Mi propuesta es integrar una agenda legislativa ambiental de izquierda y ciudadana. Se trata de dejar de privilegiar el interés privado sobre el público en el ambiente y los recursos naturales del país, hay que revertir este proceso. Por ello, hay que comprender que son urgentes y necesarias todo un abanico de reformas para las actuales leyes ambientales, desde la del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la Ley General de Cambio Climático, la nueva Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la de Vida Silvestre, la de Residuos. Hay temas en la legislación que deben ser procesados, desde hacer efectiva la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones ambientales, la inclusión del principio precautorio, el no al fracking, la defensa de la biodiversidad ante la biopiratería y el extractivismo de la minería y los hidrocarburos, la mitigación y adaptación al cambio climático como una real política de Estado; impulsar el urgente ordenamiento ecológico del territorio del país para hacer de la planeación ecológica territorial una política ambiental de largo plazo; asimismo, se requieren reformas al procedimiento de evaluación del impacto ambiental tanto para mejor la evaluación de proyectos, como para considerar la evaluación de programas de la administración pública.
Por supuesto, se deben impulsar otras reformas importantes como la de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, para que sea de bioseguridad efectiva respecto a los transgénicos o impulsar una nueva Ley General de Aguas, que haga efectivo el derecho constitucional agua para las personas.
No omito mencionar que todas estas reformas deben ser sujetas a una amplia discusión con los diversos actores de la sociedad, consulta pública a la ciudadanía y a los pueblos indígenas en su caso. Finalmente, estamos hablando de encontrar soluciones consensuadas para legitimar el quehacer del Congreso de la Unión en sus dos Cámaras, la de diputados y la de senadores. Esto, previo a su dictamen final en las Comisiones respectivas de ambas Cámaras para su posterior aprobación final en sus plenos.
En fin, la agenda legislativa ambiental es amplia y va a requerir de un trabajo responsable y dedicado de los futuros legisladores de todos los partidos políticos, en especial de aquellos comprometidos con el ambiente. Espero, por el bien del país, que se logren muchos consensos.