EL-SUR

Jueves 12 de Diciembre de 2024

Guerrero, México

Opinión

AGENDA CIUDADANA

“Fue el Estado”, ¿cuál?

Lorenzo Meyer

Septiembre 28, 2017

Desde luego que fue el Estado, aunque no sólo él, el responsable de la tragedia que tuvo lugar hace tres años y un día en Iguala, Guerrero: seis muertos, 17 heridos más 43 desaparecidos entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014. Desde luego que fue el Estado, pues en esa noche y madrugada, un grupo de estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa, “Raúl Isidro Burgos”, un equipo local de jugadores de futbol, más tres taxis, fueron baleados por policías locales y luego una parte de esos normalistas fue detenida por policías –¿de Iguala, de Huitzuco o de ambos lugares? Esos crímenes fueron ejecutados, presenciados y tolerados por policías municipales y ministeriales, por policías federales y elementos del Ejército. Todos, agentes del Estado.
Claro, no fue sólo el Estado el autor del abuso. Los testimonios y las evidencias disponibles –debe de haber otras, no disponibles, como las grabaciones en las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala–, muestran que en la raíz del crimen estuvo el narcotráfico: el grupo “Guerreros Unidos”. Sin embargo, hasta donde la historia se ha podido reconstruir, la fuerza empleada hasta antes de la desaparición de los 43 jóvenes, fue la de policías con la aquiescencia (¿o complicidad?) de miembros de otras corporaciones, finalmente todas del Estado.
La explicación oficial inicial de lo acontecido en Iguala y luego en el basurero de Cocula, donde supuestamente todos los normalistas detenidos y entregados por sus captores a los “Guerreros Unidos”, fueron asesinados e incinerados, fue ofrecida por el entonces titular de la PGR, Jesús Murillo Karam. Sin embargo, esa versión, conocida como “verdad histórica”, fue rápidamente echada abajo por la intervención decisiva de personas, grupos e instituciones que no pertenecían al Estado mexicano, como fueron los padres de los desaparecidos, ONG y por la investigación que durante meses llevó a cabo el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, (GIEI), creado y avalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (GIEI, Informe Ayotzinapa II, Mountain View, CA: Creative Commons, s.f., 605, pp). Finalmente, quien sigue sin querer o poder dar mejor respuesta a la demanda de los padres de los desaparecidos y de la sociedad y castigar tamaño crimen, quien impidió a la GIEI concluir su labor antes de que pudiera llegar a la explicación alternativa plena, fue, de nuevo, el Estado.
Pero ¿quién o qué es exactamente ese Estado cuyos miembros asesinaron a seis personas y luego desaparecieron en una sola noche a 43 más en una zona urbana y en medio de un denso tejido de instituciones de seguridad? Para empezar, se trata de una entidad que contiene instituciones muy deficientes, ya que ofrecen explicaciones insostenibles y que después de tres años de supuesta ardua investigación, y pese a contar con tecnologías muy avanzadas para ello, (el sistema Pegasus, por ejemplo), siguen sin poder dar ningún resultado. Asesinar y desaparecer les fue fácil, deshacer el entuerto imposible.
Quizá convenga aquí echar mano de la propuesta de Philip Abrams, (Abrams, Gupta y Mitchel Antropología del estado, México: FCE, 2015). Su punto de partida es interesante: el Estado como tal no existe. Sólo funciona como idea. Y esa idea es una construcción histórica, nació por el siglo XVII. Pero la idea tras esa idea no es lo que aparenta: el Estado como un ente que representa y protege el interés del conjunto social. No, lo que pretende es lograr la tolerancia de la sociedad para lo que de otra manera es intolerable e indefendible: la desigualdad y el dominio. En realidad, la idea del Estado es “un mensaje de dominación, un artefacto ideológico que atribuye unidad, moral e independencia a los desunidos, amorales y dependientes funcionamientos de la práctica de gobierno”, (pp. 53 y 62).
Y si el Estado no es más que una máscara que cubre la acción cotidiana de los gobiernos y cuyo propósito es generar en los subordinados la idea de una unidad moral y de eficacia de sus instituciones para hacer llevadera la siempre presente dominación de los muchos por los pocos, entonces es evidente que en el caso de los desaparecidos de Ayotzinapa esa idea ha fallado completamente.
Desde esta perspectiva, lo que realmente operó en la noche de Iguala no fue “el Estado” sino los intereses de varias instancias de los gobiernos local, estatal y nacional, sujetos a diferentes grados de penetración del narcotráfico. Por eso no es sorprendente que después de tres años la PGR y presidencia no hayan podido construir una explicación coherente y creíble de lo ocurrido en 2014. Esa incapacidad muestra no sólo que efectivamente “el Estado mexicano” no existe, sino que eso que sí existe –la red institucional del gobierno y la supuesta coordinación entre sus partes– es deficiente en extremo, difícil de controlar por el responsable último y corroída por una profunda corrupción.
El resultado de lo anterior es que hoy la idea de Estado en nuestro país ya no cumple su objetivo real y único: hacer creer al ciudadano que hay coherencia y proyecto en la acción del gobierno y legitimidad en el régimen. Por tanto, la sospecha de que “fue el Estado” el responsable último de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, está dejando inservible la idea misma de Estado.

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