Este martes 18 de julio fuimos testigos del show que protagonizaron funcionarios federales que estuvieron de visita en nuestro estado. El secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong estuvo acompañado de Rosario Robles, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) para encabezar un encuentro con beneficiarios del programa “Un Cuarto Más”. También junto con el gobernador del estado Héctor Astudillo dieron arranque al programa “Pintura en Fachadas” teniendo como espectadores a los habitantes de las colonias Tata Gildo y Capellania de la capital del estado.
En otro helicóptero llegó a Cochoapa el Grande el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade, que también llego acompañado del gobernador para hacer entrega de una planta tratadora de aguas residuales. Se lucieron sacándose fotografías con los niños y niñas del pueblo tu un’savi que lucían ataviados con huipiles y cotones de manta. Se presentaron como futuros precandidatos que usan los escenarios como pasarelas, para medir su simpatía y lucir sus atributos como políticos con carisma. No importa tanto lo que vengan a anunciar, ya sea utilizando un rodillo para pintar una pared o discurriendo sobre la rectoría de un Estado fallido. Lo importante, como siempre sucede con los políticos en precampaña es centrar los reflectores en los futuros prospectos. Empezar a darse baños de pueblo y tomar el pulso de la situación que se vive en regiones convulsas.
Son giras millonarias que no están destinadas a responder a las demandas más sentidas de la población, sino que están armadas para el lucimiento personal y el impacto mediático. La población cautiva no cuenta. La siguen tratando como una masa informe, fácilmente manipulable y que sigue siendo víctima del escarnio. Los payasos que entretuvieron a la gente mientras llegaba el secretario de Gobernación y la titular de la Sedatu arremetían contra las mujeres con chistes misóginos y comentarios sumamente ofensivos. Este es el verdadero nivel de la clase política que ve a la gente sencilla simplemente como un número que puede hacer la diferencia en la urna. Un voto que se puede cooptar o comprar. Para ello empiezan a preparar el escenario con programas inmediatistas que generen gran impacto entre la gente, sin que resuelvan los problemas de fondo.
Ir a Cochoapa el Grande sólo para inaugurar una planta de aguas residuales y centrar el mensaje en adulaciones al presidente de la República, ofreciendo un dato frívolo de que Guerrero es el estado más visitado por Enrique Peña Nieto. Con ese mensaje quiso agradar a una población sumida en el olvido y sometida por grupos políticos locales y estatales que han sabido utilizar los programas públicos para amasar fortunas familiares. Anunciaron que el 95 por ciento de “la población mixteca tendrá acceso a agua potable y saneamiento, con una inversión de 51.3 millones de pesos”. Buena parte de la población que escuchó al funcionario federal es monolingüe y analfabeta. Se dedica a la siembra de maíz de temporal y un gran número de familias sale a trabajar durante la temporada de secas a los campos agrícolas de Sinaloa, Chihuahua, Sonora, Jalisco, Zacatecas y Michoacán.
Buena parte de los jóvenes buscan cruzar la frontera para trabajar en el campo o en las cocinas de los restaurantes de comida mexicana. No hay como obtener un ingreso dentro de la misma comunidad. El trabajo agrícola no es remunerado. Son las mismas familias que trabajan jornadas extenuantes para sembrar en su tlacocol. Los niños y las mujeres son parte de esta mano de obra gratuita que lucha por la sobrevivencia. Solo la cabecera municipal cuenta con una carretera pavimentada que comunica con Metlátonoc y que en temporada de lluvias la población queda incomunicada. Más de 90 comunidades están sumidas en el olvido. Desde las tormentas Ingrid y Manuel en septiembre de 2013 varias de ellas fueron devastadas como San Miguel Amoltepec que tuvo que ser reubicado y que hasta la fecha no han sido concluidas las obras de la comisaria, la escuela y varias viviendas. El puente vehicular quedó como ruina en medio de la playa del río Mixteco. Fue un compromiso incumplido que obliga a que las comunidades que se encuentran río abajo como Valle Hermoso, Jicayán de Tovar, El Coyul, entre otros, queden incomunicados y que la gente tenga que arriesgar su vida cruzando el río. Los mismos niños y niñas cuando van a la escuela tienen que hacer frente a este peligro.
Es un municipio donde las mujeres siguen estando relegadas en la toma de decisiones. A pesar de que la autoridad municipal es una mujer, sabemos que son los hombres de su familia los que toman las decisiones y controlan los recursos financieros. El pago de la dote se ha denigrado y ahora han aumentado los conflictos por estos acuerdos que realizan los papás de la joven pareja que están pactados como un monto de dinero. Esta mercantilización ha cosificado más a la mujer incrementado la violencia y el sojuzgamiento por parte de las autoridades municipales y tradicionales.
Las visitas de los funcionarios federales a las comunidades indígenas muestran los dos polos opuestos de nuestra realidad mexicana. Los políticos urbanos llegan en calidad de redentores remarcando su postura etnocéntrica de lo que es el desarrollo y fortaleciendo el centralismo político. No hay un intento por acercarse a una realidad que interpela y que pone en cuestionamiento las políticas diseñadas por el gobierno federal para combatir la pobreza. La postura vertical del poder sólo fortalece el autoritarismo e impone un modo de ejercer el poder. Las comunidades indígenas son parte del folclor de los políticos, nunca son tratadas como sujetos de derecho, mucho menos hay un compromiso por combatir la desigualdad y romper con estas estructuras que pisotean a los más vulnerables.
