Si nos inclinamos demasiado a la democracia, pronto caeremos en la monarquía. Alexander Hamilton.

El nombramiento de los 32 coordinadores federales por parte del presidente electo se está convirtiendo en la principal controversia política con los gobiernos estatales, por representar, a todas luces, una decisión más política que administrativa que busca establecer un cuarto poder, porque esta figura está diseñada para concentrar poder, atribuciones, facultades y recursos del gobierno federal en una sola persona sin tener todos los conocimientos técnicos, administrativos, jurídicos, programáticos y financieros que se requieren para administrar las representaciones de todas las secretarias de Estado.
Se les va a dar un poder político sin haber sido electos, compitiendo en capacidad presupuestal, de acción y liderazgo con los poderes ejecutivos locales, y por eso su nombramiento bien puede ser el de gobernadores federales sobre todo de aquellos perdedores que no pudieron ganar la elección como candidatos a gobernador.
El inicio de una nueva administración federal y la elección de un presidente de la República, sea del matiz ideológico que sea, no tiene por qué negar la esencia misma de la nación mexicana que a fuerza de luchas y vidas de cientos de miles de mexicanas y mexicanos contra intenciones de control absolutista y centralista, enarbolaron la bandera de la unidad federalista tomando en cuenta el pluralismo y las diferentes circunstancias de cada estado.
Si se pretende una Cuarta Transformación de la patria tendrá que ser respetando las luchas y vidas de quienes hicieron posible las tres primeras transformaciones, tendrá que ser respetando la memoria de Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Josefa Ortiz de Domínguez, José María Morelos, Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria, Nicolás Bravo, los Constituyentes del Primer Congreso de Anáhuac y de Apatzingán, de Juan N. Álvarez, de Ignacio Manuel Altamirano, Benito Juárez, Francisco I. Madero, Francisco Villa, Emiliano Zapata, Venustiano Carranza y Lázaro Cárdenas, quienes siempre tuvieron la claridad de no permitir un poder centralizado que gobernara al país como si no existieran las soberanías estatales.
Los Sentimientos de la Nación, nuestras Cartas Máximas de Apatzingán, de 1857 y de 1917, han dejado claro que la base y razón de ser de la Federación son las soberanías de los estados y no los poderes que se pretenden absolutistas; el origen de la federación mexicana es la lucha de habitantes de todos los estados, desde donde se luchó por la independencia, contra la intervención extranjera, donde se alzó la revolución contra la dictadura porfirista; la federación no nace en el centro del país sino en los estados por eso, por razones históricas, los estados deben ser respetados por el gobierno federal, respetar sobre todo su soberanía, que es la voluntad de sus habitantes evitando imponerles un cuarto poder.
La administración federal entrante no debe perder de vista que la federación es un ente político administrativo que surge del pacto que hacen los estados, no de la voluntad del presidente en turno; la nación la componen los estados, sus soberanías, no el Poder Ejecutivo federal. La federación es la unidad de los estados y no los poderes federales. La federación surge de la soberanía y voluntad de los estados y no al revés que los estados o la nación surjan de los poderes federales.
Ganar una elección de la Presidencia de la República no da el derecho de hacer con el país y los poderes públicos federales lo que se quiera, los poderes federales no nacen de una elección, los instituyen los estados a través de sus representantes al Congreso de la Unión, incluyendo el poder presidencial.
La Ley Suprema de la Nación suscrita por las soberanías estatales y aprobada por sus representantes ante el Congreso de la Unión, que también sale de los estados, mandata que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en República representativa, democrática, laica y federal. No se constituye por la voluntad de unos de los tres poderes públicos.
En su artículo 90 nuestra Carta Magna establece que la administración pública federal distribuirá los negocios del orden administrativo de la federación a cargo de las Secretarías de Estado, y no a cargo de un representante plenipotenciario dependiente directamente del Presidente de la República como pretenden serlo estos gobernadores federales.
Es correcto que algunos gobernadores han reservado su aprobación a esta figura, no es cuestión de confrontar y contrariar sino de defender el pacto federal que han establecido los estados los cuales establecen el gobierno federal, de hecho por esta razón el presidente electo debió haber hecho la propuesta primero a los estados y no hacerlos imponer como pretende.
Los gobernadores y congresos locales deben exhortar al presidente de la República electo a que respete el artículo 90 de la Constitución Política de los Mexicanos a fin de que en los estados los negocios de la federación estén a cargo de las respectivas Secretarías de Estado y no de un emisario personal del presidente de la República; si ya no se quiere una República federal y regresar a la República centralista tendrá que ser propuesto y aprobado en las cámaras del Congreso de la Unión y de los estados, pero no aceptaremos que de un plomazo el presidente electo desaparezca el régimen federalista y lo que mandata la Ley.
Vuela vuela palomita y ve y dile: A López Obrador que está bien que ande muy trabajador, pero eso no le da derecho a dejar de ser leal al pacto federal.