A 18 meses de la nueva administración encabezada por el gobernador Héctor Astudillo, el clima de violencia e inseguridad ha mostrado la pérdida de control de las instituciones de seguridad y justicia por parte de un gobierno que está ausente en las regiones del estado donde las organizaciones criminales se han enseñoreado imponiendo su ley con la metralla. El espaldarazo que dio el gobierno federal al principio de esta administración con anuncios espectaculares de enviar más efectivos militares y elementos de la Gendarmería, fueron una cortina de humo para mantener intocada la estructura de poder que está capturada por los intereses macrodelincuenciales.
Las políticas de seguridad siguen reciclándose cada sexenio y demostrando su ineficacia con los altos índices de violencia. Desde el gobierno de Felipe Calderón, en Guerrero se han replicado operativos para hacer frente a la delincuencia con el despliegue de efectivos militares en las regiones más convulsas. Los saldos que ha dejado esta última década son alarmantes, porque el uso de la fuerza del Estado no ha sido el antídoto para contener la ola delincuencial. Esta estrategia bélica ha desencadenado una guerra donde las víctimas son las ciudadanas y ciudadanos de a pie; mujeres jóvenes, estudiantes, niñas y niños, cuyas bajas no representan para el gobierno una interpelación a fondo sobre sus políticas de seguridad. La única apuesta que se mantiene vigente es militarizar la seguridad pública, dejando para la posteridad la depuración y profesionalización de las corporaciones policiales.
A pesar de que ciertos sectores del gobierno comparten el diagnóstico de la sociedad civil organizada y de los mismos organismos internacionales de derechos humanos, que las corporaciones policiales están infiltradas por el crimen organizado, no vemos acciones contundentes para desmontar estas estructuras que han institucionalizado la corrupción y normalizado la mercantilización de la ley. La extorsión forma parte de los vicios acendrados en la burocracia gubernamental. Es más, ningún gobernante en su sano juicio pelearía por un cargo si no tuviera la garantía de que tiene la gran oportunidad para lucrar con el cargo. La pirámide de la corrupción obliga al policía de menor rango a trabajar para sus jefes, realizando exacciones ilegales entre la población más indefensa. El enjambre de burócratas que gira en torno a un funcionario de alto rango se debe a que maneja en su ámbito de trabajo recursos públicos millonarios con los que puede maniobrar para utilizarlos en beneficio de sus proyectos personales y sus grupos políticos. Esta maraña de intereses facciosos por parte de una clase política que se ha desentendido de las demandas más sentidas de la población, nos está llevando al borde del colapso.
El uso patrimonialista del poder no sólo ha engendrado una camarilla de políticos voraces, sino que los intereses delincuenciales se han sobrepuesto a los intereses supremos de una sociedad que demanda una efectiva rendición de cuentas y un ejercicio transparente de los recursos. La opacidad forma parte del modo precario de gobernar. Las autoridades se asumen como jefes o patrones de la empresa gubernamental, se colocan por encima de las leyes que nos rigen, actúan sin control alguno y de manera discrecional. El paradigma de la impunidad es la armadura infranqueable que les da la garantía para continuar sus acciones delincuenciales. Esta descomposición del poder político ha hecho trizas a un Estado de derecho mal trecho y ha dejado el campo libre para que impere la ley del delincuente. Hemos llegado al extremo de que la población resuelva por sí misma las amenazas que cotidianamente enfrenta con los grupos delincuenciales, considera que es más riesgoso solicitar la intervención de las autoridades competentes porque no son confiables, debido a que han tejido vínculos con las organizaciones criminales.
Es grave que la población sienta que parte del problema de la inseguridad son las instituciones y sus funcionarios, por lo mismo, en esas instancias no quieren acudir con seguridad porque temen que su situación empeore.
Las y los guerrerenses cargamos con un aparato político sumamente oneroso, que trabaja en sentido contrario al mandato para el que los funcionarios fueron nombrados. Nadie siente que los gobernantes son una fuerza real para contener la avalancha delincuencial, tampoco ven que tengan interés y compromiso para defender a una población inerme. Prefieren que prolifere la ley de la selva porque en esta lucha desigual la clase gobernante se asume como la ganadora de un régimen obsoleto. No sabemos qué más tiene que suceder en nuestro estado para que haya un cambio de fondo en el modo de ejercer el poder. En los últimos años hemos padecido varias tragedias que nos tienen en el ojo del mundo, sin embargo, las autoridades siguen empecinadas en mantener los mismos métodos de investigación, sin que importen las víctimas, quienes paradójicamente son las que están en todo momento arriesgando su vida para que cambie la realidad que nos sojuzga y para que se logre una trasformación del sistema de justicia y de seguridad que sigue permitiendo crímenes atroces.
