Fui invitado por el espacio de organizaciones de la sociedad civil “Guerrero es Primero”, que, junto con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, organizó la mesa de diálogo y trabajo “Construyendo territorios de paz, derechos humanos y desarrollo sustentable en Guerrero”, para ofrecer un análisis sobre Guerrero desde la óptica de los pobres. Este análisis tendría que ser una provocación para el diálogo entre diversos actores guerrerenses y no guerrerenses, gubernamentales y de la sociedad civil. Ofrezco ahora en esta entrega, de manera concisa, algunos elementos que propuse en dicha mesa para el diálogo y para la reflexión.
La pregunta inicial de mi reflexión fue: ¿Qué ha sucedido en Guerrero para que nos hayamos convertido en un territorio ocupado por múltiples desastres? Hay que reconocer situaciones de desastre en la economía, en la política, en las relaciones sociales y ambientales. Para contestar a esta pregunta necesitamos remontarnos a nuestro pasado, pues hay factores históricos que pueden ayudar a explicar nuestro presente. Hay que poner atención en el ejercicio del poder que en el pasado estuvo en las manos de caciques regionales y locales, quienes manejaban simultáneamente los hilos de la política y de la economía y que ha evolucionado por la vía de los partidos políticos hasta llegar a la actual situación en la que la delincuencia organizada “gobierna” de facto en amplios territorios del estado de Guerrero, de manera paralela a las instituciones del Estado. En Guerrero hemos desarrollado una precaria democracia en la que no nos sentimos representados por la clase política, ni los ciudadanos nos hemos responsabilizado de lo público, teniendo como resultado una simulación democrática ya que en los territorios no manda el pueblo.
A este factor político hay que añadir el factor económico, pues se ha impuesto una visión excluyente y depredadora del desarrollo. Tantos desastres sociales y ambientales son los resultados visibles de una economía pensada y organizada para concentrar sus beneficios en pocas manos y para llevárselos fuera del estado y del mismo país. El vínculo entre un sistema político corrupto y un modelo económico depredador establece las condiciones estructurales para que la desigualdad y la violencia campeen en casi todo el territorio guerrerense. Así las cosas, tenemos territorios zarandeados por poderes voraces y volátiles en donde no sabemos quién gobierna. ¿Cómo afectan hoy estas condiciones políticas y económicas a los territorios? Puedo señalar algunas formas más visibles.
Primera: La ausencia del Estado en amplios territorios deja en manos de las bandas criminales el ejercicio del poder. Las decisiones importantes, las que tienen que ver con las relaciones económicas y la justicia, por ejemplo, están en manos de la delincuencia. Los servicios de la educación y de la salud tienen grandes dificultades para mantenerse en amplias regiones de Guerrero.
Segunda: El impacto conflictivo y devastador de diversos proyectos de desarrollo. Los casos de las mineras y de la presa de La Parota son emblemáticos, pues los territorios se “expropian” en la práctica para que empresas nacionales y extranjeras los controlen sin tomar en cuenta a las comunidades locales. Este tipo de accionar la economía ha provocado conflictos sociales y muchas heridas a las comunidades locales. Y no sólo eso, también quedan en los territorios la devastación ambiental y la expulsión de la población. Lo peor es que el Estado ha sido el patrocinador de estos despojos, tanto de los territorios como de los derechos de los pueblos.
Tercera: El avance y la fragmentación de la delincuencia organizada que ha propiciado índices de inseguridad y de violencia imparables. El territorio ha sido una clave para el crecimiento de la delincuencia, la que tiene recursos para controlarlo y para tomar decisiones sobre la población. Ciudades como Acapulco, Chilpancingo o Chilapa están repartidas, colonia por colonia entre las bandas que mantienen sus disputas y establecen acuerdos entre ellas y, al parecer, con gentes de la política o de la seguridad pública.
