Con la presencia luminosa de las madres y padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, como Tlachinollan presentamos este sábado 12 de agosto, nuestro 23 informe que aborda la delicada situación que enfrentamos como guerrerenses ante la espiral de violencia que se ha enseñoreado en la mayoría de municipios de nuestra entidad a causa del poder creciente que han adquirido las organizaciones criminales en la siete regiones de Guerrero. El problema de la impunidad trastoca todos los esfuerzos que surgen de la sociedad para restablecer una nueva institucionalidad basada en un Estado de derecho democrático. Se truncan todas las luchas que buscan transformar el aparato gubernamental que sirve a intereses de grupos políticos que funcionan como mafias. La corrupción es el sello distintivo de la clase en el poder, más allá de banderas partidistas. La colusión de las organizaciones criminales es una práctica que se ha generalizado entre los partidos políticos y sus candidatos.
La desconfianza que persiste en la población tiene su origen en este pacto funesto que transforma a los políticos en delincuentes, en personajes turbios que utilizan su poder y los recursos públicos para amasar fortunas y afianzar proyectos personales. La disputa por el control territorial para el trasiego de la droga ha borrado la línea divisoria que existía entre el poder público y las organizaciones delincuenciales. Es un discurso falaz que reproducen las autoridades como un estribillo, de que el gobierno es un baluarte de la legalidad, que aplica “todo el peso de la ley”. La verdad es que ahora la acción delincuencial se urde dentro de las mismas instituciones gubernamentales. Los intereses económicos ilícitos se defienden y pelean dentro de los palacios de gobierno. Por eso mismo la sociedad se organiza para desmontar esta estructura que atenta contra el Estado de derecho, la seguridad ciudadana y el respeto a los derechos humanos.
Con más de quinientas hojas nuestro 23 informe titulado Guerrero: mar de luchas, montaña de ilusiones, da cuenta de la diversidad de problemáticas que enfrentamos en el estado. En esta colaboración plasmamos un tema central que ha cimbrado a nuestro país con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, acaecida el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

Los 43: la verdad que México necesita

El tiempo se agota para el gobierno de Enrique Peña Nieto. Sólo dispone de un año para dilucidar la verdad sobre el paradero de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. La gran incógnita es saber si estará dispuesto a cambiar su postura o mantendrá, por encima del deterioro de su imagen y el descrédito de su administración, la única línea de investigación oficial, bautizada como “la verdad histórica”. Han transcurrido dos años y nueve meses sobrellevando el caso ante las instancias internacionales. A nivel interno, para el primer círculo gubernamental, la falta de pruebas científicas sobre la incineración de los 43 jóvenes en el basurero de Cocula es pecata minuta, comparada con los intereses macro delincuenciales que están de por medio.
Para el gobierno federal, esta versión urdida con testigos que declararon bajo tortura, es la más consolidada. Así la calificó el subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa Ciprián, el pasado 17 de marzo, ante la Comisión Interamericana (CIDH): “Las instancias responsables de la investigación han formulado una hipótesis. Una hipótesis que se ha conocido como ‘la verdad histórica’. Esa hipótesis presenta la versión de lo que sucedió. La versión de quiénes son los responsables y la versión sobre cuál fue el destino de los 43 normalistas desaparecidos… podemos decir hoy, que no se ha consolidado otra hipótesis. Que no hay consolidada otra línea de investigación y que no se ha encontrado desafortunadamente a ninguno de los normalistas. A ninguno de los muchachos, vivo o muerto.”
Esta aseveración dejó de manifiesto que, para el gobierno mexicano, las líneas de investigación planteadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) no son hipótesis sólidas. Con sus declaraciones y sus mismas actuaciones, demuestran que hay una simulación y un lenguaje falaz. Por una parte, solicitan formalmente la asistencia técnica a la CIDH, pero por la otra, se dedican a desacreditar a los miembros del GIEI. Durante su estancia le ocultaron información. Hasta la fecha no han dado seguimiento puntual a sus recomendaciones. Recientemente obtuvieron pruebas de que los espiaron y lo que es peor, esta mala fe del gobierno se ha traducido en tormentos y golpes bajos para las madres y padres de familia, quienes en lugar de encontrar avances en la búsqueda de sus hijos y algunos logros en la investigación, se les machaca en todo momento, de que los 43 estudiantes fueron incinerados en una pira. Sus expresiones indignas, emitidas en la misma audiencia de la CIDH hablan de la decrepitud de un gobierno que denigra la dignidad de las víctimas y que se colude con los responsables de la desaparición de sus hijos.
