Tuvieron que pasar 17 meses, es decir 520 días, para que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, acudiera a la ciudad de Iguala, Guerrero. El sentido común nos hizo creer que su visita, aunque tardía, era para encontrarse con las familias de los desaparecidos, sobre todo para reivindicar su lucha y refrendar el compromiso de su gobierno de dar con el paradero de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.
Su estancia fugaz fue totalmente discordante. Llegó en medio de un aparatoso despliegue militar y aterrizó en las instalaciones del 27 Batallón de Infantería. Sus interlocutores no fueron los familiares de los desaparecidos, ni la gente que es víctima de la violencia, sino los militares, a quienes protege para que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) no los interrogue sobre su presunta responsabilidad en la desaparición de los 43 normalistas. Los lugares apertrechados por centenares de efectivos fueron diseñados para desafiar a todo el movimiento nacional de víctimas que clama verdad, justicia y medidas de no repetición. Fue una demostración de fuerza y un acto de reivindicación del Ejército como un poder que no está dispuesto a someterse al escrutinio internacional.
El lábaro patrio ha servido como el gran manto de impunidad que encubre al Ejército para que no sea juzgado por los crímenes del pasado ni por las graves violaciones de derechos humanos que ha cometido con la nueva estrategia guerrerista antinarcóticos. El 195 aniversario de la bandera fue el gran pretexto del presidente para hablar de Iguala como “un municipio emblemático en nuestra historia nacional. No puede quedar marcado por estos trágicos acontecimientos. Su gente merece ser conocida por sus fortalezas, su calidez y su firme carácter”. Esta perorata refuerza la posición inicial de Peña Nieto, de darle vuelta a la página del dolor, de “superar” Ayotzinapa para no quedar “marcado” por la historia trágica de los 43. Su vano empeño es que omitamos esta historia, que olvidemos a los 43 y que lo absolvamos de toda culpa.
Para la autoridad presidencial el peor trato que puede darle a un ciudadano o ciudadana es no mencionar sus nombres, para quitarles todo valor como personas. Esto lo hizo cuando se fugó Joaquín El Chapo Guzmán y lo volvió hacer en Iguala, al no pronunciar Ayotzinapa ni mencionar a los 43 estudiantes desaparecidos. Ignoró a las madres y padres de familia tanto de nos normalistas como a los familiares de los Otros Desaparecidos. Más bien tiró línea para que se borre de la memoria colectiva este acontecimiento trágico. Su mensaje se centró para que no hablemos más de las desapariciones de Iguala, de la ola de violencia que ha causado tantas muertes y que mucho menos se comente que existe colusión entre las autoridades civiles y militares con las bandas del crimen organizado.
La visita del Presidente fue para afianzar su postura en torno a la verdad histórica emitida por el ex procurador Jesús Murillo Karam, al resaltar que “durante un año cinco meses se ha desplegado un amplio esfuerzo institucional para procurar justicia, a partir de una investigación profunda, transparente y abierta, contando incluso con la colaboración de diversas instancias internacionales”. Todos sabemos las resistencias que ha habido para que no se interrogue a los militares. Por otra parte, se mantiene inalterable la posición de realizar otro peritaje en el basurero de Cocula, cuando ya lo hicieron tanto el GIEI como el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Este empecinamiento no es más que una estratagema para no avanzar en las otras líneas de investigación y machacar con la reedición de su “verdad histórica”.
El abanderamiento protagonizado por el Ejército no fue sino para limpiar su imagen maltrecha. Crearon un escenario propicio para la exhibición de las fuerzas armadas, para promover su lucimiento y para que el presidente les reiterara (como ya es costumbre) su reconocimiento público por su labor contra la violencia y la inseguridad. Lo hizo en Iguala con la presencia de su gabinete para cerrar filas en torno al Ejército y así mandar un mensaje de que la participación de éste en tareas de seguridad se mantiene inalterable, por lo mismo, la militarización seguirá a la alza en el estado. La postura más dura es que el gobierno de Peña Nieto defenderá a los militares para que no se les coloque en el banquillo de los acusados. No permitirá que se les interrogue, ni que se les obligue a entregar información procesada por ellos mismos.