En tan sólo 10 días tres políticos guerrerenses han sido asesinados, y uno más se encuentra desaparecido.
El domingo 9 de abril, hombres armados irrumpieron en la casa de Roger Arellano Sotelo, ex diputado del PRD y ex alcalde de Canuto A. Neri. En medio de una fiesta familiar, el perredista fue asesinado junto con su tío, Octavio Arellano, quien también se desempeñó como regidor. Un día después, el lunes 10 de abril, Modesto Carranza Catalán, suplente del diputado local priista Saúl Beltrán Orozco, fue asesinado frente a su familia –también dentro de su casa en el centro de Ciudad Altamirano–.
A dichos asesinatos se suma la ejecución del secretario general del PRD en Guerrero, Demetrio Saldívar Gómez, el pasado miércoles 19 en Chilpancingo. Demetrio fue asesinado en su coche mientras se dirigía a su casa. Si bien dichos asesinatos se unen a las cifras de homicidios que continúan incrementándose en el estado, el papel de las víctimas como actores políticos adquiere otros componentes, que obligan a las autoridades estatales y federales a realizar investigaciones prontas y transparentes a fin de develar las razones de los asesinatos políticos.
A estos homicidios se une también el secuestro de Catalino Duarte Ortuño, ex alcalde de Zirándaro y ex diputado local y federal también por el PRD, quien el 12 de abril fue capturado por hombres armados en Coyuca de Catalán. Hasta la fecha se desconoce su paradero.
Ante el incremento de la violencia en el estado y la violencia contra políticos guerrerenses, la forma recurrente de la clase gobernante en turno ha sido culpabilizar a la administración antecesora para amortiguar su propia responsabilidad, pero lo contradictorio es que las diferentes administraciones han mantenido las mismas políticas de seguridad y se han aferrado a mantener los mismos cotos de poder dentro del aparato de justicia y los cuerpos de seguridad. Son estructuras inamovibles a causa de los intereses que esconde la misma clase política y los poderes facticos. Se ha vuelto costumbre que la autoridad se transforme en simple vocera de los hechos que nos horrorizan y que reciten permanentemente que realizarán investigaciones a fondo para dar con los responsables, fórmula hueca que ha desquiciado a una población agraviada que no encuentra en las instituciones acciones contundentes y eficaces que den respuestas convincentes a los reclamos de justicia de las familias que lloran en silencio su tragedia, retomando la opinión calificada del Mecanismo Especial de Seguimiento sobre el caso Ayotzinapa, que realizó su segunda visita oficial a México del 19 al 21 de abril, considera que a dos años y siete meses de la tragedia de Iguala, la situación y el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos continúa siendo desconocida.
Asimismo, el Mecanismo mostró su preocupación ante la falta de celeridad para alcanzar conclusiones tanto en las actividades de búsqueda como el esclarecimiento efectivo de las diferentes líneas de investigación señaladas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha constatado que a la fecha no hay ninguna persona que esté siendo procesada bajo el tipo delictivo de desaparición forzada, y que desde diciembre de 2015 no se haya presentado ninguna nueva acusación. Por otra parte, el Mecanismo expresó su profunda preocupación de que autoridades de alto nivel hayan declarado públicamente que validan la hipótesis según la cual los 43 estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula. El GIEI demostró científicamente que esta teoría es insostenible y que por el contrario la difusión de su “verdad histórica” está provocando un mayor distanciamiento de las autoridades con las víctimas y sus familiares, poniendo en riesgo la búsqueda de verdad y de justicia en el caso Ayotzinapa.
Este posicionamiento expresado por la relatora de la CIDH para México, Esmeralda Arosemena, y el secretario ejecutivo, Paulo Abrao, condensa una opinión calificada de la comunidad internacional sobre la situación de los derechos humanos en nuestro país. Estas fallas estructurales y los vicios acendrados en los órganos de justicia son los que han colapsado la confianza de la población en las instituciones. El desbordamiento de la violencia no se debe al poder invencible de las organizaciones criminales, sino al cobijo que le ha brindado la delincuencia institucionalizada y al enquistamiento de intereses obscuros de una clase política que lucra con el poder y gobierna de espaldas a la sociedad. Si continuamos en esta órbita que nos arrastra al caos impuesto por la maraña delincuencial como guerrerenses corremos el riesgo de que el Estado de derecho se resquebraje y nos coloque al borde del colapso.