¿Alguien ha visto a Vicente I. Suástegui Muñoz?

Comparto las siguientes reflexiones de Joaquín Villalobos, ex jefe guerrillero salvadoreño, conocedor de la materia, consultor en seguridad y resolución de conflictos. Mismas que me sirven de marco conceptual para dilucidar la conformación de la gobernabilidad que existe actualmente en las diversas regiones del estado de Guerrero.
Él parte de la siguiente premisa: gobierno que no combate, elude o finge que persigue a la delincuencia, simple y organizada, al final de cuentas, llega a una connivencia con ellas. Con tolerancia e interés, le cede a los malosos: soberanía, autoridad, fuerza y gobernanza, en un territorio originalmente sujeto a una legalidad institucionalmente establecida. Los delincuentes se aposentan tácitamente, consolidándose como un nuevo gobierno de facto. Criminal en su esencia y por encima de todo gobierno constitucional.
Asistimos al inicio de un proceso donde un gobierno legalmente establecido abdica, ante su impotencia de vencer a la delincuencia, a la principal finalidad de la existencia de un Estado: cuidar la vida y la salud de la población; socavando, motu proprio, la seguridad pública, para dar paso al reino de la injusticia, la fuerza y la violencia ilegítima que se manifiestan con total impunidad.
El gobierno le da tranquilidad a la delincuencia a cambio de restarle paz, libertad y patrimonio a su pueblo. Deja de perseguir a los delincuentes y deja desprotegida a las personas que habitan en el territorio afectado. Implementada esta pérfida política de concesiones, el gobierno queda debilitado y pierde su razón de ser; puesto que la criminalidad se extenderá; sin tener mayor valladar que la contenga. Concibe la cohabitación como fórmula relativamente pacífica para obtener dividendos políticos, económicos, sociales para ambas partes; a costa de la sociedad. Así, el gobierno empieza a utilizar para su provecho propio a esos grupos antisociales-delincuenciales; y a la vez, echa mano de ellos para neutralizar a los movimientos y organizaciones sociales opositoras y contestatarias de carácter antigubernamental; que surgen protestando por las difíciles circunstancias con las que se enfrentan en la vida.
Algunas de estas organizaciones cívicas para contener la delincuencia, hacen uso, como última instancia, de la mano armada. Es el último radio de acción para parar en seco las tropelías y desmanes que les infligen los delincuentes casi con exasperante cotidianeidad y con la total impasibilidad por parte de la autoridad, si no es que de su complicidad.
La autoridad gubernamental establecida les otorga su protección y los reconoce como fuerzas civiles paramilitares subordinadas; tolerándolos y financiándolos a la vez, para la adquisición de armas, equipos y vehículos. Culmina esta degeneración del gobierno con la cesión de las fuerzas policiacas preventivas, a través de “mandos ad hoc”, lo que permite a los malandros su expansión para hacer mayores expoliaciones económicas al pueblo, más allá del tráfico de la droga, la extorsión y el secuestro. Además de controlar la compra-venta de bienes raíces y del comercio al mayoreo de las principales mercancías y servicios de consumo regional, a través de sus propias empresas comercializadoras e inmobiliarias.
De ahí la lucha crudelísima entre los “chicos organizados” por defender territorios de acción y dominio criminal; teniendo como aliado público o “tras bambalinas”, al gobierno legalmente establecido y la protección que de él se puede derivar en todos los aspectos. Evidente es el paulatino auto desmantelamiento gubernamental de parte de sus recursos, capacidades y experiencia en la persecución de los delitos. La corrupción o la extremaunción, son los medios de persuasión o convencimiento más socorridos y eficaces, utilizados para tales fines.
Algunos gobiernos estatales y municipales en estas tierras del sur incubaron el surgimiento de los primeros Frankestein de tipo micro regional. Algunos con el tiempo, se convirtieron en plenos monstruos delictivos de tipo regional que, con el poderío adquirido, se salieron de control; desafiando ahora a las mismas autoridades formalmente establecidas. Hasta el punto de entrar de lleno a las lides electorales para seleccionar, financiar y hacer triunfar candidatos “a modo” no importando la coloratura ideológica que sustenten. ¡Uf!
PD. La custodia de la legalidad a cargo del Estado Mexicano seguirá en entredicho a nivel mundial, mientras no dilucide en forma plena, defina responsabilidades y aplique justicia total, en el caso de los 43 jóvenes normalistas desaparecidos en Iguala hace siete años. ¡Uf!

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