En años recientes, entre sectores nostálgicos de la época dorada de Acapulco se corre la voz de que la ciudad –y sobre todo la avenida Costera– ha sido tomada, invadida por taquerías, bares de mala muerte y negocios para el consumo de los sectores pobres de la sociedad, sean acapul-queños o turistas.
Este pensamiento no es sólo de las pobres –en el sentido de limitadas– élites de la ciudad, pues forma parte de la ideología de un sector conservador, clasista y racista que existe en todo el país.
Hace no mucho, un líder empresarial de Cancún llamó a impedir la “acapulquización” de ese centro turístico preferido de las clases medias europeas.
Es decir, evitar que Cancún se convierta en un destino turís-tico para trabajadores asala-riados, burócratas, tianguistas, mecánicos, empleados de tiendas departamentales, vecinos de las colonias pobres y de clase media baja de la zona metropolitana de la Ciudad de México.
El Acapulco del jet set, de las estrellas de Hollywood, al que incluyó la reina Isabel de Inglaterra en su itinerario cuando visitó México en el ya lejano 1983; ese Acapulco hace muchos años que quedó claro que no volverá.
Tampoco volverá, sobre todo por la inseguridad, el Acapulco de las discotecas chic, de la frenética vida nocturna con una amplia oferta de antros para todos los gustos; ni el Acapulco que era el preferido de los jubilados italo-canadienses y de los llamados springbreakers, que de un año para otro simplemente dejaron de venir.
Y ahora el cambio climático está expulsando a empresarios jóvenes, funcionarios de la alta burocracia política y profesio-nistas que perciben elevados ingresos que compraron costosos departamentos en los condominios de la zona de la Costera las Palmas y en la carretera a Barra Vieja que sufrieron severos daños al paso del huracán Otis en octubre de 2023.
Y hace unos días, en la primera plana de este diario publicamos la fotografía de un gran deslave junto a varios condominios de la bahía de Puerto Marqués, formado por las lluvias de cinco días del huracán John.
De modo que hay que hacernos a la idea de que Acapulco se consolidará como un destino para el llamado turismo social.
Pero este turismo también merece buena atención. Merece ser recibido por una ciudad segura y limpia, con buenos servicios públicos y una atención digna y sin abusos en los hoteles, los restaurantes, las playas.
Por eso es criticable el estado en que se encuentran el Malecón, el Paseo del Pescador y la playa Manzanillo una zona muy concurrida por el turismo popular al que nos hemos referido.
La fotografía de la primera plana de esta edición de El Sur ilustra con claridad el abandono. Como si los visitantes de esa área fueran de segunda, de tercera clase. Que de todos modos se la pasan bien, como lo refleja el lenguaje corporal de la joven que se toma alegremente una selfie sentada en los escombros que dejaron las obras que no terminan desde el hura-cán Otis, hace 13 meses.
¿Arreglar el Malecón? Eso déjenlo al final, de todos modos los que van por allí son aguantadores. ¿Pues no que los integrantes del partido que gobierna el país, Guerrero y Acapulco no son clasistas ni racistas ni discriminan a la gente por su color, su religión y su condición social?

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Este viernes continuaron las detenciones de alto impacto de presuntos integrantes de la delincuencia organizada por parte del nuevo gobierno federal.
Y no sólo la detención en Tlatlaya, Estado de México, de Alejandro Palacios Benítez El Cholo, vinculado a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, tiene relación con Guerrero. También, tal vez como premonición, tienen que ver la cadena de arrestos de funcionarios, incluido una alcaldesa de Morena, que fuerzas federales llevaron a cabo en varios municipios de ese estado vecino.
A cada día que pasa parece confirmarse que ya no rige la política de “abrazos no balazos”, y que seguirán las detenciones de los llamados en el lenguaje oficial “generadores de vio-lencia”. Y la operación en el Estado de México corrobora que la delincuencia no tendría el adjetivo de organizada si no contara con la complicidad, protección o incluso el mando de autoridades de todos los niveles, lo mismo civiles que militares.

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A propósito, hay que atender la alerta que lanzaron este jueves organizaciones defensoras de derechos humanos a raíz del asesinato de cuatro choferes que se preparaban para participar en una manifestación en Chil-pancingo.
Advierten que se pretende amedrentar a las organizaciones sociales para que ya no se movilicen por sus demandas, y llaman a éstas a no dejarse intimidar.
Son éstos señalamientos muy serios y las autoridades debieran deslindarse con claridad. Y el mejor desmentido sería que se detuviera a los agresores y que se expresara un inequívoco respeto a la libertad de manifestación.

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Ayer la reportera de El Sur Alina Navarrete presentó una queja ante la Comisión de Derechos Huamanos de Guerrero por las agresiones de los escoltas del alcalde de Chilpancingo Gustavo Alarcón.
La compañera demandó que se realicen las investigaciones conducentes por violaciones a la libertad de expresión, para que las instituciones involucradas establezcan medidas de no repetición, se garantice el pleno ejercicio del periodismo y el derecho a la información.
Estaremos pendientes del curso de esta queja.