En México, los niños pasan muy poco tiempo en la escuela primaria, menos de cinco horas al día. Otros países, con un nivel de desarrollo parecido al nuestro, tienen una jornada escolar más extensa. La propuesta de prolongar el tiempo de estancia en los colegios ha sido planteada ya en diversas ocasiones, inclusive dentro de algunas campañas políticas –¿cuándo, en efecto, iban los estudiantes a aprender el “inglés y la computación” que ofrecía Francisco Labastida, en qué horarios, en qué espacios?–, y es muy probable que figure también entre los puntos que habrá de abordar la Cámara de Diputados en el próximo periodo de sesiones.

No es un tema menor, desde luego y, como parte de la revolución educativa, profunda y ambiciosa, que nuestro país necesita urgentemente –no sólo para desarrollarse económicamente y ganar competitividad internacional sino, sobre todo, para recuperar la movilidad social que perdió hace más de 20 años– es una de las reformas que yo mismo he estado planteando desde hace ya algún tiempo, junto a aquellas que debemos también emprender para, en el ámbito de las leyes y la impartición de justicia, lograr una verdadera seguridad jurídica y, en el terreno político, establecer las instituciones adecuadas para el siglo XXI.

Los problemas que enfrenta esta propuesta saltan inmediatamente a la vista: por un lado, sería necesario duplicar prácticamente los espacios de enseñanza –aulas y escuelas– y también contar con más muebles, materiales escolares y equipos, aparte de los servicios adicionales que habrían de requerir los nuevos edificios. Por el otro, habría que proporcionar alimentos gratuitos a todos aquellos chicos que habitan en las zonas de gran pobreza de nuestro país (es poco probable, por decirlo de alguna manera, que llegaran al colegio con el correspondiente lunch y todavía más ilusorio que los padres les dieran dinero todos los días para comprar la consabida sopa o el sandwich en la cafetería). Por último, inclusive en el caso de que se decidiera no aplicar la medida de manera general y reducir solamente a la mitad el total de esos cursos que se dan por la mañana y que se vuelven a impartir por las tardes, sería absolutamente indispensable entablar una negociación con todo el cuerpo magisterial para llegar a un acuerdo. El actual sistema de doble turno tiene consecuencias directas en las condiciones laborales y económicas de miles de profesores a lo largo y ancho de México y, en este sentido, la propuesta de prolongar la jornada escolar habrá de encontrar muy probablemente muchas resistencias.

Los retos, por lo tanto, son verdaderamente mayúsculos. Pero, por lo pronto, la extensión de la jornada escolar permitiría a los estudiantes cultivar habilidades para el dibujo, el arte, el ajedrez, los idiomas, el deporte o la música, que no se pueden desarrollar en los horarios regulares de enseñanza y que, de hecho, prácticamente no se imparten. Si de manera paralela se instauran métodos educativos con un enfoque moderno, sistemas en los que ya no sea tan importante privilegiar la memorización sino que propicien el desarrollo permanente de nuevas capacidades, entonces la escuela será lo que verdaderamente tiene que ser el día de hoy, a saber, un espacio de desarrollo personal y de convivencia donde los niños aprenden a aprender. Estos cambios, además, se verían inmediatamente reflejados en el ámbito social: muchas madres trabajan en México y no pocas de ellas, en la práctica, son las únicas que aseguran el sustento y la seguridad de la familia. En el mejor de los casos, algunas de estas mujeres se ven obligadas a recoger a sus hijos a la mitad de la jornada laboral pero en otras situaciones esta misma circunstancia les impide inclusive tener un empleo, por no hablar de los chicos que, a temprana edad, deben responsabilizarse de sí mismos. Es un hecho que el cambio de los horarios de enseñanza beneficiaría tanto a los hijos como a los padres.

El actual sistema educativo soporta todavía la pesada herencia de un pasado determinado por la necesidad, imperiosa y apremiante, de alfabetizar a millones de mexicanos. En un país enfrentado de pronto a las consecuencias derivadas del crecimiento exponencial de su población y, paralelamente, muy limitado en su recursos (y, tal vez, por la ausencia de un compromiso real por parte de sus gobernantes), era perfectamente entendible que ésta llegara a ser una de las grandes prioridades nacionales. La educación, por lo tanto, se orientó meramente a garantizar la adquisición de ciertas habilidades y conocimientos básicos: leer y escribir, sumar y restar, conocer algunas fechas de la historia, saber los nombres de un par de héroes de la Independencia y poco más.

Hoy, las exigencias son muchos mayores. La educación es el pilar fundamental del desarrollo y del bienestar de cualquier país que aspira a la modernidad. En México, los rezagos del sistema educativo comprometen de manera dramática el futuro mismo de nuestra nación. En este sentido, sería ciertamente alentador que las discusiones sobre la jornada escolar tuvieran próximamente un lugar en la agenda política, así como ha sido también reconfortante que el tema de la seguridad jurídica –bajo la forma de algunas modificaciones a la estructura de la Procuraduría General de Justicia o de la instauración de los juicios orales, entre otros cambios propuestos que, sin embargo, no tienen todavía la dimensión de una auténtica reforma a nuestro sistema de justicia– haya sido tema de estudio y parte de un proyecto de reformas planteado por la oficina presidencial.

Los cambios que más importan son aquellos que se reflejan directamente en la vida diaria de las personas. Cuando un alumno puede aprender ajedrez por las tardes en el colegio, su mente adquiere nuevas habilidades y su experiencia se enriquece; a su madre, por otra parte, se le simplifican grandemente las cosas si no debe correr de un lado al otro para cumplir con los horarios escolares. Pero, una vez más, debemos plantearnos una pregunta sobre la persistente especificidad mexicana, un fenómeno en sí mismo que, por lo visto, nos obliga a aferrarnos tercamente a los paradigmas que hemos recibido del pasado. Es así como, entre los muchos temas que se podrían discutir, no hemos podido siquiera plantear –en términos racionales– la posibilidad de la reelección de diputados y senadores, un mecanismo que propicia la rendición de cuentas y que contribuye a la profesionalización de los legisladores, siendo que en la inmensa mayoría de los países se lleva a cabo sin mayores alteraciones al orden público ni nada parecido. De la misma manera, los chicos que acuden a las escuelas en Argentina, o en Colombia, por no hablar de Francia y Japón, pasan en sus colegios más horas que los niños mexicanos y, hasta nuevo aviso, no padecen de trastornos neurológicos ni tienen tampoco problemas de rendimiento escolar. ¿Por qué, entonces, no habríamos de proponer la extensión de la jornada escolar? Por lo pronto, que lo discutan los diputados.