Estado mexicano.
El protocolo protege a las instituciones de las personas. No debemos de confundir protocolo con pompa, con boato o con faraonismo. El protocolo es una serie de lineamientos que se deben de activar en casos muy específicos como la muerte de quien en algún momento fuera el titular del Ejecutivo, y representante del Estado nacional.
Del desempeño personal de Luis Echeverría como presidente de la República nos ocuparemos en la segunda parte de este artículo; en esta primera nos referiremos a la carencia de un manual de procedimientos y de normativas que estén perfectamente legisladas en el caso de fallecimientos, aniversarios, homenajes, etcétera.
Cuando en 2008 cayó el avión que trasladaba a Juan Camilo Mouriño, a la sazón secretario de Gobernación, a su gran amigo y jefe, Felipe Calderón, se le ocurrió la genial idea de realizarle funerales de Estado en el Campo Marte; a los tres años, la mala estrella de Calderón hizo que otro secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, falleciera también en el ejercicio de sus funciones y asimismo de un extraño accidente aéreo. Como no quedaba de otra, a Blake también se le rindieron funerales de Estado en el Campo Marte.
En abril del 2012 falleció el ex presidente Miguel de la Madrid y el gobierno de Calderón, probablemente a petición de la familia, decidió hacerle un funeral en un patio de Palacio Nacional. El sábado 9 que falleció Luis Echeverría no hubo ninguna ceremonia, como no la hubo en el fallecimiento de José López Portillo, y sus restos fueron velados en una célebre agencia funeraria en la compañía de sus familiares y algunos amigos.
¿Es proporcional que a un secretario de Gobernación que no fue elegido por nadie, y que es únicamente un colaborador del Ejecutivo, se le rinda homenaje militar en el Campo Marte y que a un ex jefe de Estado se le deje abandonado a su suerte?
En el vecino país del norte hay un protocolo bien establecido que se ajusta con los deudos del fallecido, pero que en términos generales incluye una capilla ardiente en el vestíbulo del Capitolio y un servicio religioso en la catedral nacional de Washington. De ahí cada familia decide qué hacer. En el caso del malogrado John F. Kennedy, su viuda Jacqueline decidió aun contra la opinión de la familia y del propio gobierno, que el magnicidio de su esposo tenía que ser recordado con un funeral por todo lo alto al que acudieron decenas de jefes de Estado, y que incluyó un desfile presidido por la carroza fúnebre tirada por caballos y toda la circunstancia de un hecho trágico. En política la teatralidad también juega un papel importante.
No estoy proponiendo de ninguna manera que se retomen ritos fastuosos y faraónicos, lo que proponemos es que se regule, para tener claridad de qué se debe de hacer cuando fallece un jefe o ex jefe de Estado. Esto es precisamente para evitar excesos y discrecionalidades. En este sentido, pienso que se deben de regular los funerales en lugares públicos como el Palacio de las Bellas Artes y que sea un consejo ciudadano el que determine qué figura puede ser homenajeada en recintos oficiales que al ser del pueblo no deberían de ser utilizados discrecionalmente.
Luis Echeverría Álvarez murió en la tranquilidad de su cama sin haber sido juzgado por los crímenes de Estado que perpetró. LEA fue un criminal, los guerrerenses nunca olvidaremos lo que significó la guerra sucia del Estado que él representó y encabezó. Su muerte es un símbolo de cómo la impunidad sigue siendo el más cruel de los delitos. Si un genocida prácticamente confeso murió en la tranquilidad de su cama, qué se puede esperar en contra de los delincuentes comunes. Que no descanse en paz Luis Echeverría, que el Estado castigue los crímenes que cometió, que dé garantías de no repetición, que repare los daños y que haga públicas las pesquisas y las indagatorias de los crímenes que se cometieron desde el gobierno en contra del pueblo al que se juró defender.