Como otras medidas adoptadas en este sexenio, a rajatabla, arriando parejo, los diputados que obedecen al tlatoani votaron alegremente por la extinción de 109 fideicomisos, pese a que al desbrozar el campo levantan y tiran las hierbas sanas; sin meditar sobre el daño inmenso que se infiere a causas tan respetables como la educación, la salud, la cultura, el deporte, el auxilio de la población victimada por los desastres naturales o la protección a sectores vulnerables o amenazados por la criminalidad.
El “argumento” esgrimido es que se trata de acabar con la opacidad de los fideicomisos, pues si bien son auditables –dijo la diputada Dolores Padierna–, el hecho es que en los últimos 15 años, con el pretexto del sacratísimo secreto bancario no ha podido entrar en esas cuentas la Auditoría Superior de la Federación, lo que por supuesto da lugar a toda clase de malos manejos, como hacer uso de esos fondos para especular en el mercado financiero, “obteniendo –agregó la diputada– ganancias importantes por concepto de intereses que quedan fuera del control presupuestal y de la cuenta pública”.
Y si, como es archisabido, los dineros auditables sirven para el enriquecimiento de funcionarios ladrones, hay que pensar lo peor de manejos que ni siquiera se pueden precisar. Pero, en fin, que para suprimir los fideicomisos se tuvieron que reformar 14 leyes y derogar una más. Ante tan vasta operación legislativa, cualquiera se preguntará por qué mejor no se reformaron y suprimieron ordenamientos para abrir esos fideicomisos, fiscalizarlos y, si se encontraban malos manejos, enmendar lo enmendable y en los casos extremos, entonces sí, suprimirlos.
Pero en lugar de abrir los candados que impedían la fiscalización de esos fondos constituidos con nuestros impuestos, en vez de reformar la legislación y acabar con el celestinaje financiero, se optó, como en otros casos, por hacer las cosas a rajatabla, sin escuchar los argumentos sólidos y atendibles de quienes expusieron el enorme daño que se causa al país, pues la operación se llevó entre las espuelas lo que funcionaba bien y limpiamente.
Desde luego no estuvo fácil el asunto, pues 242 subordinados del Supremo Poder votaron por la extinción, pero 178 lo hicieron en contra y hubo siete abstenciones. De esta manera, la Secretaría de Salud (¿o será la de Relaciones Exteriores?) recibirá 68 mil millones de pesos que, de acuerdo con lo anunciado, irán directamente al combate de la pandemia.
El gobierno federal se compromete a entregar a las instituciones y organismos despojados las cantidades que necesiten, algo del todo improbable, pues para empezar, toda suma que no esté expresamente incluida en el presupuesto federal requiere de negociación con los funcionarios de Hacienda, cuyos intereses, prioridades y puntos de vista no necesariamente coinciden con los de aquellos organismos que perdieron sus fideicomisos.
Por supuesto, no será posible cubrir las necesidades de los ahora despojados. El diputado priista Fernando Galindo Favela, que mucho sabe de despojos y malos manejos, pues fue subsecretario de Hacienda en el sexenio de Enrique Peña Nieto, advirtió que “si estos recursos se reintegran a la Tesorería de la Federación este año, no pueden saltar el año presupuestal. El presupuesto es de ejercicio anual”, lo que implica que esos dineros se tienen que ejercer.
Ya metida la Cámara en zona de desastre, surgió la propuesta de que el Instituto de Salud para el Bienestar (je, je), más conocido como Insabi, entregue “los recursos que se requieran” de su fondo de gastos catastróficos… Y ahí sí ardió San Lázaro y diputados de todos los partidos intercambiaron reclamos, frases hirientes e insultos que zarandearon el prestigio de las progenitoras. Especialmente activas estuvieron las damas, entre las cuales hubo sopapos, arañazos y jalones de pelo.
La presidenta de la Mesa Directiva, Dulce María Sauri, se mantuvo ecuánime y optó por disponer un receso, pues evidentemente no había condiciones para continuar con la sesión. Pero la trifulca es un elocuente anticipo de los que puede venir si se continúa por ese camino de acatar todas las ocurrencias del tlatoani, lo que causará más perjuicios que el Covid-19 a la salud de la República.