En medio de tantas penurias y ofensas, las madres y los padres se mantienen en la primera línea peleando con la frente en alto:
“Aquí seguimos con el mismo dolor, con la misma angustia de no saber nada de nuestros hijos. Cada mañana al despuntar el alba miramos el horizonte con la esperanza de que ese día los encontremos. Sin embargo, nos tropezamos con funcionarios mentirosos y corruptos que nos cierran las puertas de la verdad y la justicia. Al anochecer el optimismo se desvanece. El camino es gris y oscuro. Nuestros ojos se humedecen y las lágrimas ruedan por nuestro rostro por tanto engaño y tanta simulación de los gobernantes. Nos preguntamos con angustia ¿cómo estarán nuestros hijos? ¿Comerán o tendrán hambre? ¿Estarán lastimados? ¿Estarán bien? No lo sabemos. Sólo la incertidumbre, el vacío y la tristeza acompañan nuestras noches de insomnio. Así es nuestra vida desde hace muchos meses. ¿Cuánto tiempo más tenemos que padecer este sufrimiento? ¿Por qué tanta infamia y desvergüenza de las autoridades?”
Ante este ambiente de animadversión y con el golpeteo permanente contra los papás y mamás, y a los mismos miembros del GIEI, la CIDH valoró que no existían las condiciones óptimas para que continuaran los expertos y expertas independientes con su labor de brindar asistencia jurídica internacional. En su lugar creó un Mecanismo Especial de Seguimiento (MES), para darle continuidad a las recomendaciones de las y los expertos.
Desde su primera visita a México, en noviembre de 2016, el MES ha tenido que navegar a contracorriente por la postura inamovible de las autoridades. Han constatado las formas burdas que utilizan para no llegar al fondo de las investigaciones. Sobre todo han verificado que no hay celeridad para alcanzar conclusiones tanto en las actividades de búsqueda como en el esclarecimiento efectivo de las diferentes líneas de investigación. El MES ha sido muy enfático en remarcar que la posición del gobierno de reivindicar la hipótesis del basurero, que ya fue descartada con pruebas científicas por el GIEI, lo único que está provocando es un mayor distanciamiento con las víctimas, alienta la confrontación con los familiares y pone en alto riesgo la búsqueda de la verdad y la justicia.
Este ambiente tenso se vivió en la pasada audiencia de la CIDH realizada en Lima, Perú. El reclamo que las mamás y papás hicieron al gobierno mexicano fue por el incumplimiento de los plazos acordados con la PGR para la entrega de resultados sobre las líneas de investigación trazadas por el GIEI. Salió a relucir la denuncia que hicieron los mismos familiares de los 43 de que el gobierno mexicano en lugar de invertir dinero para adquirir tecnología de punta que les ayudara a localizar a sus hijos, perversamente la utilizó para espiar a los integrantes del GIEI y a los defensores y defensoras de derechos humanos que los acompañan.
Con estas actuaciones malévolas, de espiar a los miembros del GIEI, a pesar de que contaban con inmunidad diplomática; de proteger impunemente a los funcionarios que han cometido irregularidades en las investigaciones, como el caso de Tomás Zerón de Lucio. La obstrucción permanente y el malabarismo burocrático de los funcionarios para no avanzar en las líneas de investigación; el pacto siniestro de la impunidad trenzado burdamente entre los altos mandos del poder político y militar con el reiterado incumplimiento de las recomendaciones planteadas por el GIEI, nos dan la pauta de que en el último trecho de la administración peñanietista, defenderán con la fuerza de su poder impune la maltrecha verdad histórica.
Serán más bien las madres y padres de familia, acuerpados en los colectivos de familiares que buscan a lo largo y ancho de la república a sus hijos e hijas, los que descarrilen la locomotora de la impunidad. Son los que darán la batalla en las calles y en las instancias internacionales, para enderezar el rumbo de las investigaciones. Con la fuerza acumulada por su tenacidad y su calidad moral, lograrán desmontar los aparatos de justicia del Estado que se han coludido con la delincuencia organizada. La lucha contra la impunidad es ahora la gran pelea por la transformación de las instituciones de justicia y seguridad. Es la ola grande de la sociedad que retumba en los muros de los palacios y procuradurías, para desenmarañar la telaraña que han urdido las organizaciones delincuenciales con los gobernantes mafiosos. Lo más importante es colocar en el centro de todo el quehacer gubernamental los derechos de las personas, que por amor a sus hijos se han erigido en la fuente de inspiración y en la gran fortaleza para desentrañar la verdad que con gran urgencia México necesita.