Lo que usted leerá en esta columna es una crítica al trabajo del gobierno federal en materia de seguridad aplicado a Sinaloa. Un Poder Ejecutivo que, como todos sabemos, está liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, los secretarios de Marina y Ejército, así como el hombre fuerte en seguridad del gabinete presidencial: Omar García Harfuch.
Lo que este gobierno logre o quede a deber en protección ciudadana tendrá, en realidad, sólo dos responsables ante la opinión pública: Sheinbaum y García Harfuch.
La batalla en Sinaloa inició desde antes de que llegara al gobierno la presidenta Sheinbaum. Comenzó el 25 de julio, cuando Ismael Zambada García, alias El Mayo, fue citado por Los Chapitos –los hijos de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo– en un campestre a las afueras del casco urbano de Culiacán. Según lo relató Zambada en una carta, él fue convocado al sitio porque le dijeron que allí estarían tres personas más con las que tenía interés en platicar: Iván Archivaldo Guzmán Salazar, líder de Los Chapitos; Hérctor Melesio Cuén Ojeda, cacique de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa. La charla, relató El Mayo, abordaría el proceso de sucesión en la UAS, un acto político que mantenía confrontados a Rocha y a Cuén, porque ambos querían controlar a la máxima casa de estudios.
Hay que decir que Rocha Moya negó y ha negado todo el tiempo que esa versión fuese real, y para ello mostró boletos de un viaje exprés que hizo a Estados Unidos en un vuelo privado facilitado por Jesús Vizcarra Calderón, el empresario más poderoso de la res en México, propietario de la marca SuKarne y líder de la IAP Salud Digna.
Aquí fue cuando empezó la historia, ya que Zambada fue presuntamente traicionado por Los Chapitos, subido a la fuerza a un avión privado y entregado directamente al gobierno de Estados Unidos. En el vuelo iban dos personas identificadas: otro hijo de El Chapo Guzmán: Joaquín Guzmán López, y El Mayo Zambada.
Aunque la Fiscalía General de la República inició una atípica, rápida y efectiva investigación, se topó con la no colaboración estadunidense. En México algo pasó que la investigación topó con pared y se halla estancada.
Bueno, ahí inició esta batalla. Pasaron unas semanas mientras se agrupaban los bandos, se capitalizaban y se armaban, y el 9 de septiembre pasado empezaron el enfrentamiento armado. Van, hasta el momento: mil 200 muertos, más de mil desaparecidos y más de 4 mil autos robados en ocho meses.
Los esfuerzos del gobierno federal encabezados por García Harfuch tienen cifras que presumir, claro que sí: un número inédito de detenidos, armas, explosivos asegurados, patrullajes intensos, desmantelamiento de laboratorios de drogas, decomisos de autos blindados, cateos y mucho más.
El problema es que no ha sido suficiente.
Es verdad que los primeros meses de combate parecía que iba con la estrategia correcta, pero a ocho meses de conflicto abierto y violento ha comenzado a mostrar sus debilidades e insuficiencias, hasta palidecer. La violencia se desborda y no ha podido “contenerla”, como presumió a fines del año pasado.
Mientras el 5 de mayo en México se recordaba la Batalla de Puebla, Sinaloa se sacudía con su propia batalla interna. Según las primeras versiones de pobladores, las estructuras delictivas están sufriendo un reacomodo que incluye nuevas alianzas y, por supuesto, nuevas traiciones. En unas horas ya no sólo era Culiacán y algún otro municipio con altibajos en seguridad, ahora todo el estado, prácticamente, se incendiaba a la vez.
Esa fue la mayor demostración de que, cuando el crimen organizado lo determina, puede hacer entrar en crisis a todo un sistema militar-policial como el mexicano, un sistema que esta semana se ha conformado con ser espectador.
De forma simultánea se activaron las camionetas con blindaje artesanal, los cuernos de chivo, las calibre .50 en más de 10 municipios de los 20 con los que cuenta ahora Sinaloa. El gobierno se vio totalmente rebasado, o mejor dicho: no se vio y no se ha visto.
García Harfuch lo ha intentado, pero simplemente no ha podido. Por más acciones importantes que han tomado en el gobierno federal, nada ha sido suficiente para domesticar la fuerza criminal. Los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador los dejaron crecer a placer, y ahora nadie sabe cómo devolver el tigre a su jaula… García Harfuch tampoco.