Se ha iniciado la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se realiza del 11 al 22 de noviembre de 2024 en Bakú (Azerbaiyán) un país cuya economía se basa en el gas y el petróleo. La Conferencia incluye la 29 sesión de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP29), la 19 Reunión de la COP que sirve como Reunión de las Partes del Protocolo de Kyoto (CMP19) y la 6 Reunión de la COP que sirve como Reunión de las Partes del Acuerdo de París (CMA6), así como las 61 reuniones del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico (SBSTA61) y el Órgano Subsidiario de Aplicación (SBI61).
Desde hace un rato se empieza a normalizar la letanía de récords de temperatura ascendente a lo largo y ancho del planeta. Esto se expresa en efectos adversos de diversos fenómenos, que están creando desastre en sitios inimaginables. Sin embargo, las emisiones globales de gases de efecto invernadero provenientes de combustibles fósiles han alcanzado un nivel récord en 2024. Es decir, la causa del cambio climático continúa imparable.
El principal resultado de la COP29 esperado será acordar un Nuevo Objetivo Colectivo Cuantificable (NCQG, por sus siglas en inglés, New Collective Quantifiable Goal), sobre financiación climática. El NCQG es un trabalenguas que parece apropiado dada la complejidad de la compensación financiera climática. Dicho acuerdo financiero se aplicaría cuando finalice el objetivo actual de 100 mil millones de dólares anuales en 2025, y que será crucial para aumentar el financiamiento para la acción climática en todo el mundo. Es decir, se trata de decidir aumentar los 100 mil millones de dólares anuales que se fijaron en el Acuerdo de París, así como quién aportará para que los países con menos recursos puedan reducir su dependencia de los hidrocarburos y se preparen para los peores efectos del cambio climático.
Recuérdese que los daños en Acapulco del huracán Otis de 2023 se estimaban de manera conservadora en más de 15 mil millones de dólares. Después del huracán Milton de 2024 en Estados Unidos, sólo allí el sector asegurador estimaba hasta 60 mil millones de dólares en daños asegurados. A estos desastres individuales se suman los costos mucho más altos de adaptación al clima cambiante y, finalmente, las inversiones en la transición energética a las energías renovables.
Para todo esto se requiere dinero que, en el caso de los países menos fuertes económicamente, y más expuestos a la crisis climática no poseen. Estos ahora exigen a los países más desarrollados, causantes históricos del cambio climático.
Por ello, crear una compensación financiera es el principal objetivo de las negociaciones climáticas de este año en Bakú. Poco antes de la reunión en Bakú no estaba claro quién debía pagar ni quién podía recibir el dinero. Los países no han podido ponerse de acuerdo sobre los importes, qué tipos de pagos pueden tenerse en cuenta o con qué fines debe fluir el dinero. Lo único seguro es el nuevo nombre del mecanismo de compensación, NCQG de la jerga climática.
El NCQG no es la primera igualación financiera que los Estados han decidido en el marco de las conferencias sobre el clima. En 2009, las partes negociadoras acordaron 100 mil millones de dólares que los países industrializados deberían pagar anualmente a los países en desarrollo a partir de 2020. La forma en que se implementó el acuerdo es un ejemplo negativo del que se pueden derivar muchas posibilidades de mejora. Por un lado, es evidente, que los 100 mil millones de dólares no son suficientes para financiar los daños y el cambio climáticos en los países menos desarrollados. Recuérdese que fue un acuerdo político más que un objetivo derivado de las necesidades o los hallazgos científicos.
La meta de los 100 mil millones de dólares llegó con un retraso de dos años en 2022 según una evaluación de la OCDE (https://www.oecd.org/en/publications/climate-finance-provided-and-mobilised-by-developed-countries-in-2013-2022_19150727-en.html). La elección de los recursos financieros también fue cuestionable: la evaluación de la OCDE muestra que 69 por ciento de los pagos incluidos en los 100 mil millones de dólares fueron préstamos. Por lo tanto, los países en desarrollo tienen que devolver los fondos climáticos, y no siempre con tasas de interés reducidas. Muchos de los estados vulnerables ya están luchando contra un endeudamiento excesivo.
La elección de los recursos financieros también fue cuestionable: la evaluación de la OCDE muestra que 69 por ciento de los pagos incluidos en los 100 mil millones de dólares fueron préstamos. Por lo tanto, los países en desarrollo tienen que devolver los fondos climáticos, y no siempre con tasas de interés reducidas. Muchos de los estados vulnerables ya están luchando contra un endeudamiento excesivo.
