Todo mundo se equivoca, pero una vez conocido el error, lo que procede es modificar las cosas para que la situación mejore o, al menos, para que no siga empeorando. Como lo sabe cualquiera, ése y no otro es el camino a seguir. Sin embargo, las autoridades mexicanas no lo creen así e insisten en respetar las políticas que nos han llevado al abismo.
La organización Semáforo Delictivo acaba de hacer público un informe según el cual, lejos de disminuir en el país el número de homicidios, aumenta de manera que debiera alarmarnos. Lo dicen claramente las cifras: en el primer semestre este año se cometieron 12 mil 155 homicidios, lo que representa un aumento de 31 por ciento respecto del mismo periodo del año anterior.
De acuerdo con Santiago Roel, director de Semáforo Delictivo, casi tres de cada cuatro asesinatos fueron cometidos por el crimen organizado. Los estados con más delitos son Colima, Guerrero, los dos estados de la península de Baja California, Sinaloa, Chihuahua, Morelos, Zacatecas, Michoacán, Sonora y Oaxaca, entidades en las que hay gobiernos del PRI, del PAN y del PRD.
Como puede verse, estamos ante un rotundo fracaso de las medidas adoptadas para combatir la criminalidad, pues de mantenerse la actual tendencia, en 2017 la suma de homicidios será superior a los 24 mil y el sexenio actual superará por mucho al de Felipe Calderón, el hombre que en forma del todo irresponsable desató la carnicería que desde hace más de diez años afecta al país.
Para Roel, un hombre que ha seguido con detenimiento la evolución de la criminalidad, el porvenir inmediato será peor si se mantiene la terquedad en torno a la política de seguridad seguida hasta ahora. En efecto, todo ha ido empeorando desde 2008 en que el gobierno mexicano aceptó que Washington le impusiera el Plan Mérida, mismo que Estados Unidos no sigue en su territorio, pero que nuestras autoridades, con una docilidad dictada por el entreguismo, aplican en nuestro país a cambio de unos cuantos dólares que nadie sabe bien a bien en qué bolsillos terminan.
La salida, se ha dicho hasta la saciedad y lo repite ahora Santiago Roel, es regular las drogas, lo que a su juicio permitiría bajar en 70 u 80 por ciento la criminalidad, como ha ocurrido en otros países. Al respecto, habría que decir que Holanda, donde la mariguana es legal desde hace ya muchos años, la violencia ligada a los estupefacientes es insignificante, si es que existe, y el gobierno acabó con el mercado de las drogas duras, pues los adictos pueden optar por rehabilitarse mediante los programas estatales o bien recibir en su propio domicilio dosis y jeringas esterilizadas. Alguien podría tachar de inmoral esa política, pero lo cierto es que ha permitido abatir hasta casi cero las cifras de criminalidad. A fin de cuentas, lo inmoral es propiciar la muerte, no el evitarla.
Otro país que decidió dar paso a la despenalización de la mariguana es Uruguay. Se cultiva la yerba bajo riguroso control de las autoridades y se distribuye al público en negocios debidamente acreditados y vigilados. El Estado también sale ganando, pues una actividad que siendo ilícita le significaba un enorme y creciente gasto al combatirla, ahora, bajo control legal, representa un alto ingreso fiscal.
Otro buen ejemplo que los beneficios que acarrea la regularización de las drogas está en la mitad de los estados de la Unión Americana, algunos de ellos que ofrecen mariguana legal con fines terapéuticos y otros que permiten su consumo recreativo. En ellos la criminalidad tiende a disminuir o se ha reducido drásticamente, además del beneficio colectivo que representa el cobro de impuestos.
Pero en México la matanza prosigue con el consiguiente aumento del número de muertos por violencia criminal –Tláhuac es sólo un ejemplo–. La reciente legalización del canabis con fines terapéuticos es tan limitada que ni siquiera está claro cómo se va a producir para hacer frente a la demanda.
Todo indica que esa actitud timorata o tal vez interesada obedece a fines inconfesables. Por fortuna no se prohíbe la producción, comercio y consumo de bebidas alcohólicas, pero en esas condiciones no es explicable ni razonable la prohibición de otras sustancias menos perjudiciales, como la mariguana y la cocaína. Lo que parece importar es que no se afecte a las mafias y, por supuesto, a los políticos y jefes policiacos que se benefician de la prohibición. ¿O no es así?