El asesinato del alcalde de Uruapan y la protesta generalizada de los michoacanos es una muestra, apenas una, de la insatisfacción popular. Si la primera responsabilidad de un gobierno es la seguridad de los ciudadanos, queda claro que hasta ahora las autoridades no han podido o no han querido poner orden. Ni lo pondrán, aunque quieran, si todo se reduce a tirar balazos.
Terribles momentos los que han tocado a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien al llegar a su actual cargo encontró las arcas vacías, todas las obras del sexenio anterior sin terminar, una deuda pública que ya anda arañando los 20 billones de pesos, una economía hundida en algo menos que la mediocridad, 54 por ciento de la población económicamente activa en la informalidad, inseguridad en toda la República, presiones de todo tipo provenientes de Estados Unidos, pobreza y mil problemas más.
La doctora Sheinbaum culpa de la situación a periodistas que llama “comentócratas” y a Felipe Calderón, quien dejó la Presidencia hace 13 años. Si así fuera, los problemas tendrían pronta y eficaz solución. Pero el diagnóstico es equivocado. El principal responsable de la situación del país es Andrés Manuel López Obrador, quien renunció a la aplicación de la ley y en lugar de eso ofreció abrazos a los criminales.
Los periodistas pueden advertir problemas, estimar su alcance y, si se quiere, hasta proponer soluciones, aunque eso no está en sus deberes y generalmente tampoco en sus capacidades. De modo que nada se puede solucionar llamando al linchamiento de todos aquellos que discrepan del optimismo gubernamental.
Felipe Calderón fue un mandatario nefastísimo, pues militarizó al país dizque para combatir el crimen, pero puso al frente a un sinvergüenza que ahora purga una larga condena en Estados Unidos. Impuso a los militares deberes que no les corresponden y el resultado lo conocemos todos: la delincuencia no ha disminuido, siguen las matanzas y día a día crece el número de “desaparecidos”, como le llaman ahora a las víctimas que vivas o muertas son incineradas o sepultadas ilegalmente.
Policías municipales, estatales y federales, así como cuerpos militares o militarizados hasta ahora no han podido contener la criminalidad y cubre a la nación un aire de inseguridad, de miedo y de peligro cierto. De poco sirve detener a dos o tres capos y mandarlos a Estados Unidos para que allá los juzguen, lo que impli-ca una renuncia del Estado mexi-cano a la impartición de justicia.
Pero hay algo peor. Centrarse en el combate y captura de los capos hace que sus lugartenientes se repartan el pastel, y donde había una mafia surgen dos, tres o más. Por supuesto, en la ley está la obligación de combatir la delincuencia empleando toda la fuerza y los recursos de que dispone el Estado, pero igualmente ha de buscar caminos políticos que eviten la reproducción aumentada de las pandillas y le resten a los malos base social, que la tienen y es amplia y poderosa.
El Chicago de los años veinte es un caso que cabe analizar en las condiciones del México actual. Eran los días de la prohibición y la producción, importación y tráfico de bebidas alcohólicas estaba prohibida. Esa ley generó una corrupción generalizada entre los políticos y policías beneficiados por el dinero que recibían de los gángsters.
Como resultado, las medidas de fuerza lejos de reducir el delito, promovieron que aumentara, hasta que Franklin Delano Roosevelt, una vez electo presidente en 1933, envió agentes confidenciales a pactar con las mafias –hoy diríamos cárteles–, y a cambio de que abandonaran las actividades criminales les propuso amnistiarlos y que invirtieran sus fortunas en un lugar de Nevada donde los trenes se detenían para obtener agua. Así nació La Vegas.
Para entonces Al Capone ya estaba en la cárcel, de modo que él no se benefició del ofrecimiento rooseveltiano, pero la mayoría de los capos recibieron con buena disposición la oferta, pues ellos y sus pistoleros podrían tener una vida aceptable dentro del marco legal, lo que les permitió vivir en paz con sus familias y convertirse en poderosos hombres de empresa.
Los que no aceptaron fueron minoría y se les persiguió de manera implacable. ¿Podremos ver algo semejante en México?