El último encuentro convocado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas –semillero De pirámides, de historias, de amores y, claro, desamores, realizado del 26 al 30 de diciembre de 2025 en CIDECI-Unitierra, San Cristóbal de Las Casas– no fue un “festival” sino, como suelen serlo las convocatorias zapatistas, un dispositivo de lectura política para la realidad actual. Y lo más útil de ese dispositivo está en una pregunta técnica: ¿cómo se reproduce la dominación incluso en los espacios que dicen combatirla?
Ahí entra la pertinente ponencia de Raúl Zibechi. En la relatoría publicada por Radio Zapatista, Zibechi nombró “las pirámides de abajo”: las jerarquías que aparecen dentro de movimientos sociales –mandos que se eternizan, delegaciones sin control comunitario, burocracias militantes, etcétera. Su hipótesis es dura: las revoluciones “triunfantes” que toman el poder terminan siendo incapaces de transformar el mundo porque reproducen la pirámide y se vuelven nueva clase dominante; pone ejemplos como el PRI, el Estado soviético y Nicaragua. Y advierte que esa lógica también opera “abajo”: incluso movimientos con logros enormes –menciona CONAIE (Ecuador) y MST (Brasil)– pueden reintroducir estructuras de mando.
Esa discusión no es moral, es organizativa y crucial para los horizontes de las luchas de los abajos. Porque el 1 de enero –madrugada del aniversario del levantamiento del EZLN–, el Subcomandante Moisés volvió a insistir en una salida que no es una consigna: “lo común” como horizonte y como método –superar la propiedad privada como forma de vida, sostener autonomía, mantener la lucha política pacífica. En la cobertura periodística se registró esa idea como eje explícito del mensaje y se narró como “nueva etapa” dentro de las comunidades zapatistas para dejar atrás la propiedad privada y afirmar una lógica de propiedad-comunidad común.
Paralelamente, el 28 de diciembre de 2025, un tren de pasajeros del Corredor Interoceánico se descarriló cerca de Nizandá, Oaxaca, con 241 pasajeros y nueve tripulantes a bordo. El primer saldo reportado fue de 13 personas muertas y 98 heridas. Días después, el 1 de enero de 2026, la cifra subió a 14 fallecidas, tras la muerte de una mujer de 73 años que estaba hospitalizada, según reportes periodísticos basados en información oficial.
La discusión pública se fue por el carril predecible: oposición vs. gobierno, “accidente” vs. “sabotaje”, ruido de redes. Pero el Congreso Nacional Indígena del que forma parte el EZLN –a través de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT)– colocó en la agenda otra cosa: responsabilidad política por el proceso de militarización y por imposición. La cobertura consignó el señalamiento directo a los gobiernos autonominados como Cuarta Transformación: “Este crimen tiene responsables”, y ubicó a la Secretaría de Marina como responsable capital por ser la instancia a cargo de la operación, en un proyecto que se le ha impuesto a los pueblos y se ha administrado con la lógica de la fuerza.
Militarización no equivale a seguridad. Equivale, como se ha visto, a impunidad. En su análisis, la APIIDTT y el CNI han vinculado esa impunidad con la violencia y la división comunitaria que requieren los megaproyectos para serles impuestos a los pueblos.
En Ayahualtempa, Guerrero, el CNI y el EZLN denunciaron un ataque armado contra la comunidad, atribuido a un grupo criminal, que –de acuerdo con el pronunciamiento difundido– duró más de 10 horas, dejó tres muertos y siete heridos graves, y se inscribe en el saldo de decenas de asesinatos y desapariciones que ha habido en la región durante años.
En Azqueltán, Jalisco, el asesinato de Marcos Aguilar Rojas, representante agrario de San Lorenzo de Azqueltán, y las lesiones por arma de fuego a su hermano Gabriel Aguilar Rojas (delegado del CNI), fueron denunciados como parte de una disputa territorial con caciques regionales y una impunidad estructural.
Y si regresamos al Istmo: en 2025, una emboscada que asesinó a integrantes de una organización indígena en Oaxaca recordó que el corredor no llega “solo”, se da en un ecosistema de hostigamiento y contrainsurgencia donde la frontera entre crimen organizado, control territorial y aquiescencia del Estado se vuelve funcional al megaproyecto.
Visto así, el punto de Zibechi deja de ser debate abstracto y se vuelve crucial en las luchas presentes y por venir: si desde “abajo” reproducimos esas mismas pirámides, la defensa del territorio se vuelve más vulnerable, porque los megaproyectos operan justo donde la cadena de mando es opaca, la vocería se separa de la asamblea y la seguridad se terceriza –a veces, literalmente– a actores armados.
En esos días, el EZLN insistió en algo que sirve como conclusión sin consuelo: no se trata de “interpretar” la tragedia ni de administrar su duelo con declaraciones, se trata de discutir “el mandar obedeciendo” (principio zapatista) cuando afuera la infraestructura estratégica se vuelve cuartel y el territorio se vuelve botín. Lo que el Subcomandante Moisés colocó el 1 de enero –“lo común” como horizonte material, no como metáfora– y lo que el semillero enmarcó desde el inicio –pensar en mediano y largo plazo, fuera de la coyuntura– funciona aquí como criterio de verificación: si el Corredor Interoceánico y su militarización producen impunidad, si la violencia sigue cobrando compañeros y compañeras del CNI y sembrando miedo en las comunidades, entonces la disputa real no es meramente retórica, sino por una forma de vida digna capaz de sostener autonomía, rotación, control comunitario y rendición de cuentas. Lo “común” como antídoto práctico contra las pirámides de muerte que imponen los malos gobiernos.