Guerrero es un estado que genera preocupación internacional por las graves violaciones a los derechos humanos que se han consumado, ante la violencia endémica que se acrecienta, y por el maridaje que persiste entre autoridades y crimen organizado de larga data.
En el 163 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se realizó del 3 al 7 de julio en Lima, Perú, el c+,omisionado Paulo Vannuchi, en la Audiencia del Mecanismo Especial de Seguimiento sobre el caso Ayotzinapa, ocurrida el jueves 6 de julio comentó lo siguiente: “En Guerrero la guerra sucia tuvo uno de sus centros. El hecho de que la escuela de Ayotzinapa es la escuela del guerrillero Lucio Cabañas tiene que ver con el derecho a la verdad, la memoria, la justicia y  los temas de la justicia de transicional […] Ayotzinapa es un crimen continuado, porque los familiares tienen todos los días el dolor de despertar y no saber si están muertos o si no están (aunque se considere que no están muertos) para una madre, para un hermano es imposible concebir la idea de la muerte mientras no se garantice un proceso funeral”.
“He investigado –continúa el comisionado– y encontré la situación en un pueblo que se llama San Miguel Totolapan, La Gavia, y la existencia del grupo “mata normalistas” en donde el Movimiento por la Paz apunta que en su búsqueda, agentes del Estado fueron muertos hace pocos días mientras buscan al jefe de Los Tequileros, Jacobo de Almonte. Incluso hay una acotación del Movimiento sobre que el diputado Saúl Beltrán Orozco podría ser el verdadero líder de Los Tequileros, eso es mi reafirmación de la sugerencia de marzo, respecto de que el grupo de autoridades, expertos, policías,  agentes de inteligencia que fueron capaces de aprehender al Chapo Guzmán, puede seguir ese tipo de pistas. Nosotros tenemos un compromiso de vida, pienso que el Estado mexicano no puede presentar lo mismo y ni pensar en la hipótesis de que algún día anuncie que la investigación está cesada, encerrada y que no hay asesinos, no hay nombres de personas porque el México será mayor o menor, el respeto internacional será mayor o menor. Casos como Ayotzinapa son un compromiso de vida, entonces es necesario reclamar al Estado de no pensar siquiera en la hipótesis de concluir esa investigación sin responsables. Todas las dificultades son parte del hecho de que la guerra sucia fue una guerra y que los estados de un modo general, el Estado mexicano en particular, no lograron  llevar adelante todas las ideas de reconocimiento, reparación y políticas de no repetición”.
Esta alocución fijada por el comisionado de la CIDH responde a la falta de investigaciones sobre el caso Ayotzinapa y en la impunidad que desde la guerra sucia permea en nuestro estado.
Por su parte el comisionado James Cavallaro expresó que el presunto espionaje gubernamental contra los periodistas y defensores de los derechos humanos es un tema de extrema preocupación para la CIDH. En esta sesión informó que el organismo recibió una carta de Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) donde notifican que les llegaron mensajes de texto con enlaces a páginas infectadas con el Malware Pegasus.
Esta hipótesis del espionaje telefónico al GIEI deja en entredicho el compromiso asumido por las autoridades mexicanas de investigar el paradero de los 43 normalistas y abocarse más bien a espiar y vigilar el trabajo realizado por los miembros del Grupo Interdisciplinario y sus representantes legales.
Esta acción ilegal resquebraja la relación sostenida por alfileres con las 43 familias agraviadas por la desaparición de sus hijos. La sospecha es mayor porque las cuatro líneas de investigación no avanzan y más bien se genera una estrategia dilatoria para obstruir la verdad y encubrir a los responsables.
En este contexto se dio la visita de tres días del secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos, John Kelly a México. Guerrero formó parte de sus temas prioritarios. El secretario estadunidense sostuvo una reunión con el secretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos y el secretario de Marina, Vidal Francisco Soberón en la Base Aérea de Pie de la Cuesta, Acapulco, con el objetivo de “tratar asuntos relacionados con la seguridad regional y el combate a la delincuencia organizada”.
Junto con Michael Richard Pompeo, director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), sobrevolaron cultivos de amapola en la región de la Montaña, la Sierra y la Tierra Caliente de Guerrero, los enclaves donde hay una alta incidencia en el cultivo de la amapola.
