Para la casta neoliberal, no basta con que los mexicanos paguemos impuestos elevados e injustos. También quieren que por cuenta de cada quien corra el costo de los servicios de salud y del uso de las carreteras o el hacernos de un fondo para la vejez o la educación de nuestros hijos. En buena medida lo han conseguido. Para más de 60 por ciento de la fuerza de trabajo –la que está en la informalidad– no hay ISSSTE ni Seguro Social, no hay seguro de cesantía ni vejez digna y empresas privadas como OHL y Grupo Higa –sí, la embarrada en el asunto de la Casa Blanca–, nos cobran por ejercer el derecho constitucional de desplazarnos por el territorio nacional.
En lo que se refiere a la educación superior, en 1970 menos de 3 por ciento de la matrícula era privada; hoy es casi cuarenta por ciento del total. Y mientras la educación privada se expande, hay universidades públicas endeudadas para muchos años, como la de Sinaloa; otras sobreviven con presupuestos ahorcados, insuficientes, como la mismísima UNAM, donde casi nueve de cada 10 profesores lo son por horas, sin definitividad ni manera de preparar debidamente las clases.
Pero las cosas llegan al colmo en algunas casas de estudios sometidas a la arbitrariedad del gobernador local, como ocurre en Veracruz, Morelos y –¡Sorpréndase!– en la capital de la República, entidades en las que de manera sistemática se hostiliza a las universidades públicas locales, lo que incide en una baja del nivel académico, en menos actividad cultural y en una investigación que se empobrece por falta de fondos.
En la capital del país se le escamotean recursos a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, pues si la Asamblea Legislativa aprueba un presupuesto de mil 209 millones de pesos de recursos locales, el gobierno de Miguel Ángel Mancera pretende que en esa suma queden incluidos los 150 millones que le otorga la Secretaría de Educación Pública federal a la UACM. De nada sirvió que el año pasado las autoridades capitalinas reconocieran que eran partidas de diverso origen y aceptaran entregar esa suma por separado. No lo hicieron.
Acaba de repetirse el numerito en perjuicio de esa universidad y lo que está detrás es la fobia que despierta la UACM en el maloliente perredismo. Esa institución –dicen– es un producto del populismo de López Obrador, sin considerar que los dineros de la educación salieron de los bolsillos de los ciudadanos. Y por supuesto, PAN y PRI felices de que un partido “de izquierda” ejecute la política que ellos harían.
Graco Ramírez Abreu es cruzado en guerra contra la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, entidad que gobierna (es un decir) este distinguido miembro de la archicorrupta y enriquecida nomenclatura perredista. En Morelos, el rector Alejandro Vera Jiménez se hartó de repetir ante cada funcionario que quería escucharlo, que la UAEM tenía un déficit de 500 millones de pesos anuales.
La respuesta del “gobernador” fue echarle encima a la UAEM a sus perros de papel, periódicos y periodistas embusteros siempre dispuestos a difamar, desinformar y mentir sin recato. Esa prensa de alquiler ha repetido una versión grata a los oídos de Graco Ramírez, según la cual el déficit se debe a malos manejos y no, como ocurre en realidad, al hecho de que la Universidad tiene que pagar pensiones y jubilaciones, aguinaldos y otros gastos que el Ejecutivo estatal ahora se niega a reconocer. Y tan mal están las cosas, que el rector Vera Jiménez tiene hoy una escolta militar, pues se teme un atentado.
Peor está la Universidad Veracruzana, donde el priista Javier Duarte, el sátrapa que dice gobernar el estado, se niega a entregarle a la institución educativa más de 2 mil millones de pesos que le adeuda desde 2013, y para colmo, con un Congreso agachón, ha reducido 7 por ciento el presupuesto de la UV para 2016, lo que significa quitarle otros 250 millones a la casa de estudios. La Veracruzana se ha visto obligada a interponer sendas demandas, del fuero local y federal, porque la administración de Duarte suele bailarse un zapateado sobre las leyes y los compromisos.
A como están las cosas, hay que temer por la vida de la valiente rectora Sara Ladrón de Guevara y de otros funcionarios de la Universidad, pues en Veracruz los críticos del señor gobernador suelen ser asesinados, como acaba de suceder con la periodista Anabel Flores. Eso se llama descomposición política.