El presidente de la República electo manejó desde su campaña la necesidad de realizar un cambio radical en razón de que tenemos problemas estructurales. Sin embargo, muchos compañeros no han acabado de entender el significado de lo que Andrés Manuel López Obrador ha llamado la Cuarta Transformación, pues la mayoría de los contendientes ganadores se candidatearon desde la lógica personal de tener un nuevo status económico y político. Ello se debe a que con antelación no tenían un trabajo organizativo y por lo tanto no se han apropiado del significado del cambio verdadero. Por ello insistimos en que el cambio tiene que construirse desde abajo teniendo como contexto un nuevo gobierno que también es anuente con las transformaciones democráticas.
Los municipios, como tercer nivel de gobierno, constituyen el espacio donde se interactúa de manera más directa con la ciudadanía. Sin embargo ha sido en estos espacios donde la gobernanza ha fallado y el ejercicio de los recursos ha dejado mucho que desear. Según la última evaluación de CIMTRA (www.cimtra.org.mx) –organismo no gubernamental que realiza evaluaciones periódicas a los municipios– las da a éstos una calificación de 6.4 en transparencia en su muestra representativa.
La corrupción en los gobiernos municipales se ha vuelto una regla; los candidatos le invierten a la elección porque saben que van a recuperarse y contarán con más capital para catapultarse al siguiente cargo de su carrera política. Por ello se requiere comenzar a hacer cambios de fondo.
Son tres los principales programas federalizados que le dan vida a los municipios además de sus ingresos propios: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-Ramo 33) cuya asignación presupuestal para el presente año fue de 5 mil 408 millones de pesos; el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal cuyo presupuesto 2018 fue de 2 mil 140 millones y las Participaciones Federales para el pago de nómina que para el presente año tiene un techo de 4 mil 71 millones. Estos recursos son determinados por la SHCP con base en la Ley de Coordinación Fiscal y el gobierno del estado los distribuye de acuerdo con fórmulas que consideran diversas variables.
Para la mayoría de los alcaldes, el presupuesto del FAISM-Ramo 33 es como una pequeña gran caja que manejan a modo y por ello no hay obra pública. Pero la solución de ello es muy sencilla; la Secretaría de Desarrollo Social tiene una base de datos de todas las colonias y comunidades donde se consideran las mismas variables para determinar los presupuestos para cada municipio. Por tanto, si simplemente se hace extensiva la fórmula, cada comunidad sabrá cuanto le corresponde anualmente para obra prioritaria, planificará y buscará la mezcla de recursos requerida, pero además se mantendrá vigilante de la aplicación de los recursos.
El Fortamun debiera ser para subsanar adeudos y derechos diversos así como para mejorar el servicio de seguridad pública. Sin embargo, la mayoría de los gobiernos municipales hace un manejo discrecional y en el mejor de los casos los destina al pago de nómina de seguridad, aunque a la población no le proporcionen dicho servicio. Por tanto, a las comunidades no les corresponde nada de este presupuesto.
La comunidad es la instancia donde realmente se funden pueblo y gobierno. Es el lugar propio de la democracia participativa, expresión más avanzada de la civilidad política o de las tendencias actuales de la democracia. Al ser el espacio más cercano de la ciudadanía con su gobierno, la comunidad puede transformarse también en factor de integración de acciones y políticas públicas estatales y federales, hoy desordenadas, fraccionadas y clientelares. Si con información y capacitación apropiada se conviene con la comunidad y su gobierno los recursos públicos destinados a su propio desarrollo, seguro que se reactivará la energía de toda la comunidad y se podrá hacer más con menos dinero. Por ello se requiere elevar a la comunidad al Cuarto Orden de Gobierno y el presupuesto operado por los Fortamun debería ser la base para poner en marcha la energía creadora de las comunidades.
Finalmente, en lo que respecta a las participaciones para gasto corriente y nómina, no resulta complicado determinar parámetros y montos; los alcaldes no son mini virreyes para que se destinen su salario sin trabajar, deberá haber una suerte de escalafones para determinar salarios, mismos que deberán de transparentarse a la sociedad. Ya no más aviadores.
Pero, para garantizar que todo esto funcione se requiere impulsar el control ciudadano de lo público. Y la figura de Contraloría Ciudadana estipulada en la ley cobra vigencia. Las acciones de contraloría ciudadana deben incorporar de manera complementaria los conceptos: derecho a saber, monitoreo de programas públicos, y reactivación de órganos de participación social. Es decir, no basta solamente saber sobre los presupuestos públicos, es necesario monitorear su aplicación y, en su caso, denunciar y corregir en los espacios institucionales que permiten la participación ciudadana y que están reconocidos por la ley, tales como los Coplademun, los cabildos municipales, los Consejos Municipales para el Desarrollo Rural, entre otros.
En la actual etapa de transición de poderes, la transparencia y la rendición de cuentas son temas de primer orden. Como organizaciones que formamos parte del Movimiento Campesino Plan de Ayala Siglo XXI, y con base en el acuerdo suscrito con el Presidente de la República electo, estaremos impulsando estas y otras propuestas que sienten las bases del cambio verdadero.