El robo de combustible en los ductos de Pemex es cosa vieja, pero ha cobrado relevancia en los últimos años porque lejos de disminuir ha venido aumentando de manera ininterrumpida hasta sumar unos 20 mil millones de pesos cada año. Las cosas parecen haber llegado al extremo la noche del 3 al 4 de mayo, en Palmarito, municipio de Quecholac, Puebla, cuando ocurrió un par de enfrentamientos de la fuerza pública no sólo con los delincuentes, sino con la población, lo que arrojó un saldo de diez muertos y por lo menos 12 heridos por arma de fuego.
No es la primera vez que los ladrones de combustible son noticia, pues el estallido de los ductos, cada vez más frecuente, despierta el interés de los medios de comunicación. Tampoco es novedoso que los huachicoleros (nombre que se da a estos delincuentes) se enfrenten a policías y soldados, pues en el estado de Puebla ha ocurrido por lo menos seis veces en este año y horas después de los sucesos de Quecholac hubo un enfrentamiento en Tula, Hidalgo y el día 6 otro cerca de Acayucan, Veracruz, en tanto que en Guadalajara, en un depósito donde la PGR guardaba 16 pipas confiscadas a los delincuentes, llegó un comando de éstos que recuperó seis vehículos.
Lo ocurrido en Quecholac muestra, por si hiciera falta, que la delincuencia forma parte del tejido social y que, contra lo que suele creerse, no hay una línea que separe a los buenos de los malos. Dicho de otra manera, la criminalidad ya no es asunto únicamente de los delincuentes, tradicionalmente mal vistos por su comunidad y hasta por sus familias, las que ahora, además de salir a la calle en defensa de los ordeñadores de ductos, participan alquilando las cisternas de sus casas para almacenar combustible o, como es el caso de algunos taxistas de la Ciudad de México, se surten directamente de pipas que llegan hasta las Lomas de Chapultepec.
Son varios los factores que han propiciado esta situación. El principal es la impunidad, pues si la ordeña de ductos crece de manera imparable es porque existe complicidad con técnicos, liderzuelos sindicales y funcionarios de Pemex, dueños de gasolineras, traileros, jefes policiacos, alcaldes y de ahí para arriba.
La intervención de los técnicos se hace necesaria porque conocen el manejo de las tuberías, lo que no es algo al alcance de cualquier persona; los funcionarios participan actuando con disimulo ante la pérdida de presión de los ductos y la llegada a los puntos de destino de menos combustible que el enviado; los dueños de gasolineras y los traileros porque compran los hidrocarburos en plena calle o en carretera, a precio muy inferior al del mercado; los líderes sindicales porque muy probablemente son los que organizan las escuadrillas que realizan el trabajo ilegal y los jefes policiacos y los alcaldes porque son beneficiarios de los infaltables moches.
Los funcionarios de más arriba, aparte de que puedan beneficiarse de la extracción ilegal, tienen el objetivo de llevar a Pemex a la ruina total, a su desaparición, lo que no es algo nuevo. Desde hace varios sexenios se optó por no construir refinerías ni dar a las existentes el indispensable mantenimiento. Como resultado, se importa un alto porcentaje del combustible que requiere el país.
Lo mismo ocurre en todos los sectores del ramo petrolero. Para justificar la entrada de capitales privados se optó por el abandono de las instalaciones, los recortes presupuestales, el fomento sistemático de la irresponsabilidad laboral y el saqueo indiscriminado de la otrora próspera paraestatal. Los resultados están a la vista.
La actuación de los huachicoleros es parte de ese entramado siniestro que ha contribuido al hundimiento de Pemex. Por supuesto, se sabe de ocasionales operativos policiacos o militares para combatir a estos delincuentes, pero son mínimos y poco eficaces a juzgar por el crecimiento incesante de los puntos de extracción ilegal y del total de combustible robado, lo mismo que por la multiplicación de pandillas dedicadas a tan próspero negocio, cada vez mejor dotadas de recursos, lo que se pudo comprobar en Quecholac con la incautación de armamento y vehículos, entre ellos dos camionetas blindadas.
A lo anterior agréguese que las bandas cuentan con información oportuna de los propios funcionarios de la empresa petrolera, pues saben dónde y cómo actuar con menos riesgo y mayor provecho. Pero nadie se preocupe, que ya ordenó Peña Nieto combate frontal a los huachicoleros.