En estos días el gobernador hizo un llamado a la población a través de los medios de comunicación a ser prudentes y a no protestar. Dijo que las protestas persiguen beneficios personales y “quebrantan el libre tránsito, los derechos de terceros y la vida cotidiana” (El Sur 28 septiembre 2017).
El llamamiento resulta disociado del contexto y la realidad que vive nuestro estado. La validez del derecho a la protesta social está vinculado con el grado de bienestar de las personas que habitan una sociedad y la eficacia de un Estado y sus instituciones para proveer una vida digna y segura que garantice la sana convivencia de las personas bajo su jurisdicción.
Estas condiciones no están dadas en Guerrero. Por el contrario, el contexto de violencia, pobreza, el azote de los fenómenos naturales y la ineficacia del gobierno y las instituciones del Estado hacen trizas las aspiraciones de una vida digna para sus habitantes y en consecuencia brotan inconformidades de varios grupos sociales que encuentran un cauce para expresar su malestar en las legítimas protestas en las calles y espacios públicos.
El llamado del gobernador tiene un contenido político ideológico. Ese es el argumento utilizado por todos los gobiernos autoritarios para criminalizar las protestas sociales. Es el miedo de los gobernantes y el establishment al despertar de los desposeídos por eso reaccionan con virulencia ante la inconformidad y organización de los pobres. Esta es la razón por la que despliegan de inmediato cientos de policías para desalojar un corte de carretera realizado por estas clases pobres e inconformes, mientras que hay una inacción ante los asesinatos, desapariciones y actos violentos de la delincuencia organizada. La ley y los aparatos represivos no se utilizan de la misma forma.
La protesta social exige el funcionamiento eficaz del Estado y sus instituciones, pugna por mejores condiciones de vida para los grupos sociales: más escuelas, viviendas, salud, alimentación y más seguridad, es decir, la protesta social no es delito porque no destruye la vida u otros bienes, ni siquiera pone en riesgo la gobernabilidad, al contrario la fortalece. Mientras la delincuencia organizada atenta contra la vida, las personas y su patrimonio e incluso medra y destruye las instituciones del Estado.
La pobreza extrema que padece el estado de Guerrero, los altos índices de violencia y las afectaciones por los sismos y fenómenos meteorológicos tienen a Guerrero en vilo y a la intemperie, somos los damnificados crónicos de siempre.
Lo anterior no se arregla con la solidaridad y dejando de protestar. Se requieren políticas públicas sociales de gran calado, con los suficientes recursos y un ejercicio transparente de los mismos. En esta coyuntura de emergencia de los fenómenos naturales debiera aplicarse un plan de austeridad y rebajar en un 50 por ciento los salarios que perciben los funcionarios de primer nivel, el no cobro de las casetas de peaje por tiempo determinado y otras medidas de esta naturaleza.
Para enfrentar la violencia no cabe ya poner retenes ni filtros en las carreteras. Eso no ha solucionado el problema. Se requieren políticas más integrales que tienen que ver con el empleo y la generación de oportunidades, el combate a la corrupción, el funcionamiento adecuado del sistema de justicia y la democratización de la Policía.
Criminalizar la protesta social y hacer llamados a no realizarla en un contexto donde impera la pobreza y la marginación, donde la violencia se desborda y lacera la vida de las personas, donde el sistema de justicia no funciona, resulta criminal para los ciudadanos de a pie. Es fácil para un funcionario de primer nivel decir no protestes porque afectas a terceros, sin embargo él gana salarios de 300 mil pesos mensuales, mientras los de abajo no tienen para adquirir una canasta básica de alimentación, además sufren la violencia generada por la corrupción existente en la policía y otras instituciones  y ahora los daños ocasionados por los sismos y huracanes.
Además de la pobreza en que viven habitantes de la Montaña hoy no pueden viajar a la capital del estado a realizar sus trámites porque la carretera de Chilpancingo a Chilapa se ha vuelto zona de guerra ante la mirada complaciente de los cuerpos de seguridad y otras autoridades. No basta con mantener a los indígenas de la Montaña en la pobreza secular, ahora tienen que padecer los estragos de la violencia al no poder viajar porque las bandas criminales se disputan las rutas del transporte público, mientras la secretaría del ramo y otras autoridades se limitan a mirar como asesinan a los conductores e incendian las unidades vehiculares. Se les olvida que el transporte público es un servicio estatal por lo que ante actos de violencia de esta naturaleza debiera actuar con mayor rigor.
Ante esta realidad, de un Guerrero que sufre el sismo de la pobreza, la corrupción y la violencia y viven entre la desesperanza de los escombros de una entidad que se colapsa por la acción de malos gobiernos, ¿cómo no protestar?