El Banco Mundial advierte en un informe de octubre de 2024, que las 26 economías más pobres del mundo (donde vive aproximadamente el 40 por ciento de la población que vive con menos de 2.15 dólares al día) están más endeudadas que en ningún otro momento desde 2006 y son cada vez más vulnerables a los desastres naturales y otras crisis. La deuda gubernamental, en promedio, ahora asciende al 72 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), el nivel más alto en 18 años. Sin embargo, la ayuda internacional como porcentaje de su PIB se ha reducido al nivel más bajo en dos décadas, privando a muchas de ellas de financiación asequible que tanto necesitan (https://www.worldbank.org/en/research/publication/fiscal-vulnerabilities).
Las necesidades y prioridades de los países en desarrollo son claras. Lo que más quieren es: más dinero basado en donaciones. Después de todo, históricamente han contribuido menos al calentamiento global y ahora están sufriendo los daños. Así que se argumenta que los países industrializados deberían pagar. Por lo tanto, exigen más de un billón de dólares estadunidenses al año, multiplicar por 10 los 100 mil millones de dólares hasta ahora convenidos. Un grupo de negociadores africanos exigió incluso 1.3 billones de dólares. El Grupo Independiente de Expertos de Alto Nivel sobre Financiamiento Climático, creado por el Consejo Mundial del Clima para brindar asesoramiento, estima que los países en desarrollo sin China tendrían que invertir 2.4 billones de dólares por año para 2030 (https://www.lse.ac.uk/granthaminstitute/wp-content/uploads/2023/11/A-Climate-Finance-Framework-IHLEG-Report-2-SUMMARY.pdf).
Otra cuestión es si los países industrializados tendrán en cuenta estas necesidades. Por ejemplo, es un hecho de que Donald Trump sea ahora presidente de Estados Unidos por segunda vez. Esto no facilita las discusiones cuando se sabe que históricamente, Estados Unidos es, con diferencia, el mayor emisor de gases de efecto invernadero. Trump abandonó el Acuerdo de París en su última presidencia. Así que es poco probable que su gobierno contribuya financieramente al NCQG en los próximos años. Se conoce además que la Unión Europea no quiere oír hablar de billones. Esperan que los países ricos que actualmente no pagan nada, paguen. Traducido, esto significa: hay poco que se pueda hacer sin China.
Al respecto, es una realidad, que tampoco se puede hablar de una distribución justa de los 100 mil millones de dólares actuales: qué Estados son donantes y cuáles se consideran receptores sigue basándose en un acuerdo de 1992. En la Convención Marco sobre el Cambio Climático, la comunidad de Estados dividió el mundo en países desarrollados y en desarrollo. La lista se considera obsoleta e injusta. China, por ejemplo, está en la lista de países en desarrollo y, por tanto, en país receptor, aunque sea ahora uno de los mayores emisores de gases de efecto invernadero como el CO2.
China puede con razón señalar la culpa histórica de otros países, aunque ahora sea el mayor emisor de gases de efecto invernadero. Además, debe señalarse que China está invirtiendo en países en desarrollo. El Instituto de Recursos Mundiales (WRI en inglés) estima que entre 2013 y 2022, China proporcionó y movilizó voluntariamente 45 mil millones de dólares para apoyar los esfuerzos de reducción de emisiones o adaptación a los impactos climáticos en los países en desarrollo (o 4 mil 500 millones de dólares al año, en promedio), lo que equivale aproximadamente al 6 por ciento de la financiación climática total de los países desarrollados durante el mismo periodo de 10 años. Aunque se observa cuesta arriba que aumente más en su aporte para el financiamiento climático (https://www.wri.org/research/chinas-international-climate-related-finance-provision-and-mobilization-south).
Al menos las delegaciones parecen estar de acuerdo en un punto: Se requiere no sólo discutir sobre cantidades y aportantes, sino también en la calidad de la financiación climática. Se trata, finalmente, de que el dinero puede contribuir eficazmente al cambio climático, la adaptación y la gestión de daños.
Además, se requiere implementar otras medidas, como son canje de deuda para atender el cambio climático. Así, los países industrializados podrían perdonar las deudas de los países en desarrollo si este dinero se destina a proyectos relevantes para el clima. Esto aliviaría el problema de los préstamos excesivos.
Es posible que en la Conferencia de Bakú se anuncien dos sumas. Una cantidad que los países industrializados tradicionales están obligados a gastar. Y un segundo depósito en donde contribuya los países emergentes con finanzas y emisiones sólidas, como China.
Pero, independientemente de lo que decidan los delegados en Bakú, es poco probable que sea suficiente para volver a la senda del límite de los 1.5 grados centígrados de aumento del Acuerdo de París. Incluso si los países industrializados realmente se comprometieran a aportar los 1.3 billones de dólares necesarios de inmediato dado que estos recursos serán insuficientes.
¿Lograrán los delegados consensos en Bakú sobre financiamiento? ¿Podrán ponerse de acuerdo sobre sumas mayores, un calendario mejor y una distribución justa de la financiación adecuada?