El ya presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, anunció que una de las primeras iniciativas que enviará al Congreso de la Unión calificará a la corrupción como “delito grave”, es decir que atacará frontalmente este cáncer administrativo, al aplicar irrestrictamente la ley. De ser así, la transparencia no será un adorno o una cortesía del gobernante, sino una obligación irrenunciable.
Uno de los primeros anuncios para delinear las acciones de lo que será el gobierno del presidente López Obrador fue el programa de 50 puntos de austeridad y contra la corrupción con los que deberán desempeñarse los hombres y mujeres que lo acompañen a partir del 1 de diciembre.
En una especie de desglose de su sencilla máxima de “no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”, el listado de propósitos ronda en forma recurrente en las limitaciones salariales y de diversos privilegios que a lo largo de los años han disfrutado los funcionarios federales.
Con ello se espera obtener ahorros al erario por miles de millones de pesos, que podrán ser aplicados en programas de bienestar social o para financiar otros proyectos de gobierno.
Pero si la tarea no será sencilla de aplicar en la administración pública federal, y ya ha encontrado, con el solo anuncio, innumerables críticas y resistencias, donde deveras habrá una tarea monumental al respecto es en entidades como Guerrero, estado pobre y tradicionalmente marginado, pero cuya alta burocracia –según es vox populi– está acostumbrada a disponer del erario con la cuchara grande, pedir comisiones a los contratistas en las obras, y usar y abusar de los dineros sin darle cuentas a nadie. No sólo en el gobierno estatal, sino en los ayuntamientos de los 81 municipios del estado.
Así lo ha constatado el Colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes (CIMTRA), que en su evaluación dada a conocer hace unos días afirma que en todos los municipios se viola la Ley General de Transparencia.
Esa agrupación señaló que durante julio evaluaron en particular la información de 21 ayuntamientos guerrerenses, con resultados desastrosos. Acapulco, el más poblado y con mayores recursos, tiene un índice de apenas 30 puntos sobre 100. Pero si usted piensa que eso es muy grave, resulta que es el mejor calificado. Otros municipios están peor, mucho peor. Florencio Villarreal obtuvo apenas 12.3 por ciento, Coyuca de Benítez 11.6.
Chilpancingo, la capital estatal, la ciudad que debería tener a los servidores públicos más apegados a la ley porque no tienen pretexto para no hacerlo, tiene un lamentable 11.2 por ciento, igual que en San Marcos. Zihuatanejo tiene un 10.1, y de ahí para abajo menos de diez: Copala 9.2, Eduardo Neri 8.3, Atoyac 7.6, Ometepec 4.2, y en el fondo del fondo Xochistlahuaca con 3.5.
Si se tratara de calificaciones escolares eso significa que Acapulco tuvo 3 y el resto de los municipios sacaron uno o cero.
Como se observa, el reto es mayúsculo. No es posible combatir la corrupción sin el requisito previo de la transparencia y la rendición de cuentas. Los moches, los cochupos, la desviación de recursos y el enriquecimiento de los funcionarios, sólo pueden evitarse si el gasto es transparente y la autoridad informa de manera sistemática sobre el uso y destino de su presupuesto, y contesta, sí o sí, las dudas e inquietudes de los ciudadanos.
Es probable que la llegada de un coordinador del gobierno federal a cada entidad haga sentir a los funcionarios estatales y a los alcaldes que en adelante deberán conducirse rectamente. Pero la única garantía es que el pueblo de todo Guerrero y de cada municipio se involucre en la vigilancia de que nadie se lleve los escasos recursos que de por sí no alcanzan a solventar necesidades acumuladas por décadas y siglos.
De ahí que una de las tareas, tal vez la principal de estos delegados, que así se llamarán porque la figura de coordinador levantó muchas polvaredas, será exigir que por lo menos el gasto federal y el que se dedica a los programas sociales, se lleve a cabo cumpliendo lo que ya dicen las leyes actuales y los puntos que el presidente electo ha señalado para normar su aplicación.
Es ahí donde está a prueba la transformación que López Obrador ha prometido sobre todo en beneficio de los más pobres, para alcanzar su bienestar. Ojalá que se logre, por el bien de todos.
A 45 días de la elección que muchos califican como un tsunami, la inminencia de los cambios se convierte en una realidad. El ya presidente electo no ha quitado el dedo del renglón, pues si se ataca la corrupción, sin duda el presupuesto rendirá mucho más en beneficio de los programas sociales y de más obras de infraestructura. En los estados más pobres y marginados el efecto será inmediato, y los resultados a corto plazo, si es que a las advertencias siguen los hechos.
Hay quienes esperan que el próximo 1 de diciembre, todas las promesas de campaña contra la corrupción se finquen en sanciones y castigos ejemplares. Ya se anunció que la corrupción será tipificada como delito grave, si así es, las sanciones harán que la mayoría de quienes hoy viven en la impunidad, constaten que el inminente nuevo gobierno de la República, va en serio.