Dos años y medio han sido suficientes para que el nuevo gobierno aplique su estilo gerencial para ejercer el poder. La ilusión del
electorado se desvaneció cuando el nuevo gobernador se subió al pedestal junto con el séquito de funcionarios seleccionados
expresamente para imprimirle un sello elitista a la nueva clase gobernante que entró al escenario político por la puerta de un
partido de izquierda, para gobernar con la agenda económica y política de un partido de derecha.
Por su parte, los ciudadanos cargaron con el compromiso de transformar las estructuras anquilosadas de un gobierno autoritario,
a través de la participación copiosa en el proceso electoral de febrero del 2005, para colocar a las nuevas autoridades en el sitio
idóneo, con el fin de que se encargaran de hacer realidad los anhelos del pueblo que sufre.
Es difícil imaginar desde la lejanía de los centros económicos y políticos, los acuerdos y compromisos que pactan las cúpulas
partidistas y sus candidatos, más allá de la voluntad ciudadana, para mantener intocados los grandes intereses económicos. La
dictadura del capital se ha logrado imponer a cualquier ideología y partido político.
Desde el fraude electoral con Salinas de Gortari, hemos constatado cómo los partidos de oposición se han prostituido, han
declinado sus principios y se han vuelto pragmáticos para saborear las mieles del poder. No es casual que en esos años se dieron
las concertacesiones con el PAN y el PRD; se negociaron gubernaturas; se pactaron cuotas de poder al interior de las cámaras, y
lo denigrante, fueron y son las negociaciones en lo oscurito de las reformas legislativas, que son producto de acuerdos
cupulares, y que tienen que ver con los intereses económicos de las elites políticas.
Como siempre, son los ciudadanos de a pie y la multiplicidad de organizaciones sociales los que dan la pelea y arriesgan el físico
para ampliar la brecha de la democracia, sin embargo, al final de estas gestas políticas que han hecho historia, quedan
encapsuladas entre un reducido grupo de ilustrados, que deciden y pactan con los representantes políticos del capital
trasnacional, simulando confrontaciones y debates públicos, para demostrar el supuesto celo político por los principios
democráticos y por la defensa de los intereses de la sociedad.
Esta democracia representativa ha hecho mucho daño al movimiento ciudadano, al grado que ha quedado supeditado a los
intereses mezquinos de los partidos políticos: las reformas que se han aplicado han quedado a la medida de los grupos de poder
y hasta la fecha, todas estas reformas son de corte neoliberal que van en detrimento de los derechos fundamentales de la
población más desprotegida.
En Guerrero con el gobierno del cambio lo único que se aceleró fue la incorporación de nuestro estado a la dinámica del capital
trasnacional. Se aprovechó el cambio para afianzar mejor la transición de un estado atrasado y convulsionado por la violencia
caciquil, para supuestamente dar el salto a la globalización económica con la entrada de empresas trasnacionales ansiosas de
invertir en las ramas del turismo, minería, presas hidroeléctricas, emporios de bienes inmuebles y recursos bióticos.
Hoy entendemos que el poder político se ha utilizado para consolidar un proyecto económico ajeno a los intereses de la
población que puso todo su empeño para que su voz y su voto se cristalizara en justicia, desarrollo, seguridad, trabajo, cultura y
educación. Más bien se ha creado al interior del estado una franja o muro que separa a los políticos y empresarios, de la clase
trabajadora. Es muy ilustrativo el enrejado que se construyó en el nuevo Palacio de Gobierno para excluir a los disidentes.
Se ha configurado una nueva geografía política en el estado que ha bifurcado los caminos de la justicia y el desarrollo. Se han
trazado dos rutas que caminan en sentidos opuestos y cada una de ellas avanza a su modo; con presiones, imposiciones, con el
uso de la fuerza, con la manipulación de las leyes, con la persecución de líderes y con el acallamiento de la prensa escrita que
disiente del poder.
El gobierno de Guerrero no le ha dado otra opción a la ciudadanía más que pelear a las vencidas, a luchar palmo a palmo sus
derechos, a tener que confrontarse para hacer visible su lucha. Mientras tanto, este tiempo fue utilizado también por las
autoridades para crear sus búnker y para armarse de corazas, es decir, se han preparado para confrontarse con los ciudadanos
que los llevaron al poder, que son percibidos ahora como los enemigos verdaderos.
Los aparatos de seguridad y de inteligencia del Estado han sido utilizados para golpear al movimiento social, para minar su
fuerza, para diseccionarlo y atacar a sus líderes, con el fin de enviar señales a la sociedad que resiste y que se rebela, de que el
nuevo gobierno no tiene miedo a las movilizaciones y que está dispuesto a llevar su lucha contra la sociedad al campo que sea y
al son que le toquen. Se trata al fin de cuentas de una guerra declarada que nada tiene que ver con el proceso democrático que
se construyó conjuntamente.
Permea en la elites políticas la visión conspirativa de los actores sociales, alimentando en todo momento que todas las luchas de
los sectores organizados están orientadas a provocar caos y a poner en riesgo la estabilidad política. Su miopía contrainsurgente
les impide ver el fondo de los problemas, y mirar los procesos sociales de larga duración.
El nuevo gobierno ha cerrado los canales de interlocución y ha dejado abierta la puerta de la represión selectiva. Se remarca
fuertemente la polarización política a causa de que el gobierno, que ha pactado con las elites económicas y políticas, no está
dispuesto a bajarse del pedestal para condescender y atender las demandas básicas de la clase trabajadora. Por el contrario, las
autoridades sólo se dignan a atender a la población, siempre y cuando acepten el silencio, la sumisión, la lealtad, la obediencia y
la colaboración hacia ellos. Este camino de la domesticación política es el filtro por el que se han colado varios grupos y
organizaciones sociales para poder sobrevivir, a cambio de la claudicación política. Este método es el que le ha funcionado al
Ejecutivo para someter a la clase política del estado.
El gobierno por la vía de los hechos está demostrando que no cederá un ápice ni promoverá el diálogo e interlocución con el
movimiento social independiente porque no está dispuesto a incorporar las voces y reclamos de los trabajadores que interpelan
su modelo de desarrollo económico que ha impuesto a la fuerza, y por el modo de ejercer el poder, que ha criminalizado la
protesta social y restringido el derecho a la información y el ejercicio del periodismo independiente, como es el caso de El Sur,
que se ha transformado en un instrumento de resistencia cultural, política y social, y que ha podido levantar la indignación ética
de los ciudadanos contra los excesos del poder.