Guerrero, por ser uno de los mayores productores de amapola y donde se han cometido desde la guerra sucia casos de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, desplazamientos forzados por parte de las fuerzas armadas, las autoridades se encargaron de presentar este fenómeno como si fuera un asunto netamente militar y de seguridad internacional.
Sabemos que el gobierno de Estados Unidos enfrenta un grave problema por la gran demanda que existe en el consumo de drogas y que busca su erradicación implementando planes como el Plan Mérida, el cual no ha tenido los resultados esperados,  más bien se ha acrecentado la violencia y una mayor producción de los cultivos ilícitos, así como el incremento en el tráfico de armas.
Cinco horas antes de la reunión que sostuvieron los altos mandos militares de México con el secretario de Seguridad de Estados Unidos, en el mismo puerto de Acapulco se libraba una lucha a muerte en el penal de Las Cruces, entre los presos que se disputan el control del penal que funciona como una plaza más.
El alto número de presos muertos nos da una muestra clara del grave problema que existe en las cárceles de México por el autogobierno y la corrupción que caracterizan a estos Centros de Readaptación.
No pudo haber más pruebas para el secretario de Seguridad sobre la violencia imparable que campea en Guerrero. A una distancia no mayor de 20 kilómetros de donde sostuvieron su reunión, se consumaron hechos sumamente graves que ponen en entredicho el actuar de las autoridades y la función de las instituciones. Hay un resquebrajamiento de la legalidad y la debilidad institucional tiene su causa en la captura en los aparatos de seguridad que ha logrado el crimen organizado.
El penal de Las Cruces es una clara muestra sobre cómo los grupos delincuenciales ejercen el autogobierno y que las mismas autoridades lo han permitido por lo que significa como negocio.
Es muy grave las desatención que han tenido las autoridades federales y estatales sobre la situación de los Centros de Readaptación Social. Según los datos de la CNDH la capacidad del Cereso de Acapulco es de mil 750 reos, sin embargo, en 2015 se encontraban recluidos en ese penal 2 mil 440 reos, lo que a decir de dicho organismo “representa situaciones que propician la violación a derechos humanos”.
En cuanto a las condiciones de gobernabilidad la CNDH hizo un llamado para atender la “normatividad que rige al Centro (reglamento, procedimientos y difusión de los mismos); la insuficiencia de personal; las deficiencias en el proceso para la imposición de las sanciones disciplinarias; el ejercicio de función de autoridad por parte de internos del Centro (autogobierno /cogobierno) realizando actividades ilícitas como cobros (extorsión y sobornos); así como la falta de capacitación del personal penitenciario.
Sin justificación, el contubernio entre presos y custodios denunciado por familiares de las personas internas no fue atendido por las autoridades, lo que expone el nulo interés para poner fin al nacimiento, prevalencia y reproducción de la delincuencia dentro de los centros de readaptación.
Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorIDH) ha señalado que el Estado es garante de la seguridad de las personas que han sido privadas de su libertad “toda vez que las autoridades penitenciarias ejercen un fuerte control o dominio sobre quienes se encuentran sujetos a custodia”.
En Guerrero la realidad es otra, y en lugar de garantizar los derechos y medidas para la reinserción, las mismas autoridades penales reproducen las malas prácticas y las violaciones a los derechos, vulnerando una vez más los estándares y tratados internacionales en la materia.
En el Informe Mundial del Drogas del presente año de la Oficina de la ONU para las Drogas y el Delito (UNODC), México es el tercer país en el mundo catalogado como los de mayor producción de cultivo de amapola -después de Afganistán y Myanmar-.
Para 2015 se registraron más de 26 mil 200 hectáreas de cultivo de amapola a nivel nacional. Guerrero forma parte de los tres estados de mayor producción de amapola, siendo también el segundo estado más pobre de la República.
En otro informe de la ONU, el municipio de Cochoapa El Grande ubicado en la Montaña, se ubica en los mismos lugares que ocupan países del África subsahariana.
La extrema pobreza, la violencia endémica, las graves violaciones a los derechos humanos como las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales y los desplazamientos forzosos, ubican a nuestro estado como dentro de los principales temas que más preocupan a los organismos internacionales de derechos humanos.
Paradójicamente, no es el mismo interés ni la gran preocupación que tienen las autoridades federales y estatales porque la impunidad y la corrupción siguen siendo parte consustancial en el ejercicio del poder.