Y en la cátedra que vino a dar el secretario de Gobernación después de acompañar a Rosario Robles para pintar algunas fachadas de los colonos, dijo que “el Estado va a recuperar la rectoría de la seguridad”, “que quede claro: la potestad de la seguridad está en manos de los gobiernos municipales, estatal y federal. Nada permite bajo ninguna razón, que se pueda armar la sociedad porque entonces estaríamos en la anarquía a la que algunos quisieran que llegáramos. De ninguna manera lo vamos a permitir”. Después de cuestionar el papel que desempeñan las autodefensas, que supuestamente son usadas por la delincuencia contra las autoridades, reafirmó que el gobierno federal estará “presente para devolver la tranquilidad, no para generar violencia, y si están pidiendo la salida de algún grupo institucional de seguridad es porque seguramente quieren que se les abra la puerta para hacer sus fechorías y actuar al margen de la ley y eso no lo podemos permitir”.
Esta postura que muestra firmeza contrasta con la grave crisis de seguridad y el alto índice de muertes violentas que ponen en entredicho la estrategia que ha implantado el presidente Enrique Peña Nieto. El problema actual no es la proliferación de grupos de autodefensa o la conformación de nuevas policías comunitarias. El punto nodal es la impunidad, la corrupción y la colusión que se ha generalizado entre grupos de la delincuencia organizada, miembros de las policías, elementos del Ejército y autoridades civiles. Hay un colapso de las instituciones de seguridad y justicia. Las ciudadanas y ciudadanos desconfían de las autoridades encargadas de la seguridad y de la procuración de justicia. Las mismas estadísticas recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, hablan que en la capital del estado, Acapulco y Zihuatanejo la mayoría de personas mayores de 18 años afirma que se sienten inseguras de vivir en estas ciudades. No es casual esta percepción, por el contrario es la cruda realidad que nos desquicia, porque no se trata de una pregunta ociosa más bien atrás de esta respuesta está el dato cruento de que nuestro estado sigue siendo el más violento del país. Que “en promedio cada tres horas y media una persona fue asesinada en Guerrero en junio”, pues tomando como fuente al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) en junio se registraron 206 asesinatos y durante el primer semestre de 2017 la entidad acumuló mil 161 homicidios lo que confirma que Guerrero es el más violento del país. Junio fue para el SESNSP el más cruento de los últimos 20 años. La tendencia a la alza ha roto el record histórico, lo que nos indica fatídicamente el fracaso de esta estrategia de seguridad implantada desde hace 11 años con Felipe Calderón.
Las mismas cifras oficiales están demostrando el fracaso de un modelo de seguridad que ahora quiere adquirir un estatus constitucional. La iniciativa de Ley de Seguridad Interior impulsada por el mismo secretario de la Defensa Nacional es un gran riesgo para la sociedad en general que ha sido víctima de la violencia que trae aparejada la consumación de graves violaciones a los derechos humanos como desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, desplazamientos forzados y tortura. El paradigma de una seguridad militarizada no es la solución ni el camino a seguir en un estado que ha padecido la guerra sucia de la década de los setentas, donde centenares de víctimas siguen reclamando justicia y demandando investigaciones para dar con el paradero de sus familiares. Los crímenes del pasado son una herida abierta que se acrecienta con la guerra contra las drogas. El combate a la impunidad es una demanda prioritaria, el castigo a los perpetradores y la garantía de no repetición de estos crímenes atroces es una deuda histórica que los gobiernos federal y estatal tienen que saldar con el pueblo de Guerrero.
A nivel estatal el gobernador tiene que entender que este panorama sombrío no se resolverá aumentando el número de efectivos militares, ni acrecentando los grupos de la Policía Federal. Tiene que abrirse a discusiones más amplias y a conocer de fondo los paradigmas de la seguridad basadas en el respeto a los derechos humanos. Debe también de nutrirse de los planteamientos que llegan de la misma sociedad. En Guerrero hay una experiencia exitosa del proyecto histórico de la Policía Comunitaria. Hay 22 años que la respaldan. En la región donde se aplica la población se siente segura y los delitos de alto impacto están a la baja. Por estas razones tienen que atender en su justa dimensión el proyecto de decreto de reforma constitucional presentado por la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias y organizaciones de los pueblos de la Montaña, así como nuestro Centro de Derechos Humanos. Es una propuesta que constituye un avance en el tema de los derechos de los pueblos indígenas y es una iniciativa que busca hacer efectivo el derecho a la libre determinación y autonomía de los pueblos. Esta contribución generosa no tiene otro interés más que apoyar la lucha contra la violencia criminal y la misma violencia institucionalizada. Este es el gran desafío para el gobierno del estado. Apostarle a una ley y a un modelo de seguridad basado en los derechos humanos y en el reconocimiento de los pueblos indígenas. Esta propuesta es en verdad un planteamiento serio para el futuro de nuestro estado, no es una ocurrencia ni acciones improvisadas como las que vimos con los funcionarios federales que se lucieron pintando fachadas de casas.