He aprendido, a lo largo de mi vida pública y de mi caminar por Guerrero, que las leyes que se toman lejos del territorio casi nunca entienden las realidades del sur profundo. Hoy, con la aprobación de la nueva Ley de Aguas en la Cámara de Diputados, vuelvo a sentir esa inquietud que tantas veces me acompañó cuando encabezaba al estado: la sensación de que el país legisla sin mirar al campesino, sin escuchar a los pueblos, sin comprender lo que significa sembrar en una tierra que depende de la lluvia.
Guerrero no es un estado inventado para el discurso. Es un territorio golpeado por el clima, por la pobreza y por la falta de infraestructura que históricamente se concentró en otras regiones del país.
Cuando fui gobernador de nuestro estado, alcanzamos las cifras más altas en materia de inversión de agua y drenaje, ahí estan los números y no mienten. Nos colocamos entre las tres entidades a nivel nacional con los mayores presupuestos para el agua, mucho le tengo que reconocer la capacidad de gestión de mi amigo Arturo Palma Carro, quien fungía como operador del sistema de agua.
Por gestiones de mi gobierno logramos romper el viejo paradigma de obligar a que los municipios más pobres de guerrero tomaran parte de sus presupuestos para agregarlos a este tipo de obras. Sin embargo, despues de una batalla que emprendimos, logramos que quedaran exentos ante sus exiguos presupuestos.
También recorrí comunidades donde el agua llegaba a pie, en cántaros; zonas donde los pozos artesanales eran la única reserva; ejidos donde la siembra de maíz, jamaica o cacahuate dependía de que las nubes quisieran abrirse. Y no estoy hablando de hace 50 años: hablo de ayer, de hoy, de siempre.
Según el Registro Agrario Nacional (RAN), en Guerrero 77.26 % del territorio está registrado como propiedad social (es decir, en régimen ejidal o de comunidades agrarias), lo que equivale a casi 4.97 millones de hectáreas del estado. Esto significa que la mayor parte de la tierra en Guerrero no está en manos privadas, sino bajo regímenes colectivos o comunitarios (ejidos y comunidades agrarias).
Por eso me preocupa que se haya roto el vínculo entre tierra y agua. Heredar una parcela sin la certeza del agua es como entregar una casa sin llaves.
La nueva reforma crea un Fondo de Reserva de Aguas que concentra decisiones en la Ciudad de México. Guerrero ya conoce las consecuencias del hipercentralismo. Las conoció cuando los apoyos productivos disminuyeron en los noventa, y miles de hombres migraron al norte del país.
Guerrero es uno de los estados con menor superficie equipada con riego y menor tecnificación, según los informes de Conagua, Sader y los anuarios estadísticos del agua. Mientras estados del norte tecnifican millones de hectáreas, Guerrero apenas supera las 110 mil hectáreas bajo riego, y muchas de ellas con infraestructura obsoleta o mínima. Esto lo ubica de manera consistente entre los estados con menor proporción de superficie agrícola irrigada y menor tecnificación.
Por eso recibimos con mucho entusiasmo al inicio de esta administración la rehabilitación de nuestros distritos de riego en Tierra Caliente y Costa Chica; sin embargo, hasta hoy no hemos visto absolutamente nada.
Entonces, ¿cómo vamos a incrementar la producción y la productividad de nuestro campo guerrerense?
La creación de nuevos delitos hídricos también genera inquietud. La intención de combatir la corrupción es indispensable, pero no debe caerse en criminalizar prácticas tradicionales que existen porque el Estado nunca estuvo ahí. En la Montaña, por ejemplo, los propios pueblos indígenas administran sistemas de agua potable y manantiales desde hace décadas; muchos no cuentan con concesiones formales porque los trámites son costosos, lentos y, en muchos casos, inaccesibles. La ley tendría que reconocer esa realidad antes de sancionarla.
La discusión del agua no puede ser técnica, fría, administrativa. Es profundamente política y profundamente humana. La nueva Ley de Aguas debió construirse de la mano de quienes viven el territorio, no a espaldas de él. Las comunidades indígenas de la Montaña, las familias afromexicanas de la Costa Chica, los productores de Tierra Caliente y los campesinos de la Sierra conocen mejor que nadie cómo se administra un recurso que nunca les ha sobrado.
El país tiene una deuda histórica con el campo guerrerense. El agua no puede convertirse en un nuevo motivo de desigualdad. México debe reconocer que su seguridad alimentaria pasa por estados como el nuestro, donde cada gota se cuida, se comparte y se agradece.
El futuro del campo dependerá de si somos capaces de construir una política hídrica justa, cercana y territorial. Una que entienda que el agua no es un trámite: es vida. Y en Guerrero, la vida ha sido siempre una batalla que merece ser acompañada, no condicionada desde lejos.

Del anecdotario:

Poco antes de que el general Manuel González terminara su cuatrienio, Porfirio Díaz lo visitó en su hacienda de Chapingo. Conversaban sobre la sucesión presidencial, cuando Díaz dijo a su compadre: “yo no ambiciono volver al cargo de Presidente de la República”.
Al oir eso, el general González se levantó y se dirigió a su escritorio y empezó a abrir y cerrar cajones.
–¿Que busca usted, compadre? –le pregunto don Porfirio.
–Compadre –le contestó muy serio el general González– busco a un pendejo que se lo crea…
Algo parecido sucede en nuestro estado. Averígüelo Vargas.
La política es así…