Críticos y adeptos quedaron, por decir lo menos, sorprendidos de la solución alcanzada en la crisis desatada en tweeter por el presidente estadunidense, Donald Trump, en contra de México.
Los adversarios y los críticos crónicos de la 4T aseguran que “se vulneró” la soberanía nacional y se entregó el país a Estados Unidos, lo cual es absolutamente descabellado si se toma en cuenta la máxima en la política que consiste en alcanzar “todo lo posible” y en este caso, más que en ningún otro en la historia de la relación entre los dos países, se obtuvo el mejor acuerdo, con el menor costo y en donde México hace valer posiciones y posturas.
Ningún gobierno anterior se había atrevido, en medio de un diferendo o negociación, “concentrar en Washington”, la capital estadunidense, a los secretarios tanto de Relaciones Exteriores, como de Economía, Marcelo Ebrard y Graciela Márquez, así como a la embajadora Martha Bárcena, y obtuvieran resultados inmediatos: la cancelación de la amenaza de aranceles y acuerdos en otras materias de la relación entre ambos países. También avanza la firma del tratado de libre comercio Canadá-Estados Unidos-México y una dinámica de diálogo poco vista en el pasado.
De acuerdo con su estilo, Trump intenta desvirtuar en su beneficio cualquier acuerdo, pues está en campaña para reelegirse, pero no cabe duda de que la estrategia aplicada por el gobierno de AMLO fue la adecuada, ya que se resolvió la presión y amenaza de aplicación de aranceles a las exportaciones mexicanas a Estados Unidos y se activó un trabajo en política migratoria que era inaplazable.
Eso ocurrió en el ámbito internacional, en el nacional también se cuecen habas.
Cuatro meses después de haber sido anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el programa federal de entrega gratuita de fertilizantes a los productores de Guerrero pudo hacer sus primeras entregas y concretarse hasta el pasado 3 de junio. Pero en Guerrero el asunto se descompuso y creció hasta convertirse en una crisis mayor.
En ese momento el secretario de Agricultura hizo el anuncio de arranque, con el señalamiento de que se habían podido hacer ahorros sustanciales en los costos al abatir la corrupción.
Pero el programa está lejos de ser exitoso, y por el contrario se ha vuelto motivo de protesta social, en algunos casos lindando con la violencia, así como de enfrentamiento y fricción entre las fuerzas políticas locales.
A punto de llegar a la mitad del año, en diversas regiones hay desesperación y enojo en las comunidades. Manifiestan su descontento porque no les ha llegado lo prometido, o porque se quiere entregar con un padrón incompleto que deja fuera a muchos de los campesinos, y porque finalmente se trata de un insumo que debe ser aplicado a los cultivos en un lapso determinado, pues después ya no ofrece los rendimientos esperados, o resulta de plano extemporáneo y no habrá cosechas.
Como siempre ocurre, unos son los tiempos de la burocracia y otros los de la realidad, en este caso, los de los productores a quienes se pretende beneficiar.
Así, campesinos inconformes han llegado a la retención de funcionarios federales, como ocurrió en la zona de la Montaña, con el subdelegado Julio Lázaro Bazán, o en la Tierra Caliente, con el también subdelegado regional Andrés Nieto Cuevas.
Semanas antes, también se produjo la retención de elementos del Ejército y policías estatales en el municipio de Heliodoro Castillo. Ha habido además bloqueos carreteros, en la vía Tlapa – Chilapa y en la de Iguala a Chilpancingo.
En todos esos casos se convirtió en una presión para acelerar la llegada del esperado agroquímico, en las cantidades que demandan. A los militares y policías y al subdelegado Nieto los liberaron, pero hasta hoy seguía en poder de los inconformes el subdelegado Lázaro junto con el alcalde de Zapotitlán Tablas, Joaquín Luciano Rosendo.
Y es que mientras en las oficinas gubernamentales se dice que ni los productores inscritos ni las hectáreas registradas coinciden con la superficie agrícola del estado, en las comunidades reclaman que se quiere dejar fuera del beneficio a muchos campesinos.
El gobernador Héctor Astudillo, quien solicitó al presidente de la República la aplicación del programa, ha intervenido ahora para señalar que ha habido “falta de humildad e ineficiencia” al instrumentar la entrega, y ha llamado a no subestimar la inconformidad generada y a no permitir que Guerrero sea laboratorio de problemas sociales que antes no existían.
Los tres años anteriores el gobierno estatal en coordinación con los ochenta y un ayuntamientos de la entidad aplicó un programa de distribución similar, pero este año que se federalizó el panorama es de desastre: de las 120 mil toneladas que se requieren, según las cifras oficiales, han llegado unas 50 mil, pero ni siquiera éstas se han distribuido porque hay incongruencias como las ya apuntadas en los padrones. El tema es crítico en 28 municipios de la Tierra Caliente, en la Montaña y en la zona Centro de Guerrero.
El responsable federal de los programas sociales, estima que demoras y protestas se deben a que hay un nuevo estilo en la operación de estos apoyos, que se pretenden hacer llegar directamente a los productores, y ese cambio ha generado tensiones e inconformidades.
Mientras el asunto de los fertilizantes se complica, la modalidad de tomar funcionarios públicos como rehenes para negociar beneficios se extiende por Guerrero.
Así ocurrió en el municipio de San Luis Acatlán, donde medio millar de habitantes de la etnia me’ phaa, de Pueblo Hidalgo, retuvieron a una docena de servidores públicos municipales, y secuestraron armas, patrullas y otras unidades de servicio, para exigir que se les entreguen en efectivo diez millones de pesos que a su decir se encuentran consignados en el presupuesto para obra pública en su localidad, y otros tres millones para programas de bienestar social. Los liberaron después de varios días, con la promesa de establecer una mesa de trabajo con la comunidad.
De ese modo transcurre la vida en Guerrero, entre tensión y jaloneos. Estamos lejos de la madurez democrática, y conservamos aún las maneras de Fuenteovejuna, en tanto en el gobierno los planes de cambiar la faz de México y del estado se atoran con ineficiencias y tardanzas que sólo exacerban la irritación social.
La descomposición política y social, con graves consecuencias económicas, se agrava inevitablemente y ni modo que se le eche la culpa a la 4T.