A 195 años de que el Cura Hidalgo convocó al pueblo para levantarse contra el yugo opresor de los gobiernos colonialistas, en nuestro estado el movimiento ecologista de la sierra de Petatlán ha enarbolado con gran dignidad y valor la causa de la defensa de los bosques, por encima de los riesgos, y amenazas que esto implica. Ha luchado para liberarse del yugo de los caciques regionales y para no permitir que empresas trasnacionales lucren con los recursos maderables, que con gran esfuerzo han defendido, con el fin noble de cuidar el agua, de proteger a los animales silvestres, de garantizar la autosuficiencia alimentaria y de respirar el aire puro.

Este jueves los campesinos ecologistas de la sierra de Petatlán adelantaron la ceremonia del Grito de la Independencia, por el grito de la libertad de Felipe quien fue declarado inocente por el juez Ricardo Salinas Sandoval. Esta fecha histórica se nutre con la historia local de la lucha ecologista en la sierra de Petatlán que se entreteje con las luchas nacionales e internacionales por la defensa de un medio ambiente sano y por el respeto irrestricto a los derechos humanos.

El castigo que se le impuso a Felipe Arriaga por más de diez meses no doblegó el ánimo de todos los hombres y mujeres que desde 1998 se organizaron para parar la tala inmoderada del bosque y para enfrentar con la fuerza de la razón a los grupos caciquiles, que mantuvieron un maridaje con miembros de las corporaciones policíacas y del Ejército mexicano para emprender negocios turbios, amedrentando a los inconformes y violentando el marco jurídico. Estas redes tejidas con el manto de la impunidad son las que han cobrado muchas vidas y causado graves daños a la población campesina de la sierra de Petatlán, y hasta la fecha varios de sus luchadores sufren persecución y tienen órdenes de aprehensión. Varios de ellos han sido víctimas de  encarcelamientos injustos, torturas, emboscadas, amenazas y muerte. Han luchado a pulso y a contra corriente de las autoridades encargadas de investigar los delitos. No sólo han sido saqueados sus territorios, sino también ha sido criminalizada su lucha.

Los resultados están a la vista: las comunidades donde viven los campesinos ecologistas no cuentan con servicios básicos, a pesar de que cuidan sus mantos acuíferos para alimentar a las ciudades ellos no han tenido el privilegio de contar con una llave de agua en sus viviendas. A pesar de arriesgar la vida para apagar los incendios no son sujetos de crédito por parte de las instituciones públicas encargadas de promover y preservar el medio ambiente.

Se han asumido como ecologistas muy a pesar de las autoridades y de los caciques. Son ecologistas no porque alguien les dio un título académico, sino porque han entregado su vida por el medio ambiente y porque han asumido una conciencia ecológica que los ha obligado a levantar la voz, a denunciar los abusos de los que tienen poder y dinero, a poner en riego su libertad y su vida con el fin de parar el saqueo de sus recursos naturales.

Estamos ante un momento coyuntural que nos obliga a mirar a profundidad sobre la situación de violencia, inseguridad, pobreza, narcotráfico e impunidad que prevalece en la sierra de Petatlán. Los casos de Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel, así como el de Albertano Peñaloza y Felipe Arriaga, condensan una problemática estructural que apunta al modo cómo se ha ejercido el poder en la sierra, de cómo se han tejido y coludido algunas autoridades con la delincuencia organizada y sobre todo de cómo se han utilizado las instituciones de procurar justicia para imponer un poder de facto que se rige bajo las leyes de la “selva”.

El papel que ha jugado el Ejército desde la década de los setentas tiene que evaluarse en su justa dimensión, se debe documentar con rigurosidad los daños que ha causado en las comunidades y las familias de la sierra, de cómo se han pisoteado las leyes y los derechos humanos y de cómo en algunas ocasiones se han erigido como juez y parte dentro de los conflictos intracomunitarios.

Esto nos ayudará a no seguir reproduciendo posiciones políticas que sólo buscan encubrir los hechos del pasado apostándole al olvido de las víctimas y apuntalando la impunidad con salidas de fuerza para resolver problemas sociales y de justicia elemental.

Hacer un recuento histórico de las actuaciones que han tenido las corporaciones policiacas en la sierra de Petatlán y de cómo se articularon con la delincuencia organizada para hacer del delito un negocio, es un gran reto que deben enfrentar las autoridades estatales para desmembrar a los grupos que se han amafiado para contaminar y carcomer las estructuras del sistema de justicia estatal.

El miedo, la desconfianza y el rechazo que existe por parte de los ciudadanos hacia estas corporaciones policias es el síntoma más evidente de que se necesita una depuración de quienes por años han usurpado las funciones públicas para causar daños a los ciudadanos y se han ganado varias recomendaciones de derechos humanos.

Esto no será posible si las autoridades prefieren actuar a espaldas de la sociedad, de tomar decisiones priorizando los intereses de las élites gubernamentales en detrimento de las demandas de la ciudadanía, que sigue sin ser escuchada y respetada. No se puede recuperar la confianza si se opta por que el control de las corporaciones policíacas sea una prebenda de los grupos de poder que llevan años lucrando con el negocio de la justicia estatal.

Se necesita fortalecer un sistema de justicia penal que se apegue con sumo rigor a las normas jurídicas y que no se utilice con criterios de conveniencia u oportunidad política. Un sistema de justicia que sancione a los responsables de los delitos y al mismo tiempo garantice a las personas inocentes que no serán condenadas injustamente.

Por desgracia siguen siendo las procuradurías generales de justicia tanto la federal como las estatales las que más comenten violaciones a los derechos humanos, tal como lo documentan las comisiones públicas de estos derechos.

En nuestro estado y en nuestro país sigue vigente un sistema inquisitorial que consiste en que el Ministerio Público cuenta con excesivas facultades para determinar el valor de las pruebas recabadas, para tomar las declaraciones al inculpado e impedir una adecuada defensa del acusado, lo que provoca una fuerte carga procesal en contra del acusado que lo deja en una situación de indefensión, que se transforma paradójicamente en un acto de injusticia por parte de la autoridad que procura justicia. Es imperativo implantar un sistema penal con un modelo acusatorio donde el inculpado al igual que la víctima de un delito, tengan una equidad procesal que garantice un juicio justo.

Esperamos que el plan estatal de desarrollo, que el nuevo gobierno presentará a la sociedad guerrerense, considere estas realidades con el fin de subsanarlas ubicándolas dentro de una perspectiva de los derechos humanos, de lo contrario seguiremos zurciendo el traje viejo de la impunidad.