EL-SUR

Sábado 04 de Mayo de 2024

Guerrero, México

Opinión

Gobernador perredista… y presidencialista

Juan Angulo Osorio

Septiembre 13, 2006

Más para el consumo nacional que para el local, el gobernador Zeferino Torreblanca sorprendió anteayer suscribiendo una posición conjunta con la gobernadora de Zacatecas Amalia García, y con los gobernadores de Michoacán Lázaro Cárdenas Batel y de Baja California Sur, Narciso Agúndez Montaño en la que se hace un abierto cuestionamiento al presidente electo Felipe Calderón Hinojosa.
Se trata del discurso que Amalia García leyó en nombre de los cuatro en el desayuno de los gobernadores de todo el país –menos Alejandro Encinas– con Calderón en el que le recordaron a éste que, según las cifras oficiales, apenas rebasó con 0.56 por ciento de los votos a Andrés Manuel López Obrador, y consideraron “inaceptable” su discurso del domingo en la Plaza México en el que descalificó llamándolos violentos y representantes del pasado a “cerca de 15 millones de mexicanas y mexicanos que como nosotros votaron por la coalición Por el Bien de Todos”.
Y Zeferino Torrablenca no se limitó a suscribir tal señalamiento, sino que también acompañó a sus pares en la negativa de posar con Calderón en la fotografía oficial de la Convención Nacional de Gobernadores que se celebró el lunes en Nuevo Vallarta, Nayarit.
Digo que se trata de una actitud para el consumo nacional, porque en la comunicación oficial que difundió el gobierno del estado se minimiza el diferendo con Calderón. El boletín de prensa 731-06 de la Dirección General de Comunicación Social lleva el inexpresivo título de “Asiste Zeferino Torreblanca a la 29 reunión ordinaria de la Conago”, que se acompaña con los siguientes sumarios: “Presentan gobernadores propuesta en educación por el agotamiento del modelo que se construyó hace 14 años” y “Solicitan que se entreguen los recursos que se adeudan a varios estados”, temas estos últimos que no dejan de ser importantes, pero que no son la nota principal en los días que corren.
Es apenas hasta el cuarto párrafo del mencionado boletín que aparece el cuestionamiento al presidente electo, a quien el redactor del texto se refiere simplemente como “el licenciado Calderón”.
En ese boletín siempre se pone como autores de la declaración a los cuatro gobernadores del PRD, y en ningún momento se aclara que la misma fue expuesta solamente por la gobernadora Amalia García.
En las notas de los diarios nacionales no aparece ninguna declaración de Torreblanca sobre el tema, a diferencia de Cárdenas Batel quien dijo a reporteros después del desayuno que “el PRD tiene un cuestionamiento muy severo respecto al proceso electoral… Como gobernadores coincidimos con la lucha del PRD, con la lucha de Andrés Manuel López Obrador, nosotros votamos por él y en este caso nos toca seguir trabajando como gobernadores, más allá de la opinión que nos merezca el propio proceso electoral, no podemos hacerlo de otra manera”. (El Sur, 12-09-06 pp. 19).
Aquí en Guerrero Torreblanca no ha sido tan explícito como para decir que coincide “con la lucha” del PRD, “con la lucha” de López Obrador, términos que no figuran en su vocabulario.
Otra sorpresa que puede asimismo quedarse sólo para el consumo nacional es la firma de Torreblanca con los mismos gobernadores de un desplegado que titulan “Por una reforma profunda a las instituciones de la República”, que se publicó ayer en diarios de circulación nacional.
Allí, Agúndez, Cárdenas, García y Torreblanca indican que “cada día que pasa es más evidente el agotamiento del régimen político presidencialista, así como la necesidad de transformarlo y construir un nuevo andamiaje institucional democrático, garante de la legalidad y de los derechos ciudadanos”.
Luego afirman que “los gobernadores de los estados de Guerrero, Michoacán, Baja California Sur y Zacatecas compartimos con nuestros compañeros del Partido de la Revolución Democrática y de la coalición Por el Bien de Todos la necesidad de un cambio profundo de las instituciones nacionales. Es nuestra convicción que tal proceso de cambio deberá implicar reformas sustantivas y de fondo en los conceptos, en las leyes y en las prácticas, a efecto de consolidar cabalmente la democracia en México y alcanzar las metas de equidad, progreso y bienestar que nuestro pueblo requiere”.
En otro párrafo, los cuatro gobernantes saludan la “realización de la Convención Nacional Democrática… esfuerzo (que) habrá de ofrecer aportaciones fundamentales en aras de la transformación de las instituciones nacionales y la consolidación de un sistema democrático que no puede limitarse al plano electoral. Resulta imperativo que la vida pública en México se signifique por un activo compromiso con el mejoramiento social; por un empeño nacional que reduzca la pobreza y la injusticia, puesto que son éstas las verdaderas enemigas de la democracia y un auténtico peligro para México”.
De modo que los guerrerenses ahora sabemos, gracias a un desplegado para el público del país, que nuestro gobernador está a favor de transformar el régimen presidencialista; que respalda que haya un cambio profundo en las instituciones nacionales que no se limite al plano electoral; y que apoya sin reservas la convención nacional democrática que convocó López Obrador (a quien por cierto no se le menciona en ningún momento).

