El punto crítico al que ha llegado el caso de las investigaciones del asesinato del diputado
Jorge Bajos es resultado del estilo personal de gobernar que se instaló en Casa Guerrero
desde el 1 de abril de 2005, que consiste en no atender ninguna crítica, ningún reclamo,
ninguna sugerencia, ninguna petición, ningún exhorto, porque eso demostraría que el
gobernante es débil.
La versión fabricada por la Policía Ministerial del estado pierde fuerza a cada día que pasa,
y sólo la defienden el gobernador, el secretario general de Gobierno, el coordinador de la
Comisión de Gobierno del Congreso, el presidente estatal del PRD y cada vez menos
periodistas o analistas políticos. Algunos de éstos que incluso festejaron inicialmente la
versión de que los panistas de Guerrero se mataban ¡por una curul de diputado!, han
moderado sus comentarios y hasta rectificado.
El 31 de enero de 2006, hace casi un año, a raíz del espectacular enfrentamiento entre
policías municipales y presuntos narcotraficantes en la colonia Garita de Acapulco en el
que murieron cuatro de éstos, el Comité Ejecutivo Estatal del PRD ordenó publicar un
desplegado en estas páginas en el que “pide” al gobernador del estado “no dar marcha
atrás y que con serenidad inicie una revisión a fondo de los cuerpos policiacos de nuestra
entidad, sometiendo a investigación a elementos acusados de corrupción y finque
responsabilidad penal a quienes se les compruebe su participación o complicidad con el
crimen organizado”.
El 23 de junio también del año pasado, en el contexto de un recrudecimiento de la
narcoviolencia que azota al estado desde enero de 2005, y casi seis meses después del
primer desplegado, apareció aquí mismo otro, igualmente del Comité Ejecutivo Estatal del
PRD, en el que “exhorta al gobierno estatal encabezado por Zeferino Torreblanca Galindo” a
que “en lo inmediato” inicie “una limpia real de los cuerpos policiacos a su cargo”, solicitud
que remataba con la siguiente frase: “Ésta es una acción urgente”.
Ni la petición ni el exhorto fueron respondidos por el gobernador, mucho menos mediante
el mismo medio del desplegado público para fijar una postura ante los perentorios
llamados del principal partido de la coalición que lo llevó al poder, y que sólo recogía el
sentimiento ciudadano ante una policía por demás impopular.
Sí hacía Torreblanca groseras declaraciones periodísticas para descalificar el sentido de
las peticiones señaladas. No voy a correr a mil policías, decía el gobernador, cuando es
claro que nadie le había pedido eso.
Esa Policía Ministerial dejada intacta por Zeferino Torreblanca –varios de cuyos jefes y
comandantes se formaron en la época de la guerra sucia de los 70-80– es la misma que
está metiendo a su gobierno en una crisis política de consecuencias impredecibles.
Es, como se sabe, una policía experta en la aplicación de tormentos y en la fabricación de
historias truculentas y de chivos expiatorios; una policía que sin remordimiento alguno
asume que su función única es servir a los poderosos más que proteger a los ciudadanos.
Una policía que, a la luz de lo que está pasando, parece que se manda sola y que tiene un
poder tal dentro de la estructura del Estado que nadie se atreve a desafiarla.
El episodio está sirviendo asimismo para demostrar que la tarea de gobernar va
muchísimo más allá de simplemente dedicarse a “una buena administración”. El
gobernador pidió un año “para limpiar la casa”, después extendió el pedido a un año más, y
es la hora en que no ha emprendido ninguna transformación –ni parcial ni de fondo– en las
instituciones públicas del estado, señaladamente en la Procuraduría General de Justicia,
los ministerios públicos y la Policía Ministerial.
Y cuando se despertó el gobernador, el monstruo seguía allí. Después del claro
descalabro que ha tenido esta semana, amenazando mediante sus jefes –léanse las
declaraciones intimidatorias del fiscal regional Enrique Gil Mercado– con seguir la misma
ruta de una línea de investigación que se cae a pedazos.

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El cierre de filas en las fuerzas del gobierno en torno a la versión fabricada por la Policía
Ministerial es parte de una maniobra de intimidación y presión luego de que fuera puesta
en duda por actores políticos de los cuales esperaban al menos neutralidad.
Todo indica que en el gobierno cayó de sorpresa que el arzobispo Felipe Aguirre Franco
desde el púlpito saliera en defensa de la honorabilidad de las familias de los involucrados
en el asesinato del diputado Bajos, y de éstos mismos, cuando podría esperarse que el
prelado hiciera mutis o adoptara una postura más tibia dada su conocida cercanía con el
gobernador Zeferino Torreblanca.
Después, la petición de la dirigencia estatal del PAN de que una fiscalía especial se
encargara de las investigaciones, ante las contradicciones, irregularidades y abusos
cometidos por la Procuraduría del estado.
Luego, la aparición del secretario general del PAN para entregar por escrito su declaración,
quitó argumentos a quienes desde los medios vendían la versión oficial –el asesino
confeso, así se referían al esposo de la diputada suplente–, y que apuntalaban insistiendo
en presentar a Ramiro Arteaga como un político prófugo y recordando que desde las
primeras detenciones dijo que se presentaría ante las autoridades ministeriales.
Y ayer, la entrevista con la beneficiaria del asesinato de Bajos según la insólita versión
ministerial, la diputada suplente Jacqueline Orta, quien denuncia que a su esposo Aldy
Manuel González Rodríguez lo siguen torturando en la cárcel, que teme por su vida, que
señala que “desde el más alto nivel” del gobierno de Zeferino Torreblanca se dio línea al
juez para que declarara formalmente presos a los tres detenidos y cuya versión se oirá
para los ciudadanos muchísimo más creíble y verosímil que en la que se basa el gobierno
del estado.
Y para rematar la semana, las declaraciones del presidente Nacional del PAN, Manuel
Espino, señalando que en Guerrero no se vive ninguna pelea a muerte entre los panistas
por el poder, sino una persecución política, de la que responsabilizó a la Secretaría General
de Gobierno, cuyo titular es Armando Chavarría Barrera quien, en un descuido, puede
terminar pagando los platos que rompieron otros.

