La inseguridad y la violencia son un mal que se va agravando en Guerrero a pesar de que ha crecido en presencia el número de efectivos de los órganos de Seguridad y sus acciones en contra del crimen organizado.
Pero por los resultados que tenemos a la vista, quizá es temprano para interpretarlos, su impacto se parece al de un golpe al avispero si nos atenemos a la respuesta de la maña, pues aún cuando no parezcan acciones concertadas las ocurridas en la Costa Grande, en la zona Centro del estado, en la Costa Chica, en la Montaña y en Tierra Caliente, el nivel de violencia ha crecido en grados superlativos como respuesta contraria a los propósito del gobierno.
Pero no se trata de menospreciar la eficacia que han mostrado las fuerzas de Seguridad que enfrentan a los cárteles en el estado, sino de prever el futuro que nos espera en los daños colaterales que se produzcan en este combate.
A medida que las acciones de las fuerzas criminales crecen parece que el tamaño del gobierno del estado se achica, y eso no está para celebrarse, sobre todo cuando se mira que está derivando en la federación casi todo el quehacer que le corresponde para dar seguridad a la población, incluso tratándose de los delitos del fuero común.
Mientras la gobernadora se esmera atendiendo la zona turística y a los damnificados de Otis y John, el resto del estado se debate entre los altos niveles de violencia, y en vez de reconocer con humildad y autocrítica que es justo el malestar que provoca su actuación, responde con el gastado argumento de que tal malestar de la población no existe y que más bien se trata de una campaña mediática en su contra, tratando con ello de minusvalorar cualquier manifestación de malestar que exprese la población, a sabiendas de que sus declaraciones se inscriben en el plano de inhibir toda crítica.
Ciertamente la mayoría de la población no votó por la actual gobernadora pensando que sus dotes artísticos eran un bien que podría ayudar a traer la alegría a la tan entristecida sociedad, sino por su compromiso de retomar los postulados de la izquierda para combatir la violencia y la inseguridad, remarcando la raya que separa al crimen organizado del gobierno.
Ante la despreocupación de la gobernadora por la violencia cotidiana en el estado, parece que la opción inteligente que nos queda a los ciudadanos es consolarnos pensando que pudo haber sido peor si estuviéramos bajo el antiguo régimen donde la complicidad del poder con los cárteles era algo corriente.
Por eso es mejor “enfocarnos” en las mejores cualidades que tiene nuestra gobernadora, y no en las que la hacen deslucir, y esperarnos a que sean los responsables de la seguridad en el país quienes nos informen de los resultados de la investigación en torno al asesinato de las tres decenas de personajes que se han perpetrado durante el actual gobierno.
No debemos caer en la política del silencio para ocultar la ineficiencia en las investigaciones para dar con los miembros de las familias desaparecidas de Chautipan, Chilapa, algunas de ellas identificadas entre los cadáveres dejados en el bulevar de la capital como burla macabra contra el gobierno ante su amenaza de iniciar una búsqueda masiva de esos guerrerenses.
Las calamidades en Guerrero, aparte de que crecen y se diversifican entre disparos, vientos, truenos e inundaciones como males sociales y fenómenos naturales, perecen ilimitadas, por eso no se conoce que alguien pierda el tiempo imaginándose las soluciones que pudiera haber para alcanzar la paz de los años idos, cuando a pesar de la pobreza, desigualdad y marginación del modelo caciquil que dominaba en el estado, la gente vivía tranquila y podía andar los caminos sin riesgos ni temor.
Aunque ahora casi el 80 por ciento de la población proveniente del campo vive en el medio urbano, seguimos siendo pobres, ocupando el cabús en el concierto nacional del desarrollo. Eso confirman los datos que reporta el INEGI.
Guerrero ocupa el deshonroso octavo lugar en el nivel de inseguridad y violencia, lo que en el razonamiento del gobierno quizá deberíamos celebrar por quedarnos fuera del grupo que ocupa los cinco primeros lugares.
En todas las regiones del estado la gente vive en un ambiente de constante riesgo y temor, debido a que los asesinatos y las desapariciones son la constante y parece que no hay límite en la actuación de quienes se dedican a violar la ley a pesar de los miles de agentes diseminados por el estado.
La actuación de los malhechores en las condiciones actuales parece que les da la ventaja a sabiendas de que, en todo caso, una confrontación depende de quien inicie la escaramuza, eso a pesar de que ya han sufrido las consecuencias como en el caso de Tecpan.
Por eso los golpes certeros que ha recibido el crimen organizado deteniendo a líderes regionales de los cárteles parece que será la ruta que nos espera en el futuro si se trata de desterrar el mal que nos ha traído la aparición de la maña.
En todo caso y mirando el lado económico que tiene la penetración del crimen en la vida social todo se reduce a que éste dispone de parte del dinero público que la federación envía a los ayuntamientos, mientras que la otra parte, que bien podría aplicarse a los programas sociales, se destina al gasto militar para combatir al mismo crimen. Es decir que en el reparto del presupuesto los afectados somos mayormente los habitantes que estamos inermes en esa guerra que compromete a los cárteles del crimen y a los cuerpos de Seguridad.
No se olvide que durante muchos años se hizo natural que los ayuntamientos entregaran el manejo completo de las direcciones de Obras Públicas y de Seguridad a los malos, y aunque no sabemos si esas prácticas ya han sido desterradas, convendría saber si el ahora partido mayoritario ha podido marcar la diferencia, porque mientras ese problema subsista estaremos lejos de ver debilitado el poder de quienes utilizan la violencia para imponer su voluntad sobre los demás, porque nadie puede llamarse a engaño pensando que la línea tenue que separaba al gobierno del crimen organizado se ha repintado de manera natural con el cambio de gobierno, porque puede ser que ese cambio siga siendo solo un deseo, una aspiración para quienes quieren ver en el futuro una sociedad ajena a la violencia y también a la militarización.
Lo que debemos lamentar es que en Guerrero no se vislumbra la generalización de la protesta social que vimos manifestarse en Chilpancingo con el asesinato del presidente municipal Alejandro Arcos . Por desgracia siguen siendo pocos y testimoniales los grupos organizados que se atreven a protestar públicamente a pesar de los riesgos, pues la mayoría de quienes viven directamente algún hecho de violencia sufre calladamente sus consecuencias porque saben en carne propia la vulnerabilidad de la que son víctimas y temen mayores represalias porque han perdido la confianza en las autoridades responsables de prevenir el crimen y hacer justicia.
Esta es la tragedia que vivimos los guerrerenses donde el crimen y los fenómenos naturales se suman a la ineficiencia de su gobierno, haciendo de la oscuridad el futuro que quisiéramos brillante.