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Esta renovada profesión de fe democrática del gobernador de Guerrero se pondrá a prueba aquí más temprano que tarde. Hoy, por ejemplo, se instalará en el Tribunal Superior de Justicia la Mesa Central de alto consenso y firma de la declaratoria política de la reforma democrática del Estado.
Después de presiones de la opinión pública, de diputados y de algunos partidos el gobierno fue obligado a dejar atrás la pretensión de sólo impulsar una reforma electoral, como era el propósito de Torreblanca. Habría sido una incongruencia que en Guerrero, donde existe una correlación de fuerzas favorable al cambio, los actores políticos cedieran a la intención de Torreblanca de dejar intactas las instituciones que no tienen relación con lo electoral. Ello solamente habría servido para fortalecer el presidencialismo a escala estatal, que eso es la omnipresencia del Poder Ejecutivo en la vida política, social y económica del estado y su predominio sobre los otros dos poderes y, más aún, sobre las mismas instituciones autónomas cuyos titulares acostumbran rendir pleitesía al gobernador en turno.
Esto debe terminar. No puede pregonarse el fin del presidencialismo en el país si en el estado se mantienen los controles y los vicios antidemocráticos propios de ese régimen. Por ejemplo, la continuada injerencia del gobernador en la vida interna de los municipios, que está cerca de causar una crisis política en las relaciones con más de un ayuntamiento, señaladamente el de Acapulco donde parece que está llegando a su fin la tregua en el áspero enfrentamiento político que protagonizan el gobernador y el alcalde.
Un nuevo episodio fue la visita furtiva de ayer de Zeferino Torreblanca al puerto donde recorrió las instalaciones de la escuela primaria Ejército Mexicano, cerca del cuartel de Llano Largo, acompañado del comandante de la Novena Región Militar, general Salvador Cienfuegos, y del secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Guillermo Torres Madrid, pero sin el presidente municipal Félix Salgado Macedonio.
La víspera, éste había declarado que no sería “dama de compañía de nadie”, frase que se suponía que solamente estaba dirigida al eventual presidente de la República Felipe Calderón, pero que según ahora se ve tenía también como destinatario al propio gobernador de Guerrero.
Aunque el conflicto entre estos gobernantes no es nuevo, es la hora de que no emerge a la superficie, pues ambos políticos son conspicuos habitantes de la República simulada que prevalece en el país en la cual no se acostumbra el debate franco de las ideas y de los proyectos de trabajo.
Si bien hay diferencias entre Torreblanca y Salgado que van más allá de su estilo personal de gobernar, el conflicto se despliega sólo con señales y mensajes.
Si el gobernador llama patriotas a los empresarios que invierten en Acapulco, el alcalde les recuerda que varios no están al corriente en el pago de impuestos, derechos y licencias. Si Zeferino marcha a la cabeza de los campesinos que apoyan la presa La Parota y promueve una política de represión a los opositores, Félix dialoga con éstos y se niega a que la policía municipal los desaloje de los pozos de la CAPAMA que tomaron en abril pasado.
Pero de las intrigas y los golpes bajos del grupo del gobernador contra el alcalde hablaremos en otra ocasión. Por lo pronto dejemos que hoy ambos posen sonrientes para la foto.

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A propósito de la frustrada visita del presidente de Bolivia Evo Morales. Los diputados de la izquierda perredista siempre en ocasiones anteriores cedieron para que la presea Sentimientos de la Nación se otorgara por consenso, incluso a personajes como Guillermo Soberón Acevedo, quien fue un dedicado persecutor del sindicalismo y del movimiento estudiantil democrático durante sus ocho años de rector de la UNAM.
Y ahora que propusieron a un honorable representante de los ideales de la izquierda y de los pueblos del continente, las bancadas de la derecha simplemente se opusieron al consenso. Es una fotografía de lo que sucede en el país.
A propósito, Hugo Pacheco León me recordó el perfil del diputado priísta René González Justo, quien envió una carta a Evo Morales en la que le dice precisamente que su designación no fue por consenso y le insinúa que habrá problemas en la ceremonia. (Se publica íntegra en la página 4).
González Justo, quien dice al boliviano Evo Morales que tiene “principios ideológicos y revolucionarios” y una “férrea convicción democrática”, fue el primer presidente municipal del primer ayuntamiento instituyente de Marquelia, cargo para el que fue impuesto desde el Congreso local por su primo, el diputado Juan José Castro Justo, quien fungía como presidente de la Comisión de Gobierno.
Ya en el gobierno municipal de Marquelia, escribe Hugo Pacheco, fue acusado de apoderarse de terrenos ejidales frente a la Playa Tortuga, donde existe el proyecto de construit una ciclopista turística, y demandado por el ejidatario Ángel Piza.