Los procesos de justicia transicional se presentan en coyunturas de cambios y transformaciones sociales que han tenido ocasión en distintas sociedades convulsionadas por la violencia sociopolítica, y son mecanismos extraordinarios para investigar graves violaciones a los derechos humanos imposibles de abordarlas por el sistema de justicia convencional.
La pobreza ancestral de Guerrero, la violencia y corrupción con que han gobernado los caciques, el cierre de los cauces legales e institucionales para resolver los distintos problemas sociales y la falta de independencia e imparcialidad del aparato de justicia ha orillado a las clases pobres a una intensa y vigorosa movilización en busca de solución de sus problemas y mejores condiciones de vida. La respuesta del Estado a los inconformes ha sido violenta. Decenas de manifestaciones y protesta sociales han sido sofocadas con las balas de la policía.
El uso excesivo de la fuerza para contener las manifestaciones públicas a menudo ha derivado en la comisión de graves violaciones a los derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales, tortura y desapariciones forzadas.
En el pasado resaltan la masacre del 30 de diciembre de 1960 en Chilpancingo. Varias protestas se realizaban en esa ciudad por la autonomía de la Universidad de Guerrero y otras demandas, y el entonces gobernador, el general Raúl Caballero Aburto intentó sofocar la inconformidad con la intervención del Ejército cuyos miembros dispararon contra los manifestantes asesinando a más de 19 personas; la masacre de los campesinos copreros de Acapulco acaecida el 20 de agosto de 1967 que exigían la elección democrática de los dirigentes de la Unión Regional de Productores de la Copra del Estado de Guerrero (URPCG) y la disminución del impuesto sobre el kilo de copra de 13 a 3 pesos, pistoleros contratados por el gobernador Raymundo Abarca Alarcón abrieron fuego a la multitud dejando un saldo de 27 asesinados y más de 100 heridos; la masacre del 18 de mayo de 1967 en Atoyac cuando padres de familia protestaban por la destitución de la directora de la Escuela primaria Juan N. Álvarez, en la que fueron asesinados seis manifestantes y 25 fueron heridos.
En las graves violaciones recientes podemos enumerar la masacre de Aguas Blancas ocurrida el 28 de junio de 1995 cuando un grupo de campesinos se trasladaba a Atoyac a realizar un mitin al Ayuntamiento para exigir insumos para el campo, en el vado de Aguas Blancas la Policía Estatal disparó dejando un saldo de 17 campesinos asesinados y más de 30 heridos en ese entonces era gobernador Rubén Figueroa Alcocer; en El Charco en 1998, un grupo de estudiantes de la UNAM realizaba tareas de alfabetización en la Escuela Primaria, el Ejército Mexicano recibió información que una célula del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) se encontraba en ese lugar, las tropas arribaron y abrieron fuego con resultado de 11 muertos y cinco heridos; Ayotzinapa 12 de diciembre de 2011, alumnos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos se encontraban realizando un boqueo en la Autopista del Sol frente al hotel El Parador del Marqués en Chilpancingo, y la Policía Ministerial y Federal abrieron fuego contra los estudiantes asesinando a dos e hirieron a cinco más; y el 26 de septiembre de 2014 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa que se encontraban haciendo actividades de boteo y toma de autobuses para trasladarse a la marcha del 2 de octubre a la ciudad de México fueron agredidos por diversas fuerzas de seguridad con un saldo de tres estudiantes asesinados, 20 heridos y 43 desaparecidos, en estos tres últimos hechos fungía como gobernador Ángel Aguirre Rivero.
De igual forma figuran los asesinatos de decenas de luchadores sociales. Entre los más recientes destacan los de Arturo Hernández Cardona, Luis Olivares, Raymundo Velázquez, los hermanos Miguel Ángel y Rocío Messino, los indígenas Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, el diputado Armando Chavarría Barrera, las desapariciones de los ecologistas Eva Alarcón y Marcial Bautista; el múltiple asesinato de Ranferi Hernández Acevedo, Lucía Hernández Dircio, Juana Dircio Barrios y Antonio Pineda Patricio; y el 7 de enero de este año, las ejecuciones extrajudiciales realizadas en un operativo conjunto de fuerzas estatales y federales de Feliciano Ascencio Sierra, Alexis Santos Castillo y Crescenciano Everardo Lorenzo, policías comunitarios de La Concepción, municipio de Acapulco.
Aunado a lo anterior existen cientos de asesinatos y desapariciones generados por la violencia incontrolable que producen los grupos de la delincuencia organizada o “macrocriminalidad” como la denominan muchos académicos (crímenes masivos en los que participan delincuentes, políticos, autoridades y empresarios).
La mayoría de estas graves violaciones a los derechos humanos se encuentra en la impunidad, no ha existido una investigación exhaustiva y eficaz que ofrezca verdad a las víctimas, se sancione a los responsables y se repare el daño de manera integral a los deudos.
Con el nuevo gobierno, las víctimas, organizaciones sociales, académicos e Iglesia debemos abrir un debate franco y abierto más allá de los foros de pacificación que está implementando el equipo de transición de Andrés Manuel con miras a proponer al nuevo gobierno la creación de un Mecanismo Extraordinario de Investigación que indague tales crímenes con una perspectiva de derechos humanos y de manera integral a fin de que haya verdad, justicia, reparación y se implementen medidas de no repetición.
Los crímenes de la llamada “guerra sucia” y Ayotzinapa 2014 tienen sus propias rutas. El primero fue investigado por una Comisión de la Verdad que emitió un informe al cual tendría que dársele seguimiento y en el segundo caso se trabaja en la conformación de una Comisión de Investigación.
Seguramente habrá casos de graves violaciones que no hemos enumerado, pero será el proceso de diálogo, debate y análisis que realicemos el que nos permita tener un mejor diagnóstico y una propuesta consolidada.
Soslayar tales atrocidades es una salida fácil, sin embargo, destruye los valores sobre los que la sociedad está asentada, produce fragilidad e inestabilidad a instituciones claves de una sociedad democrática y las comunidades, organizaciones sociales y políticas se debilitan exponencialmente, llegando al rompimiento del tejido social, como parece acontecer en Guerrero y gran parte del país.