La propuesta migratoria del presidente George Bush ha suscitado un intenso debate. De entrada, se han cuestionado las intenciones del mandatario norteamericano: “Sólo quiere obtener votos”; “quiere encontrar la manera de deportar a millones de documentados”; “quiere suministrarle fuerza de trabajo barata y domesticada a los empresarios norteamericanos”. Han surgido también interrogantes sobre los efectos concretos de dicha propuesta, a saber, que                   no legalizará a la inmensa mayoría de los indocumentados, no mejorará sus condiciones de vida y no eliminará el futuro flujo de emigrantes sin papeles hacia Estados Unidos. Se ha dicho que no significa tampoco un verdadero cambio en la política migratoria de ese país.                   Finalmente, se ha cuestionado la viabilidad misma de la iniciativa argumentando que el Congreso no la aprobará, que no se trata de una propuesta de ley concreta y que, eventualmente, su puesta en práctica habrá de entrañar grandes complejidades logísticas y jurídicas. Mientras no haya mayor información procedente de Washington o de la capital mexicana es prácticamente imposible determinar si estos cuestionamientos son pertinentes. Lo que sí se puede, desde ahora, es formular algunas preguntas y también sugerir tres reflexiones que hasta ahora no parecen haber figurado en la discusión.

Hay dos preguntas que han sido ya planteadas por este autor –y por muchos otros– pero que conviene reiterar. En primer lugar, para saber cuál es el verdadero alcance de la propuesta es indispensable conocer el número de permisos de trabajo temporal que el gobierno de Estados Unidos piensa expedir cada año. Actualmente, entre visas de H2A y H2B (que corresponden a trabajadores temporales en la agricultura y en los servicios) unos cien mil mexicanos entran legalmente a Estados Unidos cada año. Para que la propuesta tenga un efecto real tanto en el número de indocumentados que ya se encuentran en Estados Unidos como en los que llegan cada año (entre 350 mil y 400 mil según los datos más confiables) es evidente que una cantidad de permisos menor al medio millón al año simplemente no tendrá un gran impacto. Mientras no tengamos una respuesta precisa por parte del gobierno o del Congreso de Estados Unidos es imposible determinar el alcance de la propuesta.

La segunda interrogante tiene que ver con lo que podríamos llamar el tema de la sala de espera, es decir, dónde y en qué condiciones debe esperar un trabajador huésped a que le entreguen un permiso de residencia permanente. Tras una solicitud para el otorgamiento de una green card, ¿la espera puede ocurrir dentro de Estados Unidos –y con derecho a trabajar– o el solicitante deberá salir al término de los periodos de tres años renovables y esperar que, al cabo de un mes, un año –o diez– la tarjeta verde le sea otorgada en su país de origen? De nuevo, mientras no sepamos dónde queda la sala de espera, es muy difícil determinar el verdadero significado de la propuesta de Bush.

Ahora bien, en lo que se refiere a las tres reflexiones, éstas tienen que ver con aspectos que no han sido claramente planteados ni por el gobierno de Bush, ni por el gobierno mexicano, ni por muchos de los analistas y comentaristas de la propuesta.                   El primero es la diferencia de intereses que puede haber entre el gobierno de México, la sociedad mexicana, los grupos de hispanos o incluso específicamente mexicanos en Estados Unidos. Uno de los principales cuestionamientos a la propuesta de Bush, formulado en algunos sectores de Estados Unidos, consiste en criticar el endeble vínculo entre los permisos temporales y una eventual ciudadanía o naturalización norteamericana. Los críticos dicen que el cambio de régimen de trabajador indocumentado a ciudadano documentado representa tal cantidad de trámites y dificultades que, para todos fines prácticos, la propuesta de Bush no contempla el acceso a la ciudadanía. Para dichos sectores en USA –el Partido Demócrata, los sindicatos, los grupos de hispanos– tal acceso es primordial porque es lo único que permite el ejercicio del voto en Estados Unidos. Para el gobierno y la sociedad mexicana este no es necesariamente el caso. El gobierno de México puede aceptar que ciudadanos mexicanos opten por la ciudadanía estadunidense si ello les permite tener una mejor vida en Estados Unidos. Pero este derecho no es la piedra de toque de un acuerdo migratorio con Estados Unidos. Es más, es un asunto que, en sentido estricto, no le incumbe. Lo importante no es la facultad de votar sino que los mexicanos conquisten los otros derechos de cualquier residente legal y de cualquier ciudadano norteamericano.

Una segunda reflexión tiene que ver con el carácter unilateral de la propuesta del presidente Bush. Cualquiera que haya seguido de cerca las negociaciones durante el primer año del gobierno de Vicente Fox sabe que muchos de los enunciados de la propuesta, independientemente de su contenido, provienen efectivamente de las negociaciones entre los gobiernos de México y de Estados Unidos. También es un hecho que cuando nuestro vecino del norte aceptó negociar un acuerdo migratorio, dio un paso enorme en relación a su propia historia: Cuba es prácticamente el único país del mundo con el que Estados Unidos ha negociado acuerdos migratorios. Ahora bien, hay ventajas y desventajas para ambos países en el hecho de que se trate de una propuesta unilateral. Por lo pronto, el gobierno de México no tiene obligación ni responsabilidad alguna en lo que se refiere a la propuesta. De la misma manera, Estados Unidos puede, en efecto, hacerse un traje a la medida pero no cuenta necesariamente con el apoyo, o la responsabilidad compartida, del gobierno de México. La vía negociada, por su parte, tiene igualmente ventajas y desventajas para ambas partes.                   Los dos gobiernos deberán justamente discutir cuál de éstas dos vías es la mejor para llegar a un desenlace benéfico para las dos naciones.

La última reflexión es que el gobierno de México tiene fichas reales para negociar con Estados Unidos. Porque, cualquiera que sea el número adicional de permisos temporales que finalmente se decida en Estados Unidos, va a ser extraordinariamente difícil, si no es que imposible, que esto se pueda lograr sin la cooperación del gobierno de México (y probablemente de muchos de los gobiernos de otros países generadores de flujos migratorios hacia Estados Unidos), indispensable en lo que se refiere a la contratación, la residencia, el pago de impuestos, las prestaciones sociales y otros aspectos fundamentales. A cambio de ello, nuestro gobierno puede plantear que las condiciones del acuerdo se ajusten a los intereses de México y no únicamente a los de Estados Unidos.

No está mal el asunto tratándose de un tema supuestamente moribundo, enterrado tres metros bajo tierra y que sólo existía en la cabeza de algunos. Ahora, hay que sacarle todo el provecho posible. No es una victoria pero si es una batalla ganada. Y, además, puede ser uno de los logros más importantes del sexenio del presidente Fox.