Como Gobernador Moral de Guerrero lamento los desatinos de la gobernadora constitucional del estado, Evelyn Salgado Pineda y expreso, una vez más, mi desaprobación a la conducta injerencista y grotesca de su “papá incómodo” en los recientes nombramientos gubernamentales que causaron el enardecimiento de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa y fueron motivo principal del incendio vandálico en el recinto sede del poder ejecutivo estatal.
Tal incendio y destrucción de bienes muebles tiene como antecedente social mediato (hace 30 días) el asesinato de un joven normalista de Ayotzinapa por parte de un policía estatal. El policía implicado directo en el crimen, fue retenido, pero después diose a la fuga de quienes debieron ponerlo de inmediato a la disposición de las autoridades correspondientes para las investigaciones del caso. Fue notoria la connivencia de los cuerpos policiacos para otorgar impunidad al sujeto guardado.
El suceso le produjo una contrariedad mayúscula al presidente de la República, Andrés M. López Obrador (AMLO), quien de inmediato –infiero– dio la orden (a tras mano) a la gobernadora estatal, Evelyn Salgado Pineda, de destituir a los titulares –dos militares de alta jerarquía federal– que tenían bajo su mando la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y la Fiscalía General Estatal; así como de sustituir también al secretario general de Gobierno (ex colaborador del “papá incómodo” de la gobernadora), por mostrar tolerancia a la negligencia criminal de sus subordinados y, aún más, construir en posteriores días varias versiones contradictorias sobre los hechos acontecidos; que más allá de decir la verdad esclarecedora del crimen tendían a crear una red de mentiras y encubrimientos para que el presunto culpable, perteneciente al cuerpo policiaco estatal, eludiera la aplicación de la justicia. La resonancia del crimen hizo que la investigación la atrajera la Procuraduría General de la República que logró la recaptura del presunto.
Con la probable indicación presidencial de remoción de los funcionarios estatales mencionados, imprudentemente la gobernadora nombra como nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal a otro militar Y como uno de los principales subsecretarios de Gobierno, a un colaborador directo del secretario destituido. Estos últimos nombramientos fueron la causa principal de que los jóvenes de Ayotzinapa se enardecieran, los consideraran como burla y ofensa, y cometieran los actos ilícitos ya mencionados.
Reprobable también es la indicación dada mediante documento escrito por el senador, Félix Salgado Macedonio, a quien fungía como subsecretario de Gobierno, para que renunciara y así allanar el nombramiento respectivo de la gobernadora a una persona que ya estaba involucrada en las acciones para otorgar impunidad del fugado y recapturado presunto homicida. Es decir, la gobernadora realiza forzadamente los cambios para que nada cambie (Lampedusa, dixit). ¡Pobre Guerrero! ¡Pobre Evelyn! del desgobierno de estas tierras del sur seguirá teniendo responsabilidad compartida y a la vez continuará manipulada por su papá incómodo. De no rectificar ese nombramiento advierten los estudiantes de Ayotzinapa, el problema no termina, sino que se remasteriza. ¡Uf!
Adenda: En contraposición a la observancia de la ley constitucional estatal, la cual niega, de nueva cuenta, la justicia autonómica en el medio indígena, se instaló por parte de diversos pueblos –teniendo como sede la comunidad de Tilapa–, del municipio de Malinaltepec en la Montaña, el inicio de operaciones del “Sistema de Justicia, Seguridad y Resguardo Territorial Indígena” (Serti) ante la amenaza real de que: a) organizaciones criminales penetren en sus territorios y controlen la vida de los pueblos, b) empresas mineras extractivistas se apropian de sus recursos naturales y c) la permanente crisis de gobernabilidad existente en la región.
El Serti estará en estrecha comunicación con la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) que fue fundada en la región de la Montaña en el año de 1995, para hacer frente a los asaltos, violaciones de mujeres, robos de ganado, viviendas, ante la inacción y desatención de las instituciones de seguridad pública del estado. Ahora, además de lo anterior, establecerán una alianza las dos organizaciones indígenas para evitar que el crimen organizado y las empresas extractivistas se apropien de la vida de sus pueblos y de sus recursos naturales. Cuando una ley no es congruente con el cuidado de la vida de los pueblos es legítimo que estos no la acaten.

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