El anuncio, el pasado lunes, de un acuerdo entre el nuevo gobierno argentino, dirigido por el empresario Mauricio Macri, y los llamados “fondos buitres” de los Estados Unidos, parece marcar el inicio de una nueva etapa en la economía del país. En efecto, desde el fin de la llamada “convertibilidad del peso con el dólar” en 1999, y de la crisis económica subsecuente, Argentina no tiene acceso a los mercados internacionales de capital, lo cual, por un lado, ha contribuido al desendeudamiento del país, pero por otro lado ha limitado las posibilidades de crecimiento de la economía. Este giro en la política económica, si se confirma, tendrá un alto costo para los argentinos: el acuerdo prevé que el gobierno pague a los “fondos buitres” entre 10 y 15 mil millones de dólares en efectivo (y no en nuevos bonos de deuda argentinos). Este monto se suma a las pérdidas económicas ligadas al fin de la política de subsidios a las tarifas de energía eléctrica, al agua y a otros servicios básicos para la economía familiar. Sin embargo, para el gobierno Macri, este cambio en la política económica permitirá, a mediano plazo, obtener tasas mayores de crecimiento económico.
Esta apuesta tiene dos ejes: uno económico y otro político. En el plano económico, el nuevo Ejecutivo federal argentino busca atraer a la inversión extranjera para compensar la retracción económica provocada por la caída de la actividad interna, ligada al fin de la economía subsidiada y la devaluación sustancial del peso argentino decretada a finales del año pasado. Para ello, Mauricio Macri ha insistido en sus mensajes políticos en la importancia de volver a colocar a Argentina en el centro del debate político de la región, en particular a través de su voluntad de promover el libre comercio, en América Latina en general y en el Mercosur en particular. Este ímpetu ha encontrado un eco, en particular, en los gobiernos de los Estados Unidos y de la Unión Europea. Este último bloque ha intentando, sin éxito, firmar un acuerdo de libre comercio con el Mercosur. Sin embargo, a pesar de la voluntad política del gobierno Macri, nada garantiza que el gobierno de Dilma Rousseff, principal país miembro del Mercosur, fuertemente presionado por su cada vez más precaria mayoría parlamentaria, esté dispuesto a asumir tal cambio en su política exterior. Por otro lado, el lanzamiento de campañas, ya sean presidenciales (Francia, en 2017) o de referendo en el Reino Unido en junio de este año, no permiten indicar que estos gobiernos, en fin de mandato o en vías de salir de la Unión Europea, estén dispuestos a aceptar los costos políticos que implicaría una apertura comercial real de sus economías.
Por otro lado, en el plano político, el gobierno de Mauricio Macri es hoy en día minoritario en el Parlamento, a pesar de que su corriente política controla, por vez primera desde el inicio de la transición política de ese país, los gobiernos de la ciudad de Buenos Aires, de la Provincia de Buenos Aires, y de la Republica Argentina. La voluntad de llevar a cabo este giro de política económica, a través del pago a los fondos “buitres”, pasa por el Congreso, que tendrá que abrogar una serie de leyes votadas por el anterior gobierno, que impiden que esa transferencia se concretice. Por ende, si el presidente Macri quiere volver a tener a Argentina en los mercados internacionales, deberá primero crear una mayoría política en el país (y en particular, en el Congreso), en torno a su iniciativa. Si no se trata de una tarea imposible, si es probable que este hecho político sea fruto de mucha discusión política en las próximas semanas.
Mientras tanto, los argentinos verán su poder de compra menguarse, y el mercado interno desacelerarse. Por ende, es posible que la luna de miel post-electoral de Mauricio Macri sea de corta duración.

*Director ejecutivo del Observatorio Político de América Latina y el Caribe (OPALC), con sede en París.

Twitter: @Gaspard_Estrada