Cuarta: La aparición de los grupos de autodefensa ha avanzado a una gran parte del territorio guerrerense. Si su aparición tuvo legitimidad debido a omisiones del Estado, en cuanto que la defensa de la vida y del territorio como necesidad imprescindible, la evolución que han tenido ha generado tantos problemas. Ahora resulta que entre los grupos de autodefensa hay lucha por el territorio como la hay entre los cárteles de la droga. Si tomamos en cuenta que sólo la CRAC tiene sustento legal y que las demás organizaciones civiles armadas están fuera de la ley y conviven y hasta se “coordinan” con policías y militares, se crea una confusión social en relación a la ley y en relación a la misma seguridad. Tenemos, por ejemplo, el caso de Xaltianguis, donde un grupo de autodefensa tiene un retén a unos metros de otro retén de policías y militares. ¿Qué mensaje deja este hecho en la población?
Quinta: Muchos municipios del estado han mostrado una alta vulnerabilidad ante las bandas criminales y han sido prácticamente sometidos y saqueados. Hay casos de colusión y de sometimiento. La debilidad de las instituciones municipales no les permite convertirse en parte de las soluciones de los problemas de la gente sino en parte de los mismos problemas.
Sexta: Hay que añadir, además, el estado crítico de la población que permanece inerme ante las cinco formas anteriores de control del territorio contra los intereses locales y comunitarios. En la población hay miedo y desconfianza, hay fragmentación y enfrentamientos, hay individualismo y desolación. Vamos, la desesperanza se ha ido instalando en la conciencia de las comunidades y de los pueblos. ¿Puede haber con este clima, expectativas de cambios de fondo?
En otras palabras: ¿hay salidas?
Al hablar de salidas, me refiero a la posibilidad de una paz sostenible y no de temporadas menos violentas. Una paz sostenible se apoya en, al menos, tres factores: la democracia participativa, el desarrollo integral y sustentable y la cultura de paz. Y son factores sistémicos que se construyen no en temporadas sino en el empeño sostenido por las transformaciones profundas indispensables para la paz y para que los territorios se conviertan en espacios de paz, donde se garanticen y promuevan los derechos humanos y donde se cuide el medio ambiente. La pregunta ahora es: ¿hay salidas? Hasta aquí mi provocación para el diálogo enfocado a la construcción de territorios de paz en el encuentro que tuvo lugar en el Castillo de Chapultepec el pasado día jueves.
Hubo aportes importantes, experiencias de Italia y de Colombia, aportes de la delegación de la ONU en México y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, aportes de organizaciones sociales y de los participantes. Búsquedas e inquietudes se pusieron en la mesa. Sólo quiero destacar algunos de ellos en cuanto que puedan considerarse necesarios para las transformaciones sistémicas que debiéramos emprender.
Un aporte que considero indispensable es la perspectiva territorial para la construcción de la paz, la promoción de los derechos humanos y el desarrollo sustentable. Debieran establecerse políticas públicas que fortalezcan procesos territoriales de paz, de desarrollo y de participación ciudadana. Estas políticas públicas tendrían que permitir que los actores presentes en cada territorio tengan el protagonismo necesario para las transformaciones locales. Tiene que haber espacios para que las decisiones económicas y políticas se tomen con la participación de las poblaciones locales de los propios territorios.
Otro aporte es que urge recuperar los territorios para la construcción de la paz. Los territorios tienen que ser espacios en los que la participación ciudadana sea decisiva. Si los territorios han sido secuestrados por las mafias, por las bandas criminales o por grupos políticos o económicos que generan violencia, se requiere fortalecer el tejido social y empoderar a las comunidades con mecanismos de participación real.
Otro aporte que me pareció interesante es que para recuperar el territorio es preciso recuperar al Estado. Si el Estado sigue secuestrado por mafias políticas corruptas o por las mafias de la delincuencia, no será posible avanzar en el camino de la paz, ni en el ejercicio de los derechos humanos, ni en el desarrollo integral y sustentable. Hay que devolverle al Estado su sentido original en el que sea garante de los territorios como espacios de convivencia pacífica.