Con este clima de impunidad que impera en las altas esferas del poder y con el aparato delincuencial que se mantiene intacto en la región de Iguala, donde los grupos del crimen mantienen una disputa a muerte por el control territorial, la marca de esa ciudad será imborrable porque es una herida que se desangra y que mantiene en pie de lucha a los familiares de los desaparecidos y asesinados. Esta marca de la tragedia será el sello de sangre que seguirá como su sombra en lo que resta del sexenio al presidente Peña Nieto.
Para las familias será una marca indeleble mientras no sepan nada de sus hijos o esposos desaparecidos. Es el sello de fuego que los mueve a luchar incansablemente. La fuerza que les da para enfrentar esta barbarie y contener esta ola de violencia. Es una marca para toda la sociedad que está harta de tanta violencia y tanta impunidad. El destino nos ha marcado para desmontar esta estructura delincuencial, para ya no permitir más que los políticos se erijan en los jefes de los grupos que delinquen y que las corporaciones policiacas y el Ejército dejen de ser los protectores de los que tienen el control de la economía criminal en el estado.
A las y los guerrerenses, Iguala nos ha marcado, pero para pelear contra los gobiernos gangsteriles e impunes, que sólo usan las armas para masacrar a inocentes. Nos ha impregnado de dignidad para no permitir que el gobierno forme parte del entramado delincuencial y que los políticos sean colocados en el banquillo de los acusados para que rindan cuentas por sus actos criminales.
Como sociedad damos la batalla para que nunca más se trate a los estudiantes normalistas como delincuentes, para que no se les estigmatice ni se les criminalice por ser pobres y por luchar a favor de una educación digna para el pueblo. Alzaremos la voz para que las autoridades dejen de discriminarlos y verlos como vándalos y subversivos. Tienen que resarcir la deuda con los jóvenes caídos y los desaparecidos, los que luchan y sufren persecución y con los miles de jóvenes que están batallando a diario contra el flagelo de la pobreza.
Lo que marca al gobierno de Enrique Peña Nieto es que a 17 meses de los hechos trágicos de Iguala es que no hay verdad. Son los padres y madres de familia los que están marcando el nuevo derrotero de los derechos humanos en el país y los que están desenterrando las tragedias ocultas. Son las víctimas de la violencia las que se han colocado en las principales trincheras para encarar a las fuerzas depredadoras que se han enquistado en las estructuras del poder político y que son parte del entramado delincuencial que impide que se sepa la verdad sobre el paradero de sus hijos.
En Guerrero el gran problema es la impunidad y los grupos de poder que viven bajo su amparo. La estructura caciquil es el poder omnímodo que mantiene incólume los poderes fácticos en las diferentes regiones. A pesar de la tragedia de Iguala, el ambiente de inseguridad persiste y las disputas de los grupos se mantienen como antes del 26 de septiembre. Este microcosmos delincuencial por si sólo nos habla del alto nivel de corrupción que existe y la profunda raíz que ha echado y que es complicado desenterrarla.
Aunque los reflectores estén enfocados en Iguala para encontrar a los 43 jóvenes desaparecidos, las autoridades no cuentan con indicios para saber a dónde se los llevaron. Hay más dudas que certezas en los resultados de las investigaciones. Aparecen más obstáculos y reticencias para no avanzar en otras líneas de investigación. Las declaraciones de más de 100 detenidos no llegan a señalar a los autores intelectuales. No se sabe más de cómo está la colusión de los políticos de primer nivel con las organizaciones criminales. Y poco se ha avanzado en la línea de investigación del quinto autobús. Se topan con pared para poder investigar a los militares y los macronegocios de la droga que sale de Guerrero a varias ciudades de Estados Unidos, sigue siendo una línea que no camina.
Lo real es que en Guerrero los caminos escabrosos de la impunidad no nos están llevando hacia la verdad. Para la sociedad en general y para la misma clase política queda claro que el caso de los 43 jóvenes desaparecidos no está esclarecido. Que por lo mismo, la marca que arrastra este sexenio es que no hay verdad ni justicia sobre los 43 y sobre los más de 26 mil desaparecidos en México. Como sociedad nos negamos a seguir cargando con está loza cuando vemos que la clase política se empeña en defender a quienes violentan los derechos humanos y a mantener intacta una estructura de poder que hunde sus intereses con los grupos políticos que viven del crimen. El pueblo combativo de Guerrero no claudicará hasta dar con el paradero de los estudiantes. Su memoria digna y su tenacidad marcarán el derrotero de una lucha sin cuartel contra los que quieren que Iguala no nos marque por la sangre derramada y la impunidad que nos avasalla.