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Otra enseñanza que está dejando este episodio es que desde el PRD se esté justificando
la tortura como método de investigación policiaca. Contra la naturaleza y la propia y trágica
experiencia de cientos de militantes de la izquierda guerrerense; contra la historia de lucha
del pueblo que debería representar.
Hay torturas malas y hay torturas buenas. Aquellas, las que aplicaron con rigor y saña en
los 70-80 militares y policías judiciales para arrancar confesiones falsas o ciertas a
guerrilleros, simpatizantes y, la mayoría de las veces, gente que nada tenía que ver con las
organizaciones armadas de la época. Éstas, las torturas buenas, las que aplican los
policías judiciales del gobierno del estado para fabricar a los culpables del asesinato de un
diputado local que, algún día se sabrá, por supuesto que no fue sacrificado para que su
suplente ocupara su curul.
El mismo comportamiento corporativo que están teniendo dirigentes partidistas, diputados
y funcionarios del gobierno, hace que crezcan las certezas de que las investigaciones del
caso del diputado Jorge Bajos Valverde son un montaje. Y algún día se sabrá, cuando en
este país haya democracia y sea escuchada la voz de los ciudadanos y no solamente la de
los poderosos, si todo no fue más que un intento de encubrir el verdadero y
comprometedor móvil del crimen.
Quienes al unísono desde el gobierno y el PRD defienden la versión de la Policía
Ministerial están jugando con fuego. Podrán con ello, tal vez, intimidar a la clase política,
presionarla para que se sume al coro que canta la historia oficial, pero eso solamente
servirá para profundizar el proceso de descomposición que allí se vive.

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Arturo Martínez Nateras, amigo y colaborador de El Sur:
No se puede debatir contigo cuando no te conduces con honestidad intelectual. En tres
entregas (casi) consecutivas de Fábrica de Letras te has referido directamente a mi
persona, y me presentas como un periodista visceral, irracional, medio loquito.
En la del jueves pasado no te mediste. Escribiste: “Yo creo en Z. Zeferino no ordenó
asesinar a Jorge Bajos. Él no urdió una masacre. El asesinato del diputado no tiene nada
que ver con la masacre de Aguas Blancas, entonces, en 1995, desde el gobierno, con
premeditación, alevosía y ventaja emboscaron y ejecutaron a 18 campesinos inocentes,
crimen de Estado hasta ahora impune. Este evento mi respetado y estimado Juan Angulo
no puede equipararse ni será el Aguas Blancas de un gobernador. Zeferino no busca
chivos expiatorios, ni está sesgando la indagatoria. Creo que estamos ante la
responsabilidad de ubicar bien nuestros análisis. Si hubo torturas éstas deben
denunciarse y castigarse pero sinceramente ¿existen elementos para suponer que
Zeferino ordenó tamañas monstruosidades y que nos está mintiendo con la pretensión de
engañarnos? La neta mi imaginación no da para tanto. Pero en fin. Ya veremos el
desarrollo de los acontecimientos. Repruebo sí la obstinación para sostener contra viento y
marea a los funcionarios de la procuración de justicia”.
¿Qué escribí yo en la columna del domingo pasado a la que das respuesta? Lo siguiente:
“En fin, si se le cae el caso al gobierno de Zeferino Torreblanca, digo, es un decir, la
fabricación de chivos expiatorios para dar por concluida la investigación del asesinato de
un amigo suyo y compañero, será recordada como el Aguas Blancas del primer
gobernador que fue elegido en comicios legítimos y no impugnados por nadie.
“Entonces también se mintió y el responsable tuvo que dejar el cargo”.
Como ves, en ninguna parte hice mención a la matanza de campesinos –que por cierto
fueron 17 y no 18–, ni muchísimo menos insinué que Zeferino haya mandado matar a
Jorge Bajos. Me referí a la parte del episodio de Aguas Blancas condenada por el informe
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual concluyó que el gobierno de Rubén
Figueroa Alcocer tuvo un comportamiento basado en la cultura de la mentira, el engaño y la
simulación.
Si el gobernador –al que defiende Martínez Nateras a capa y espada como en los viejos
tiempos del viejo periodismo– ordenó a los policías ministeriales mentir, engañar o
simular es a estas alturas irrelevante.
Arturo es un político muy bien informado. Y debe saber que los detenidos son chivos
expiatorios. A propósito, ¿cómo puede defender al gobierno en el caso de la investigación
del asesinato de Bajos y al mismo tiempo reprueba “la obstinación para sostener contra
viento y marea a los funcionarios de la procuración de justicia”? ¡Si son éstos los que
fabricaron todo! De nuevo, el viejo expediente de acusar a los “funcionarios menores que
engañan al señor presidente”.