Hace poco más de un mes, por instrucciones presidenciales, todo el énfasis en los cuerpos de inteligencia del gobierno federal
sobre la investigación en torno a los autores intelectuales y materiales de los bombazos en instalaciones de Pemex en
Guanajuato, Querétaro y Veracruz, cambió radicalmente. En lugar de seguir buscando al EPR se enfocaron a hallar el paradero de
Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, importante cuadros eperristas que fueron reportados como
“desaparecidos” el 25 de mayo, y cuyos secuestros provocaron las acciones guerrilleras. Es decir, el gobierno modificó su diseño
de perseguir el efecto para enfocarse en la causa.
Cruz Sánchez y Reyes Amaya fueron vistos por última vez en la capital de Oaxaca, y tras su desaparición, entre el 2 y el 14 de
junio, el EPR emitió 10 comunicados denunciando que habían sido detenidos “en una acción fortuita” de la policía en la ciudad de
Oaxaca, y estaban “siendo torturados” por las autoridades federales. La guerrilla exigía su presentación, mientras tocaba los
tambores de guerra. Al encontrar que la respuesta del gobierno era el soslayamiento de la demanda, el EPR pasó al plano militar
colocando bombas en los ductos de Pemex en El Bajío y sur de Veracruz. Los importantes daños económicos hicieron recapacitar
al gobierno, y el presidente Felipe Calderón exigió a sus cuerpos de seguridad encontrarlos y determinar su suerte, vivos o
muertos.
Los cuerpos de seguridad enfriaron la persecución a los comandantes del EPR y pararon las detenciones arbitrarias que estaban
realizando en los suburbios del oriente de la ciudad de México y Morelos, al mismo tiempo que el hostigamiento y las amenazas
que estaban recibiendo los hermanos Cerezo, hijos de Francisco Cerezo Quiroz, quien en realidad se llama Tiburcio Cruz
Sánchez, jefe del EPR y hermano de Gabriel Alberto, desaparecieron. El gobierno comprendió la magnitud de la desaparición de
los dos militantes del EPR y el golpe que había sufrido la organización armada. Gabriel Alberto, que también responde al nombre
de Raymundo Rivera Bravo, era el enlace personal entre las tres familias que controlan y dirigen al EPR, los Canseco Ruiz, los Cruz
Sánchez y los Cirigo Vázquez, y que sin estar enfrentadas tienen una serie de diferencias por el manejo del dinero obtenido de
los secuestros de alto impacto en la década pasada –en el caso de las dos primeras–, y por el paulatino abandono de la lucha
armada para incursionar en la política por la vía legal –en el caso de la tercera.
Las averiguaciones han empezado a dar resultados. La primera línea de investigación, que se refería a un ajuste de cuentas
dentro del EPR por el asunto de los dineros de secuestros, fue planteada originalmente en el seno de la PGR, y hecha pública
después por el secretario de la Marina, Marco Antonio Peyrot. Pero ya fue desechada. Una segunda línea de investigación tenía
que ver con la sospecha de que se hubiera tratado de un enfrentamiento con el narcotráfico.
Funcionarios del gobierno habían insinuado que el secuestro de Cruz Sánchez y Reyes Amaya había sido una venganza del
narcotráfico por el secuestro de Jesús Díaz Parada. Sin embargo, la hipótesis se descartó al comprobarse que el hermano de
quien era poderoso jefe del narco en el sur, Pedro Díaz Parada, hace no mucho detenido, había sido obra de Los Zetas, el brazo
armado del Cártel del Golfo, que se está mudando a la zona del Istmo de Tehuantepec.
Descartadas las primeras líneas de investigación, el ojo del gobierno federal se encuentra enfocado en el gobierno de Ulises Ruiz
en Oaxaca. Ruiz niega que sus policías sean los del secuestro, y desde entonces han notado dentro del gobierno federal que se
encuentra sumamente nervioso. Originalmente se pensaba en el gobierno federal que Ruiz no podía ser responsable de la
desaparición porque no tenía información sobre quiénes eran. Sin embargo, la percepción fue cambiando con las investigaciones,
y la hipótesis que hoy se mantiene de que la presunta detención por parte de policías estatales en Oaxaca fue fortuita, ha sido
reforzada con que, precisamente por desconocer quiénes eran Cruz Sánchez y Reyes Amaya, podrían haber sido torturados de
manera tan severa que pudieron haber muerto como consecuencia de ello.
De acuerdo con esa línea de investigación, Cruz Sánchez y Reyes Amaya fueron detenidos mientras se transportaban en un
automóvil Volkswagen en el centro de Oaxaca capital, cuando fueron detenidos por policías estatales, quienes al revisar el
automóvil encontraron armas y propaganda. Esta versión coincide en todo, menos en la ubicación, con una previa de que ambos
viajaban hacia Oaxaca cuando su Volkswagen se les descompuso y estaban tratando de repararlo en Río Frío, antes de llegar a
Puebla, donde un grupo de policías federales que pararon en el mismo lugar, los notaron nerviosos cuando se acercaron a
ayudarlos y revisaron el automóvil encontrando armas y propaganda.
En ambas versiones se plantea que fueron interrogados. En el caso de la línea de investigación que apunta la responsabilidad
hacia el gobierno de Ruiz, se presume que “se les pasó la mano” y que probablemente se encuentran muertos.
Ruiz se ha deslindado de la desaparición de los eperristas, pero en el gobierno cada vez le creen menos. El problema es serio y se
puede poner peor si no hay una pronta respuesta gubernamental. El EPR no ha realizado acciones hasta ahora, aunque hay
indicios de que se está preparando para otra ronda de sabotajes. El 11 de octubre, por ejemplo, el Ejército detectó una célula del
Comando Jaramillista “23 de Mayo” que estaba trasladando explosivos del sur de Tamaulipas a Pánuco, en el norte de Veracruz,
del mismo tipo que usó el comando en Morelos en 2004, y que también se emplearon en los sabotajes a Pemex. El silencio
gubernamental sobre el destino de los desaparecidos no es una buena señal del rumbo de las cosas. Las investigaciones no han
terminado y faltan por agotar hipótesis. El EPR tiene sus armas en vela, lo que no significa una tregua unilateral. Los sabotajes
como respuesta a la desaparición de sus dirigentes, han tenido un calendario de intervalos de dos meses: 10 de julio y 10 de
septiembre. Dentro de esa lógica, el siguiente sabotaje u otro tipo de acción guerrillera, como un eventual secuestro de alto
impacto, tendría que darse el 10 de noviembre. Falta una semana para que se cumpla ese plazo, y esperar sin resultados no
parece ser la decisión correcta. Un adelanto cuando menos del curso de las investigaciones podría ganarle tiempo al gobierno y
evitar otro sabotaje, mientras terminan de averiguar lo que sucedió con Cruz Sánchez y Reyes Amaya y, por más comprometedor
que pueda resultar para todos, se dé a conocer lo que realmente sucedió. No sólo el EPR lo espera, sino también muchos
mexicanos.

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