(Primera de dos partes)  

En la víspera del presente ciclo agrícola, el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural (Seder), ya puso en marcha el Programa de Subsidio al Fertilizante Químico con una inversión de 129 millones de pesos. Con este presupuesto se adquirirán alrededor de 175 mil toneladas principalmente de sulfato de amonio, mismas que servirán para seguir desertificando unas 470 mil hectáreas de suelos agrícolas; para mantener la dependencia de la agricultura campesina a los insumos externos; para seguir poniendo en riesgo la salud humana a través de los agentes químicos recesivos presentes en ese insumo; para seguir enriqueciendo, vía subsidios y ventas garantizadas, a los transportistas y fabricantes (léase Figueroa y asociados) de esos productos letales; para seguir envileciendo a cerca de 270 mil campesinos con ese malorientado subsidio que año con año los hace mas dependientes del gobierno; y para seguir utilizando ese Programa como falso baluarte de la productividad, la estabilidad social y la descentralización política.

Retomado como una herencia perniciosa del gobierno de Rubén Figueroa Alcocer (1993), el programa de fertilizante químico, en este gobierno de Zeferino Torreblanca, sigue siendo desafortunadamente el eje de la política de atención al campo. A pesar de que desde el gobierno de René Juárez se reconoció su inviabilidad técnica, social, económica y ambiental; y de que existe un punto de acuerdo del Congreso local (2002) en el sentido de que se racionalice y sustituya gradualmente por abonos orgánicos; el programa se ha mantenido, incluso con mayor presupuesto y con una clara intencionalidad para descentralizarlo tal cual a los ayuntamientos y organizaciones campesinas (en este año el 75 por ciento se operará vía ayuntamientos y el 25 por ciento vía organizaciones campesinas).

“El fertilizante químico no se puede eliminar de la noche a la mañana porque es una demanda sentida de los campesinos”, es la premisa con la que en estos días se justifica la puesta en marcha del Programa; premisa que, palabras mas palabras menos, también utilizó el ex secretario de Desarrollo Rural, vuelto zeferinista de la noche a la mañana, Héctor Manuel Popoca, quien con un discurso radical siempre reconoció la perversidad del programa pero nunca hizo algo por cambiarle de rumbo.

A poco más de 10 años de haberse creado, los resultados del programa no son nada halagadores: la producción y productividad sigue estancada, la conflictividad social por acceder al fertilizante, año con año, se ha venido incrementando; ahora, ¡hasta los ayuntamientos se han sumado a la demanda por mayores cuotas de fertilizantes! En cambio, los beneficiarios ocultos del programa son los mismos de hace 10 años y seguramente ellos sí han incrementado sus ganancias.

Pero en tanto se define la política general de desarrollo rural del nuevo gobierno, veamos algunos pormenores del heredado programa de fertilizantes subsidiado, y también algunas propuestas alternativas.

La inviabilidad técnica del fertilizante químico

De todas las prácticas de manejo agronómico, la fertilización es la de mayor impacto en la productividad debido a que adiciona nutrientes al suelo de rápida asimilación para la planta. Por eso la fertilización química ha sido la práctica más recurrente para mejorar la producción, y muy especialmente la aplicación de fertilizantes nitrogenados pues es este componente el más escaso en el suelo y el más dinámico en el proceso de asimilación y fotosíntesis en los cultivos; además de que cuando se aplica sus resultados son inmediatos y palpables a la vista del productor. Por ello, de todos los insumos químicos, los fertilizantes nitrogenados (sulfato de amonio, principalmente) son los más demandados por los productores.

Para satisfacer esta demanda, el gobierno del estado ha mantenido el programa de fertilizante subsidiado. Sin desvalorizar el beneficio que como subsidio representa para los productores, analizado sólo técnicamente (para no ahondar en su vertiente social, económica y política), este programa adolece de las debilidades propias del uso irracional de los insumos químicos, así como de las siguientes particularidades:

–Incluye fundamentalmente Sulfato de Amonio, es decir, solamente Nitrógeno (20.5-00-00). No considera otros fertilizantes que completen la fórmula recomendable al cultivo de maíz (120-60-30). Hasta apenas en el 2001 (a causa del generalizado cuestionamiento técnico que ha tenido el programa) se empezó a incorporar fertilizante fosforado (18-46-00 o también conocido como DAP) que constituye el 20 por ciento del volumen total del fertilizante subsidiado.

–La dosis que se promueve no corresponde a un análisis in situ de suelos. La dosis que se aplica por hectárea (cinco bultos de sulfato de amonio y tres de DAP) es la misma que se ha recomendado durante décadas a nivel de macro-regiones del país. Es decir, esa dosis no se sustenta en análisis de suelos actualizados, ni por regiones, ni mucho menos a nivel de cada parcela o tipo de cultivo. El productor ni idea tiene si aplica más o menos la dosis de fertilización apropiada.

–Aplicado año con año, va esterilizando los suelos. Al aumentar la alcalinidad, modifica la estructura y textura física del suelo, disocia el conjunto de componentes químicos asimilables por la planta, y altera los procesos biológicos naturales. En consecuencia, rompe el equilibrio físico y biológico que permite la regeneración natural de los suelos.

–Crea dependencia de la planta. Cada año para mantener los rendimientos productivos es necesario aplicar de manera incrementada dicho fertilizante directamente para la planta “a través del suelo”. Tal dependencia de los cultivos se debe a que el fertilizante químico ha roto los procesos naturales de la fertilidad natural de los suelos por lo que éste simplemente cumple la función de sostén de las plantas. Ello crea dependencia del productor hacia este insumo externo que cada año debe aplicarlo en mayor cantidad además del incremento de su costo.