La encrucijada que enfrentamos como país sigue marcada por crímenes atroces cometidos tanto por grupos delincuenciales como por actores gubernamentales que actúan con total desparpajo y complicidad ante el vacío de legalidad y ante un gobierno que da la espalda a las víctimas y se niega a desmontar la estructura criminal que persiste en las instancias de seguridad y justicia del Estado. Las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas y la tortura son prácticas acendradas entre los cuerpos de seguridad, el Ejército y la Marina, cuyas acciones no son investigadas con objetividad ni independencia por las instancias competentes. Persiste más bien la presión de los altos mandos militares y civiles hacia el órgano investigador para desvirtuar los hechos y encubrir a los perpetradores. Los casos se multiplican en nuestro estado, donde los cuerpos de seguridad se encuentran inmiscuidos con los grupos de la delincuencia organizada que libran una férrea disputa por el mercado de la droga y por el control territorial.
Desde que el presidente Felipe Calderón emprendió su estrategia guerrerista, utilizando al Ejército y la Marina como último muro de protección de las instituciones del Estado, la violencia se exacerbó y los homicidios, al igual que las desapariciones se multiplicaron. En lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto, los resultados han sido fatales, porque nuestro país se desgarró por la violencia y nos enfrascamos en una vorágine bestial que parece no tener fin.
En Guerrero, de acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), se puede observar que la guerra protagonizada por el narcotráfico y por las fuerzas de seguridad del Estado dejó un saldo de 16 mil 359 víctimas en un periodo que va del 2005 al 2015. En el 2005 el entonces Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) registró 589 homicidios en el estado, sin embargo, para el 2012, año en que la violencia nos desquició, reportó 2 mil 348 homicidios, es decir, que el número de los homicidios aumentó en un 398 por ciento.
La información reciente del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) nos muestra a un Guerrero más violento; durante el primer semestre de 2016 se registraron mil 52 homicidios dolosos colocándonos en el doloroso primer lugar nacional, después del Estado de México cuya cifra fue de mil 31. En el 2015 fueron 943 casos en el mismo periodo, haciendo una diferencia de 109 asesinatos menos, que en términos comparativos representa un incremento del 11.5 por ciento para el primer semestre del 2016.
Tomando como fuente al mismo SESNSP, en el primer semestre de 2016 se registraron 9 mil 413 homicidios dolosos en el país, de acuerdo con los datos recabados en las procuradurías y fiscalías estatales. Estos datos representan un incremento del 15.4 por ciento con relación al primer semestre de 2015 que fue de 8 mil 156 casos. Solamente en junio se registraron en los órganos de justicia del estado mil 66 homicidios dolosos en el país, siendo una de las cifras más altas en lo que va de la administración de Enrique Peña Nieto. Nuestro estado ocupó en junio el primer lugar nacional con 206 casos de homicidios, arrojando un porcentaje de 6.8 muertes violentas diarias. La información más reciente, que va de enero a julio es de mil 267 homicidios dolosos. Sólo en julio se registraron 215 personas asesinadas, nueve más que en junio. Respecto a la tasa de homicidios Guerrero se ubica en el segundo lugar con 35.31 personas asesinadas por cada 100 mil personas solo después de Colima que registró 45.94 ejecutados.
Desagregando la información de los asesinatos acaecidos en el estado, en junio tenemos que en Acapulco fueron 77, es decir el 37.8% de los 206, y 129 casos sucedieron en otros 27 municipios del estado. En Chilpancingo se registraron 33; en Iguala 22; en Chilapa 15 y en Zihuatanejo 9. En San Luis Acatlán y Coyuca de Benítez 5; Copanatoyac 4; Buenavista de Cuéllar, Ajuchitlán del Progreso, Atoyac y Copalillo 3. El reporte de reciente publicación registra 88 homicidios acaecidos en Acapulco, 11 más que el mes pasado. En términos porcentuales representa el 40.93 del total de asesinatos en Guerrero. Acapulco desde hace tres años mantiene el índice más alto de asesinatos en el estado. En este primer semestre del 2016 se tiene un promedio diario de 2.6 asesinatos.
La contracara de la violencia es la pobreza atroz que también genera daños irreversibles a miles de familias guerrerenses. De acuerdo con la medición de la pobreza en México y las entidades federativas 2012-2014 publicada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), Guerrero, después de los estados de Chiapas y Oaxaca, se ubica en el tercer estado más pobre del país, con 2 millones 315 mil personas, que representan el 65.2% de la población total del estado. De este universo poblacional el 24.5% que corresponde a 868 mil personas, viven en pobreza extrema. El 26.8% de la población guerrerense arrastra desde hace décadas un alto rezago educativo; el 19.2% carece de acceso a los servicios de salud; el 78.1% no cuenta con seguridad social; el 32.9% carece de acceso en cuanto a calidad y espacios en la vivienda; el 58% no cuenta con servicios básicos en la vivienda; el 38.5% no tiene garantizado el derecho humano a la alimentación, mientras que el 67.9% de la población está por debajo de la línea de bienestar, porque sus ingresos son mínimos y no les alcanza para adquirir lo indispensable para la canasta alimentaria.
