Toda nuestra solidaridad al compañero fotoreportero Lenin Ocampo. Fiel transmisor de los acontecimientos más cruentos y que más agravian a las y los guerrerenses.

El año 2017 llegó días antes del 31 de diciembre. En medio del ambiente consumista y de la algarabía de los vacacionistas, cayó como balde de agua fría la noticia del gasolinazo. El alza súbita del combustible no solo desconcertó a una población preocupada por la inseguridad, sino que generó mucha irritación por el nuevo atraco gubernamental al bolsillo familiar. La sensación que se ha generalizado entre la población de a pie, es que el presidente de la república y los legisladores, jugaron sucio con sus reformas estructurales, sobre todo con la energética y la hacendaria, por los jugosos millonarios que se ofertan a nivel internacional. Manejaron un discurso falaz y perverso. En todo momento hablaron de las grandes bondades y beneficios para la economía del país. Nunca plantearon que el eje de las reformas es para fortalecer la economía de mercado basada en la explotación a gran escala de los bienes estratégicos. Este engaño se ha transformado en el boomerang que arrastra a la población pobre a una mayor confrontación con el poder.
La inconformidad ha quedado manifiesta tanto en las redes sociales como en los mismos espacios de convivencia. La preocupación es de fondo, porque se prevé una crisis mayor. El tema del gasolinazo está cruzando el umbral de un año marcado por la violencia y la corrupción. No sólo hubo más de 21 mil homicidios dolosos y se tiene un subregistro de 28 mil personas desparecidas, sino que persiste la tozudez de los sectores duros del gobierno de mantener una estrategia de seguridad fallida, utilizando al Ejército en tareas de seguridad pública. Las violaciones graves de derechos humanos continúan a la alza y la escalada sangrienta se expande en varias regiones del país. Las mismas autoridades son reticentes a reconocer la magnitud de la crisis de derechos humanos que enfrentamos. El presidente de la república se niega a aceptar el diagnóstico que organismos internacionales le han presentado en diferentes momentos, sobre la delicada situación de los derechos humanos en el país. Los legisladores han relegado la aprobación de leyes que son fundamentales para el fortalecimiento de nuestro marco jurídico de derechos humanos, como las leyes generales en materia de tortura y desaparición forzada. Los gobernantes no solo son displicentes, sino sumamente corruptos y cínicos. Los ejemplos escandalosos son encabezados por los ex gobernadores de Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo, quienes cuentan con el respaldo y complicidad de las cúpulas partidistas que se rasgan las vestiduras sin dar una pelea a fondo para que se les encarcele.
El sentido común nos dice que el gasolinazo desencadenará una espiral inflacionaria que necesariamente aumentará los precios de la canasta básica. Esta situación se agravará más con la volatilidad del peso frente al dólar. El escenario de la cuesta de enero se complica con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos para el 15 de este mes. Queda latente la amenaza de la deportación masiva de migrantes transfronterizos y la congelación del dinero que regularmente envían a sus familias.
El contexto nacional no es nada reconfortante para las y los guerrerenses. El horizonte en el estado sigue enrojecido por la violencia imparable. Lo que más duele es la cifra de asesinatos que cada mes que pasa se eleva, sin que se vislumbren en el corto plazo medidas eficaces que contengan la avalancha delincuencial. Más bien vemos a un gobierno estatal rebasado por las bandas del crimen organizado. En las siete regiones del estado se siente su ausencia y la población no se siente segura porque no confía en las corporaciones policiales, porque su presencia no es para proteger a los ciudadanos y ciudadanas, sino para amedrentarlos y extorsionarlos. No hay quien los supervise en sus actuaciones y se manejan sin control alguno. En las agencias del ministerio público es parte de las prácticas nocivas la exacción de dinero a la gente que se atreve a interponer una denuncia por los delitos. A nadie extraña que le pidan un requerimiento para que puedan atender o agilizar sus denuncias. Tampoco extraña de que ahí mismo se filtre información para proporcionarla a la parte acusada, con quien también obtienen beneficio económico, poniendo en riesgo a las víctimas. Lo catastrófico es el descrédito en que ha caído el órgano investigador sin que las autoridades responsables de la fiscalía atiendan de fondo el problema que forma parte de la red de complicidades y corruptelas con el crimen organizado.
