El pasado jueves 7 de enero se cumplió un año del atentado terrorista contra el semanario satírico Charlie Hebdo, a manos de un comando armado dirigido por los hermanos Kouachi. Como era de esperarse, la ciudad de París estuvo marcada por el silencio de las conmemoraciones, encabezadas por el presidente François Ho-llande, y el primer ministro Manuel Valls. Sin embargo, ese mismo día, un joven marroquí, de apenas 21 años, intentó lesionar (afortunadamente sin éxito) a varios policías del barrio XVIII de la capital francesa, lo cual despertó, durante algunas horas, escenas de pánico en el norte de la ciudad. Para algunos, este hecho demostró que París continúa siendo una urbe en riesgo, a pesar de la aplicación de fuertes operativos militares y policiales por parte del gobierno. ¿Cómo hemos llegado a este punto? ¿La sociedad francesa (y en particular, sus élites) tiene alguna responsabilidad en ello?
Para el gobierno y una buena parte de la clase política, la respuesta es no. Los franceses que después de haberse convertido a la corriente salafista de la religión musulmana sunita (es decir, a una de las corrientes rigoristas más duras de aquella religión), decidieron matar a otros franceses, no merecen más formar parte de la sociedad gala. Es por esta razón que a raíz de los atentados del 13 de noviembre, en los que fallecieron más de 130 personas, de más de 10 nacionalidades, el gobierno francés decidió incluir en su programa de reforma constitucional presentado el 16 de noviembre la iniciativa de pérdida de nacionalidad para los ciudadanos con doble nacionalidad que hayan sido declarados culpables de terrorismo. Esta medida, que ha venido siendo defendida por la extrema derecha durante muchos años, ya fue incorporada al recetario de la derecha republicana, a partir del 2010, cuando el entonces presidente Nicolás Sarkozy intentó reformar la Constitución, sin éxito. Durante la campaña presidencial del 2012, el entonces candidato François Hollande criticó esta iniciativa de ley, al considerar que esta medida contri-buía a estigmatizar a los franceses con doble nacionalidad, y por ende a favorecer una ruptura de igualdad en la sociedad francesa, uno de los tres pilares de la República de Francia (Liberté, Egalité, Fraternité). Sin embargo, con la creciente derechización de la sociedad, tal parece que el ejecutivo ha decidido incorporar parte del ideario de la derecha a su programa de gobierno, en aras de dar muestras claras de su voluntad de crear una unidad nacional en torno a su persona, en la perspectiva, no admitida pero presente implícitamente, de un apoyo de sectores moderados de la derecha a su candidatura reeleccionista el próximo año. Es justamente esa visión, cortoplacista para algunos, que ha sido criticada por no pocos miembros del universo intelectual y una buena parte de la bancada socialista en el Congreso, que no ha digerido este cambio estructural en el discurso político del presidente Hollande, lo cual ha venido dificultando la propuesta de cambio constitucional del Ejecutivo.
Sin embargo, más allá del debate electoral y coyuntural, algunas voces han surgido para poner de relieve la responsabilidad histórica de las elites francesas en los cambios vividos, de manera general, en la sociedad gala, y en particular en sus crecientes disfuncionamientos. Si bien ninguno de estos actores, como el actual ministro de Economía, Emmanuel Macron, usan este argumento para justificar la barbarie cometida en enero y noviembre, sí apuntan hacia una lectura diferente de las causas que han dado origen a este “yihadismo 3.0”, como lo ha denominado el politólogo Gilles Kepel. Para Kepel, autor del reciente libro Terror en el hexágono, la marginación económica, social y política de la juventud precarizada nacida en las familias provenientes de la inmigración puede ser un factor explicativo de la huida de más de mil jóvenes de Francia hacia los campos de entrenamiento y de guerra en Siria e Irak (de los cuales más de ciento cincuenta han fallecido en los últimos años). Esta ruptura de una parte de la juventud con su propia sociedad es preocupante, no solamente por los actos terroristas que derivan de este fenómeno, sino también porque contribuye a exacerbar la polarización política del país, que sólo le es útil a los extremos.

* Analista Político del Observa-torio Político de América Latina y el Caribe (OPALC), con sede en París.

Twitter: @Gaspard_Estrada