El 25 de junio del 2015, David Cienfuegos (en aquella fecha, secretario general de Gobierno), por instrucciones de Rogelio Ortega (en aquellos días, gobernador de Guerrero), envió y solicitó a los integrantes de la LX Legislatura del Congreso del estado de Guerrero, analizar, discutir y, en su caso, aprobar los decretos para crear los municipios de Santa Cruz del Rincón, de las Vigas, de San Nicolás y de Temalacatzingo.
En los dos meses que faltaban para fenecer las actividades de la LX Legislatura, no se analizaron, ni discutieron y mucho menos aprobaron los decretos para crear los cuatro municipios en referencia. Las iniciativas quedaron aplazadas y los legisladores no lo incluyeron en su agenda de prioridades.
Por parte del PRD, el factor Ángel Aguirre Herrera, que en la LX legislatura presidió la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación, representó un impedimento para dictaminar los fundamentos en la creación de los nuevos municipios. Por sus crónicas ausencias, Aguirre Herrera dejó acéfala la Comisión que presidía. Infinidad de dictámenes quedaron rezagados y lo esencial del oficio parlamentario, no se realizó. En ese contexto, la iniciativa para crear los nuevos municipios quedó abandonada por la Comisión que tenía como mandato dictaminarlas.
En este período legislativo, la postura del PRI fue defendida por Héctor Apreza Patrón, que en aquel tiempo fungía como Coordinador de la fracción parlamentaria de su partido y Secretario de la Comisión de Gobierno. La crítica de Apreza Patrón es querer “sustentar las iniciativas en un artículo que no existe”. Reiteró que en la argumentación para crear los nuevos municipios hay un error grave por invocar “un artículo de la ley, el 13A que simplemente no lo encontramos porque no existe”. (MPS / Agencia de Noticias, 5/IX/15). Sin profundizar en el argumento, la opinión equivocada de Apreza Patrón fue asumida por la mayoría de los legisladores priístas. La Ley Orgánica del Municipio Libre de Guerrero, es la base legal a la que hace referencia Apreza y es uno de los fundamentos jurídicos (pero no el único) para defender el derecho de los pueblos indígenas y afrodescendientes para crear sus jurisdicciones municipales.
Los opositores en la creación de los nuevos municipios, sustentan su argumentación en el numeral III del artículo 13 de la mencionada ley orgánica donde señala. “…que las poblaciones que integren el proyecto de creación del nuevo municipio, deberán exceder de 25 mil habitantes…”. No obstante, el inciso “A” del citado artículo, salvaguarda otras posibilidades que superan el criterio poblacional para crear nuevos municipios al indicar: “…Dicha solicitud se tendrá por justificada cuando pretenda resolver cualquier problema del núcleo poblacional de índole administrativo, político, económico, social, religioso, cultural o que ya no respondan a las necesidades de asociación en vecindad con el municipio al que pertenecen…” (Reforma de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Guerrero del 28 de agosto del 2015).
Ese y otros incisos del artículo 13A son la base de sustentación para dirimir el diferendo del criterio poblacional para crear los nuevos municipios de Santa Cruz del Rincón, Las Vigas, San Nicolás y de Temalacatzingo. Superando el criterio poblacional, todos los requisitos se cumplen satisfactoriamente. Se acerca el momento de dar respuesta perentoria a esta iniciativa de los pueblos indígenas, mestizos, costeños y afrodescendientes.
En su legítimo derecho para conquistar su demanda, los promoventes de los cuatro municipios de la región Costa Chica y Montaña, han realizado diversos mecanismos de presión social: bloqueos carreteros, toma de instalaciones al Congreso, mítines, plantones, marchas, manifestaciones y otras formas de gestión política. También han utilizado la vía diplomática en la interlocución con el gobernador, diputados y otros funcionarios del gobierno estatal. En fecha reciente, Pánfilo Sánchez, en representación de los cuatro municipios, hizo alocución en la Organización de las Naciones Unidas para “…instar a los tres poderes públicos del estado de Guerrero a que se apruebe la creación de los municipios que proponemos…”.
A petición de la diputada Flor Añorve, Presidenta de la Comisión de Gobierno de la actual Legislatura, desde el 1º de octubre del 2015, le fueron entregados, del aún gobernador Rogelio Ortega, los cuatro decretos para crear los municipios multicitados. Es de suponer que la diputada Flor Añorve canalizó las propuestas, para su dictamen respectivo, a la diputada Rosa Coral Mendoza Falcón, en su carácter de presidenta de la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación. Desde el legislativo, esta es la Comisión que elaborará el dictamen correspondiente y lo pondrá a consideración del pleno del Congreso.
Si prevaleciera la autonomía y división de poderes, el Congreso sería la autoridad suprema para “…crear nuevos municipios dentro de los existentes, modificar sus límites, suprimir o fusionar alguno de ellos, con base en criterios técnicos de orden demográfico, político, social y económico…” (Artículo 12 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Guerrero).
Lamentablemente, en Guerrero, la decisión dominante para crear o rechazar nuevos municipios, sigue siendo facultad del Ejecutivo local. El 25 de mayo pasado, Florencio Salazar, en su carácter de secretario general de Gobierno, acordó con la UPOEG y con los gestores de los cuatro municipios, revisar a más tardar en un mes la solicitud para la creación de nuevos municipios. Enfatizó que “dicha revisión determinará la vialidad política y social para impulsar el proceso de creación o en caso esperar a que cumplan con todas las condiciones y requisitos que establece la Constitución Política del Estado de Guerrero”.
De acuerdo al tiempo definido por Florencio Salazar, el 25 de junio próximo determinarán la factibilidad política para crear los nuevos municipios. Ojalá que paralela a esa fecha, el Congreso también defina su postura. Como lo indica el secretario de Gobierno, la decisión se supeditará a lo que establece la Constitución Política de Guerrero. Ello es cierto. Pero también es cierto que hay un bloque de constitucionalidad nacional e internacional donde los pueblos indígenas y afrodescendientes podrán apelar a que se respeten sus legítimos derechos. Obvio, sin menoscabo de la presión social que los pueblos demandantes determinen.