Así como el gobierno municipal requiere del apoyo del gobierno estatal para el bien gobernar, Guerrero necesita del gobierno federal para progresar. Cuando dos niveles de gobierno son discrepantes en la ideología política de sus respectivos partidos el que pierde electoralmente le conviene llevarse la fiesta en paz con el triunfador. El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, obtuvo 558 mil 662 votos a su favor en el 2015. Este año, el presidente electo de la República, Andrés Manuel López Obrador, tuvo un millón 18 mil votos en este estado. Es decir, 82 por ciento más votos.
En la bolsa de valores de Mochelandia, el moche por adquisiciones se cotiza en 15 por ciento y el de construcción en 20 por ciento. Eso se acabará en el gobierno federal de AMLO. Los corruptos tendrán que hacer negocios ilícitos en otra parte. Pero será inútil tratar de erradicar la corrupción, si no se extingue también la impunidad. En Guerrero la política se hace con dinero o con convicciones. Prefiero las últimas, sin embargo, predomina el billullo.
El secretario de Economía del falleciente gobierno federal, afirmó que no le alcanza su sueldo mensual de 140 mil pesos netos. Luego arguyen los priistas que no están desapegados a los sufrimientos del pueblo. El problema de Guerrero es que la mayoría de sus gobernantes, funcionarios y políticos les ha ganado también la voracidad sin límites; motivo por el cual no les preocupa la extensa pobreza y la carencia de bienestar social.
Es difícil, más no imposible, atravesar sin mancha alguna el pantano en que está convertida la cosa pública en Guerrero. Pletórica de aguas hediondas y estancadas, que le dan forma y contenido al basurero de la corrupción y de la impunidad, para solaz de los politicastros (as) que medran a su alrededor. Sólo con la movilización y participación ciudadana se pueden derrumbar los muros de soberbia e insensibilidad social, autoconstruidos por la mayoría de los gobernantes y acompañantes.
Con estos nuevos aires de transformación del país, habrá credibilidad y saldremos del hoyo negro y sangriento en que estamos inmersos. El camino que conduce al reino de la ineptitud está empedrado de puras farsas, mentiras y pretextos. Con verdadera honestidad, transparencia, idoneidad, capacidad y genuino empeño de servir al pueblo podremos progresar, con o sin coordinadores de los programas sociales federales en cada estado.
El éxito histórico que ha tenido la CRAC-PC en la región de Costa Chica y la Montaña ha sido porque los pueblos indígenas necesitaban tener fuerzas de seguridad pública, propias, confiables y eficientes, que procuraran y administraran la justicia, la paz y la serena convivencia comunitaria; cosa que los gobiernos estatales nunca les obsequiaron. Con fuerte arraigo local, con un actuar normado por las asambleas comunales y con códigos de re-educación basados en principios y valores éticos consuetudinarios, ahora cuentan con el total apoyo, confianza y respeto de sus propias comunidades.
Esa es la realidad de un derecho indígena conquistado desde antiguo que la mal afamada Ley Astudillo pretende disminuir, subordinar y remitirla a la incumbencia de un ministerio público por demás, tenebroso, anquilosado y corrupto. El concepto de ley abstracta no se concreta en los derechos ya adquiridos, obligados y jurídicos, desde la perspectiva del constitucionalismo moderno. El diputado local electo de Morena, Rubén Cayetano García, afirma que hay escaza consistencia jurídica cuando una sola ley secundaria reglamenta toda una serie de artículos constitucionales.
Esa es la ceguera de escritorio, del poder ejecutivo estatal y del legislativo saliente. Se abstrajeron de un fenómeno social circundante. Legislaron en forma ahistórica y ajenos a la circunstancia factual. Por eso su acrecentada impopularidad y su anticipado fracaso en el acatamiento de tal ley.
PD. Beneplácito causa la liberación de nueve de 25 policías comunitarios de la CRAC-PC, de la CECOP y ciudadanos, detenidos el 7 de enero pasado en La Concepción, Cacahuatepec.