De los 81 municipios que conforman el estado de Guerrero, 52 se encuentran en situación de pobreza, incluyendo la totalidad de municipios de la Montaña y Costa Chica, algunos municipios del Centro, cuatro ubicados en el macizo de la Sierra, tres de la Tierra Caliente y dos de la zona Norte. Los municipios de la Montaña y Costa Chica que cuentan con la población mayoritariamente indígena, 33 de ellos están en el rango más alto de carencia alimentaria. Los índices de desnutrición infantil y mortalidad materna son también los más altos del estado y del país. Lo mismo pasa con los servicios de salud y el rezago educativo. En cuanto a carencia de servicios básicos de la vivienda, 39 municipios se encuentran en ese rango. La totalidad de municipios de la Montaña, Costa Chica y la sierra han tenido que luchar a brazo partido para enfrentar siglos de olvido y discriminación. Lo más grave es que en 77 municipios, la mayoría de la población carece de acceso a la seguridad social, lo que impide que cuente con suficientes medios de subsistencia para hacer frente a las eventualidades relacionadas con las enfermedades y accidentes o ante realidades socialmente reconocidas como la vejez y los embarazos de las mujeres. La exclusión de estos beneficios que protegen a las personas les niega el derecho a alcanzar un nivel de vida digno.
De acuerdo con los datos del Coneval los municipios que cuentan con mayor porcentaje de población pobre son: Cochoapa el Grande con el 95.9%; Metlatónoc con el 94.7%; José Joaquín de Herrera con el 93.3%; Atlixtac el 93%; y Tlalixtaquilla el 92.6%. En estos municipios más del 90% de la población se encuentra en condiciones sumamente pobres. Por otra parte Iguala cuenta con el menor porcentaje de población en pobreza con el 44.6%, le sigue Chilpancingo con el 50.2%, Acapulco con el 51.6%; Zihuatanejo el 53.6 y Ciudad Altamirano con el 57.3%.
Los municipios que concentran el mayor número de personas en pobreza extrema son Acapulco con 107 mil 48, que representa el 13.6%; Chilapa cuenta con 55 mil 156, que arroja el 48.2%; Tlapa registra 38 mil 122, que asciende al 45.8%; Chilpancingo tiene 36 mil 201, que marca el 14.9% y Ayutla de los Libres concentra a 35 mil 713 que se eleva al 56.3%.
Las localidades de mil habitantes o más que fueron registradas con mayor rezago social en Guerrero en el 2010 por el Coneval son: San Miguel el Grande, Alcozauca; Santa Cruz Yucucani, Tlacoachistlahuaca; el Fresno, Chilpancingo; San Pedro Cuitlapan, Tlacoachistlahuaca; Cuatzoquitengo, Malinaltepec; Alcozacán, Chilapa; Atzompa, Metlatónoc; Apalani, Acapulco; Jicayán de Tovar, Tlacoachistlahuaca y Barrio Nuevo de los Muertos, en Acapulco. Se trata de comunidades indígenas de la Montaña, Costa Chica y comunidades campesinas de la zona Centro y de Acapulco.
Las carencias en cuanto a servicios básicos para la mayoría de los guerrerenses son múltiples a causa de una mala distribución de los recursos públicos y a la perversidad de las autoridades que se niegan a realizar inversiones en infraestructura básica en educación y salud, pero sobre todo a contratar personal profesionalizado para que brinde un servicio de calidad a las familias más pobres.
Acapulco por ser la ciudad más grande del estado cuenta con más presupuesto que los 19 municipios de la Montaña juntos. En el 2015 recibió de la federación mil 828 millones 50 mil 400 pesos, que corresponden al 19% del total del presupuesto transferido a los 81 municipios de Guerrero. Mientras tanto a los 19 municipios de la Montaña le transfirieron mil 327 millones 84 mil 700 pesos que representa el 14% del monto total del presupuesto para todos los municipios del estado.
A pesar de estos contrastes presupuestales vemos que tanto Acapulco como la región de la Montaña tienen índices de pobreza muy altos. Los miles de millones de pesos asignados a Acapulco no hacen la diferencia en cuanto a seguridad y bienestar de las familias. El drama es compartido: vastos sectores de su población padecen hambre, persisten las enfermedades de la pobreza, el analfabetismo, el desempleo y muchas familias sobreviven en cobertizos de lámina. Las colonias pobres de Acapulco junto con las comunidades indígenas de la Montaña sufren la tragedia de la exclusión presupuestal y del olvido gubernamental. Violencia y pobreza marcan el destino funesto de los guerrerenses, cuyas autoridades nefastas y corruptas nos han colocado en el sótano de la miseria.
* Información retomada del XXII informe de Tlachinollan Pueblo Indignado. Resistir con el corazón por delante. (Disponible en internet).