Dos noticias relacionadas con las familias de desaparecidos en Guerrero me llamaron la atención en esta semana pasada. La primera es una fotografía de madres de desaparecidos –del colectivo Siempre vivos– buscando fosas clandestinas en Chilapa, publicada en la primera plana de El Sur el viernes. Con una herramienta propia para hacer excavaciones en las manos y acompañada por personal de la Fiscalía General del Estado y por policías federales y ministeriales observando, María del Carmen Abarca Nava remueve la tierra buscando a sus dos hijos, Héctor y Jorge. El personal oficial, sólo da mira y atestigua.
La segunda noticia informa que la presidenta del colectivo Familias de Acapulco en Busca de sus Desaparecidos, María Emma Mora Liberato hizo saber que su organización busca recaudar la cantidad de 20 millones de pesos para poder realizar los exámenes de ADN de los cuerpos de 750 personas, apilados en el Seervicio Médico Forense porque el gobierno no tiene presupuesto, ya que algunos de esos cuerpos pueden corresponder a sus familiares desaparecidos.
Estas mujeres y muchas más, que tienen que lidiar con su dolor por las desapariciones de sus hijos, ahora se han visto obligadas a realizar labores que le corresponden al Estado en su afán de encontrarlos vivos o muertos. Ellas retratan de cuerpo entero el despropósito y la desvergüenza de los gobiernos que han abandonado a su suerte a las víctimas de la violencia y que sólo atinan a simular que se ocupan de ellas. Ahora, las madres de los desaparecidos tienen que hacer colectas para que el gobierno tenga dinero y haga su trabajo, pues no hay dinero público para ello. Y ellas mismas tienen que realizar las investigaciones relacionadas con la desaparición de sus hijos y, además, tienen que hacer el trabajo de búsqueda que les corresponde a las autoridades.
Este drama alcanza a más de 30 mil familias en el país, que llevan sobre sus espaldas el abandono de las autoridades y la indiferencia de la sociedad, las que sólo son un segmento de las múltiples víctimas de la violencia, desde desplazados hasta asesinados, desde secuestrados hasta extorsionados, que no han tenido un trato digno en su condición de agraviadas, ni por el Estado ni por la sociedad. Esta es una cuenta pendiente que tarde o temprano se tiene que pagar. A la buena o a la mala. A la buena, haciendo justicia de manera integral, justicia que incluye el reconocimiento de la verdad en cada caso, la reparación del daño y el castigo a los victimarios. A la mala, es decir, si no hay justicia, puede esperarse un acrecentamiento crítico de la descomposición social con secuelas graves para el país.
Dos cosas me vienen a la cabeza ahora ante este drama de las familias de los desaparecidos. La primera es la exigencia del cumplimiento cabal de las leyes relacionadas con las víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos, tales como la Ley General de Víctimas y la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que establecen puntualmente las obligaciones de las autoridades relacionadas con estos casos. La inercia gubernamental en esta materia es un fardo pesado que cargan las víctimas. Estas leyes obligan a la profesionalización de las instituciones relacionadas y a contar con los presupuestos necesarios. El gobierno debe hacer su trabajo: investigar, buscar a las víctimas y contar con el presupuesto necesario.
La segunda tiene que ver con el actual proceso electoral. No se ha escuchado de candidato alguno una propuesta seria y responsable relacionada con las víctimas de la violencia que se multiplican cada día en el país. Pareciera que han enmudecido ante este tema. ¿Qué proponen para acabar con esta guerra fallida contra la delincuencia organizada? ¿Qué pretenden hacer para ir reduciendo al máximo el número de víctimas de la violencia? ¿Qué tratamiento darán a las víctimas en las políticas públicas para responder al conjunto de sus necesidades?
Porque hasta ahora, sólo se ha visto cómo los gobiernos regatean sus derechos a las víctimas. O hacen hasta lo imposible por no cumplir con sus obligaciones como en los dos caso señalados arriba. La verdad, es vergonzoso tener este tipo de gobiernos, carentes de compasión, de humanidad y del elemental sentido de la justicia.