Quienes tienen más presencia y control de las instituciones encargadas de la procuración de justicia y la seguridad son los jefes de la delincuencia que tienen el control de la región o el municipio. La Tierra Caliente, Zona Norte, Centro, Acapulco, Costa Grande, Costa Chica y Montaña no escapan a la presencia e injerencia de los grupos delincuenciales en el actuar de las autoridades estatales y municipales. El poder fáctico que ejercen ha trastocado la vida de las instituciones y las ha utilizado para proteger intereses mafiosos. No es de sorprenderse que en cualquiera de los 81 municipios se susciten hechos graves de violencia y que la misma población se sienta inerme ante los secuestros, las extorsiones y las amenazas, sin que las instancias competentes sean garantes para impedir que estos delitos se consuman.
En el ámbito municipal los gobiernos sobresalen por su desorganización. Al interior de las direcciones y departamentos priva el caos y la desatención. Las confrontaciones que se dan entre los ediles son por los recursos públicos. La asignación de sueldos y de recursos para captación de futuros votantes es lo que la imprime el estilo a los gobernantes que se caracterizan por ser Indolentes, insensibles y alejados de los problemas que enfrenta la población. La ausencia de las y los presidentes es permanente. Todo lo centralizan en detrimento de la institucionalidad municipal. No se incentiva la participación de la ciudadanía. Se relega a las organizaciones que presionan a las autoridades para que se involucren en los asuntos del municipio. El descuido de las instituciones locales las ha debilitado robusteciendo la corrupción. Las corporaciones policiales carecen de todo; equipo adecuado, capacitación, sueldos dignos, prestaciones de ley, días de descanso. La falta de reconocimiento, de respaldo a su trabajo y de mejores ingresos lo obtienen fuera de la institución municipal, por eso sus miembros son permeables y fácilmente se coluden con las bandas del crimen organizado. No hay confianza ni un aporte sustantivo de las policías municipales para prevenir el delito y contener el avance de la criminalidad. En el estado no hay un municipio que cuente con una corporación policial que haga sentir a la población segura, que su cercanía se traduzca en protección para las familias que están en riesgo constante.
El desbordamiento de los grupos de la delincuencia que se sienten con más poder que las mismas autoridades, muestra la debilidad de nuestras instituciones, el grado de descomposición en que se encuentran a causa de la corrupción y la impunidad que impera. La nula rendición de cuentas de las autoridades y el castigo ejemplar a quienes delinquen ha generado un ambiente de permisividad que no hay ley que se aplique para garantizar la vida y la seguridad de la población. La gente misma se ha visto obligada a enfrentar a los grupos delincuenciales, a tener que salir en defensa de su seguridad para proteger su vida y patrimonio. Esta situación abona para que haya más violencia, porque se da pie para que la gente empuñe el arma para autoprotegerse, dejando que las autoridades se desentiendan de su responsabilidad y más bien, le hacen el caldo gordo al crimen organizado y a los mismos agentes del estado que se asocian para hacer más rentable el ejercicio del poder.
Iniciamos el año cuesta arriba por lo que implica una medida drástica de la secretaría de hacienda, de subir la gasolina en un momento crítico para la economía familiar y en un contexto internacional adverso. Lo deleznable de las autoridades es que los supuestos beneficios que conllevarían las reformas neoliberales se han hecho añicos en las primeras de cambio. No hay argumento que valga mientras la población siente en carne propia que se atenta contra sus precarios ingresos y que se pone en riesgo su sobreviviencia.
En Guerrero no solo hay que tomar medidas extremas para sortear los riesgos que se multiplican en las siete regiones del estado, sino que hay que organizarse para hacer valer los derechos básicos, para rescatar las instituciones que se han hundido en la corrupción y que están infiltradas por el crimen. Hay que redoblar los esfuerzos para que el movimiento de los padres y madres de los 43 logre articular las luchas y siga siendo la punta de lanza en el país para remover los escombros de la mentira y poner en el centro de la agenda pública los derechos de las víctimas. Tenemos que apoyar al mecanismo de seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso Ayotzinapa para que en este 2017 la PGR impulse las líneas de investigación planteadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y se continúen las búsquedas con la nueva tecnología adquirida por el gobierno federal. La meta central en esta cuesta por la verdad y la justicia es dar con el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos y llamar a cuentas a las autoridades responsables.