EL-SUR

Lunes 03 de Octubre de 2022

Guerrero, México

Opinión

Firma 16 y los avatares de la legislación de la biodiversidad

Octavio Klimek Alcaraz

Marzo 24, 2018

El pasado 24 de marzo de este año 2018, escribí un artículo sobre la Minuta de Ley General de Biodiversidad. Hoy mucho de los supuestos en dicho artículo se están cumpliendo. Explico esto. Sus antecedentes principales son: El 25 de octubre de 2016, se presenta en el Senado el proyecto de Iniciativa de Ley General de Biodiversidad. La suscribe la senadora Ninfa Salinas Sada, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. La iniciativa reforma la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y abroga la Ley General de Vida Silvestre. Se comentó, en su momento, que la iniciativa se impulsaba como parte de los anuncios de México para la Conferencia de las Partes 13 del Convenio de Diversidad Biológica, que se realizó en Cancún del 4 al 17 de diciembre de 2016. Más de un año después, la iniciativa es aprobada el 15 de diciembre de 2017 y pasa para su revisión a la Cámara de Diputados. 89 votos a favor, 5 votos en contra y 4 abstenciones. Con el inicio del último periodo de sesiones de la LXIII Legislatura, el 1 de febrero de 2018 es turnada en la Cámara de Diputados para su dictamen como Minuta a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Comarnat), con opinión de la Comisión de Asuntos Indígenas y de la Comisión de Cambio Climático. La Minuta en revisión tiene 7 títulos, 33 capítulos, 254 artículos y 26 artículos transitorios. Hay muchos asuntos en discusión de su contenido, enumero un par de ellos, sin ser limitativo del alud de opiniones que han circulado en estos días: Ausencia de prohibición expresa de exploración y explotación de la minería en Áreas Naturales Protegidas (ANP). Por ejemplo, en el artículo 41 de la Ley de Hidrocarburos se prohíbe la exploración y explotación de hidrocarburos en las ANP. De manera especial, se requiere una revisión cuidadosa al Título Segundo denominado Diversidad Genética con 5 capítulos y 20 artículos, ya que a juicio de un servidor, no atiende debidamente la problemática de contaminación y erosión genética. Esto, ante el dominio en dicho Título del conjunto de artículos relacionado con el Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios de su Utilización. Pero quedan sin desarrollar mecanismos claramente transparentes y que eviten la discrecionalidad para la realización de consultas para consentimiento previo, libre e informado para acceso de los recursos genéticos, así como de los esquemas de participación justa y equitativa de los beneficios de utilización de dichos recursos. Curiosamente, se evita, el uso del concepto de biopiratería, que es el acceso ilegal e inequitativo a conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos. Se entiende, que por eso suscribimos el Protocolo de Nagoya para detener el saqueo de la biodiversidad del país por los biopiratas. Instrumentos para prevenir la biopiratería como los protocolos bioculturales son vagamente mencionados y mucho menos se señalan sus estándares, cómo se promueve su desarrollo, quién es el responsable de su registro y control en México. Todo se deja al Reglamento en la materia, así de simple. Por todo ello, distintas voces están y siguen solicitando consulta pública ante la importancia de esta legislación para la biodiversidad del país. Así como, en especial, Consulta a los pueblos y comunidades indígenas sobre el tema de acceso a recursos genéticos asociados a los conocimientos tradicionales de comunidades indígenas y campesinas. De hecho, la consulta a los pueblos y comunidades indígenas fue la opinión enviada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por los legisladores de la Comisión de Asuntos Indígenas, cito: “La Minuta en comento debe someterse a consulta con los pueblos y comunidades indígenas de México, en los términos que establece el artículo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, con el objeto de obtener su consentimiento previo, libre e informado”. La otra opinión, la de la los legisladores de la Comisión de Cambio Climático, es similar, cito: “La Minuta que aquí se analiza requiere de un proceso amplio de consultas que permitan la valoración de los diferentes puntos de vista y oír a quienes desde el ámbito