Hace tres semanas la revista Proceso dio a conocer las investigaciones que la DEA y la AFI (Agencia Federal de Investigación, de la PGR) conducen sobre Miguel Ángel Yunes, hasta hace unos días diputado federal y desde esta semana flamante subsecretario de Seguridad Pública del gobierno de Fox. Hay testimonios de narcotraficantes capturados que revelan que Yunes recibió 15 millones de dólares cuando fungía como secretario general de Gobierno de Veracruz, en la administración de Patricio Chirinos.

En un documento con sello confidencial fechado el 8 de mayo de 2002, Ventura Muossong, entonces director de Investigaciones de la PGR, comunica a su jefe, Eduardo Berdón, fiscal especial de de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada, la necesidad de una reunión con el procurador general de la República para hablar de Patricio Chirinos y Miguel Ángel Yunes, “ya que ambos personajes fomentaron las actividades del narcotráfico y en concreto recibieron alrededor de 15 millones de dólares” del capo Albino Quintero.

Meses antes, Joaquín Legarreta, responsable de la DEA adscrito a la embajada de EU, le comentó su inquietud a Ventura por la pasividad mostrada por la PGR sobre Yunes y Chirinos, porque “está plenamente demostrada su participación en el crimen organizado”. Dos años después, el comandante chismoso está muerto y Yunes es subsecretario de Seguridad Pública. ¿Se trataba de una calumnia o, como sucedió en Colombia, los testaferros del crimen organizado están tomando el control del aparato de Estado en México?

El jueves pasado Voz del Caribe, un importante periódico de Cancún, reveló en su titular de ocho columnas que Yunes tiene una acusación por corrupción de menores y protección a redes de prostitución y pornografía infantil en Quintana Roo. Según los expedientes, Yunes era amigo y socio de Juan Succar Kuri, actualmente detenido en EU por delitos de prostitución infantil. Yunes, el ahora subsecretario de Seguridad Pública, fue reconocido por niñas obligadas a prostituirse, como uno de los sujetos a los que debían complacer en las fiestas en el hotel Solymar de Cancún, puerto donde Yunes tiene su yate. En los testimonios de parte de las víctimas se desprende la estrechez de la relación entre ambos hombres y la frecuente mención de parte de Succar del apoyo y la protección que le ofrecía el político.

Ninguna de estas averiguaciones –protección a narcotráfico y corrupción de menores– fueron consignadas por falta de seguimiento, pero tampoco fueron desahogadas o rechazadas. Simplemente han sido “congeladas”. Voz del Caribe revela en la edición del jueves y del viernes una tarjeta del entonces subprocurador de Quintana Roo, Miguel Ángel Pech, en la que informa que “por instrucciones esta AP (averiguación previa) ha estado 52 (clave para referirse a expedientes ‘congelados’)”. ¿Cómo explicarse la aparición de Yunes en el gabinete de Fox? ¿Es este el grupo de los mejores hombres y mujeres que el Presidente prometió para dirigirnos?

Concediendo el beneficio de la duda, ¿hay bases para pensar que Fox no conocía los antecedentes de su nuevo subsecretario? Imposible creerlo. Primero, porque aunque Proceso no sea la revista preferida del Presidente, una portada del principal semanario político del país, dedicada a las acusaciones “congeladas” contra Yunes, es demasiado obvia para ser ignorada. Segundo, porque el procurador Macedo de la Concha estaba al corriente de las dos averiguaciones. El 21 de noviembre de 2003 el general ofrece una rueda de prensa en Cancún para referirse al caso Succar y señalar que es una investigación sobre crimen organizado y redes de pornografía infantil, en las que podrían estar implicados “peces gordos”. A preguntas de los reporteros sobre Yunes y Emilio Gamboa Patrón –otro amigo de Succar– el procurador aseguró que la investigación continuaría “caiga quien caiga”. Catorce meses después, Yunes “cayó”, pero al gabinete.

Incluso si entre los hábitos del Presidente no está el de leer revistas –o leer, punto– y no se enteró de lo que afirmaba Proceso, es imposible creer que el procurador no lo haya alertado sobre los antecedentes de Yunes antes del nombramiento. Podemos concluir que: a) Fox cree que Yunes es inocente, y no le importa lo que la DEA, la AFI o los ministerios públicos puedan estar investigando y mucho menos los testimonios de las víctimas; o b) aunque Fox sepa que Yunes tiene cadáveres en el clóset, los beneficios políticos de atraer al grupo de Elba Esther Gordillo –Yunes es su brazo derecho– son mayores que los escrúpulos presidenciales.

En ambos casos la conclusión sería alarmante. En el primero, significaría que Fox se salta olímpicamente los procedimientos judiciales para dictaminar la inocencia de alguien; en el segundo, que le tiene sin cuidado llevar a un delincuente para hacerse cargo de los asuntos de seguridad. En el peor de los casos, Fox estaría dando entrada al crimen organizado a posiciones que desde hace tiempo ha querido controlar. Yo no tengo elementos para saber si Yunes es responsable de los delitos que se le atribuyen; lo que sí sé es que el riesgo es demasiado alto como para ignorar expedientes y “congelar” averiguaciones. La historia podrá dispensar a Fox por su ingenuidad política y falta de oficio; lo que no se le podrá perdonar es un acto de traición a la ciudadanía por mero apetito político.

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