jurídico, académico, científico, social y de los pueblos y comunidades indígenas puedan aportar; así como depurar el texto desde el punto de vista conceptual y de la técnica legislativa, corrigiendo aspectos del proceso legislativo”. Por su importancia, la ruta legislativa de la Minuta originada en el Senado debió ser de una revisión responsable por la Comarnat, atender las opiniones y/o recomendaciones de sus comisiones pares; y conforme al Reglamento definir un método de dictamen del máximo consenso posible entre sus integrantes, implementándolo a partir de los primeros días de febrero, por ejemplo con audiencias y reuniones públicas con especialistas en biodiversidad y otros actores sociales. Un punto difícil de implementar, pero no imposible, sería el de la Consulta a los Pueblos Indígenas. Pero, al parecer desde hace rato no había intención alguna de realizar un programa de esa forma por la Comarnat en su obligación legal de revisar esta Minuta. Se quería aprobar en sus términos para expedirla y promulgarla. En mi opinión, la magnitud del problema de revisar el dictamen, tiene su origen en el Senado. Ahí debieron lograrse los consensos con los diversos actores interesados, incluidos los diputados, y no hasta ahora. Por ejemplo, un servidor participó a principios de 2017, en un foro en el Senado y sólo recibí las gracias, sin saber el proceso posterior para determinar la pertinencia de mis observaciones. Olvidemos, una consulta nacional vinculante fuera del horrible y poco funcional edificio de Reforma e Insurgentes del Senado. Todo fue, al parecer, reuniones con diversos grupos de interés, y según su peso político y capacidad de influir, fue considerado o no, en el proceso de dictamen por el grupo que, en la praxis e ideológicamente controló el proceso de dictamen en el Senado a su modo y entender. Sin embargo, finalmente a pesar de la oposición de un variopinto grupo de actores sociales y las opiniones de las antes citadas comisiones, el pasado jueves 22 de marzo la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales trató de votar el dictamen con modificaciones a 7 artículos, que son básicamente concesiones al sector pesquero y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, que en opinión de un servidor poco mejoran la Minuta, sino que la empeoran, como el caso del artículo 13, que adiciona un párrafo sobre el tema de que en materia de acceso y utilización de recursos genéticos actuarán en el ámbito de sus respectivas competencias. Es decir, el tema de recursos fitogenéticos para la agricultura y alimentación quedaría con ello, en el ámbito de la Sagarpa, y esto seguramente no será lo mejor para la implementación integral del citado Título Segundo sobre Diversidad Genética. Pero, así logran el apoyo de los legisladores del PRI, ligados al sector pesquero y a la propia Sagarpa, que se estaban revelando en contra de la nueva Ley. Pero lograr votar el dictamen en la Comarnat se encontró con la minoría de la oposición en dicha Comisión, que no les hicieron quórum a los 15 integrantes del PRI y el partido Verde que votarían a firmar el dictamen. La Comarnat formalmente se integra por 30 legisladores, entonces se requieren 16 diputados para instalar la sesión convocada a puerta cerrada (PAN, PRD, Morena, MC). De hecho, por Reglamento de Cámara de Diputados, la sesión sin quórum debió ser suspendida, ya que tuvo más de media hora de retraso respecto a la hora convocada. Ahora, se especula si logran atraer en los pasillos de Cámara a un legislador de oposición para firmar la lista de asistencia y con ello votar a favor el dictamen. Una firma muy cara para el país, la de la legisladora o el legislador 16. Si esto fue así, el próximo martes 3 de abril, posiblemente los grupos parlamentarios del PRI y el Verde intentarán llevar a la sesión del pleno de la Cámara de Diputados este dictamen aprobado sin consenso y con serias dudas de su cabal legalidad. Si no es ese día, los legisladores del PRI y Verde van a intentar en alguna sesión posterior del mes de abril. De aprobarse en ese escenario, regresará al Senado para dictaminarse de manera inmediata en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales sólo sobre los 7 artículos modificados por los diputados. Así, se tendría en mayo posiblemente una Ley General de Biodiversidad con serios problemas de consenso.