Mucho enojo está acumulado la población acapulqueña ante abusos, irregularidades, impunidades y corrupción que tiene que ver
con el transporte público urbano, sobre todo, con los así llamados urbaneros. El accidente de la semana pasada, que
desencadenó una serie de acciones de ciudadanos indignados que desahogaron su furia incendiando un camión y asumiendo
tareas policíacas deteniendo urbanos que circulaban de manera irregular es una muestra de que se está tocando el límite de la
paciencia de mucha gente.
Y no es para menos. La población tiene que soportar a diario malos tratos, ruidos excesivos, música estridente, maniobras
callejeras de riesgo y diversas formas en las que prácticamente se adueñan de las poco espaciosas calles de la ciudad. Hay que
armarse de gran paciencia para salir a la calle y soportar toda clase de abusos de los urbaneros.
Lo peor es que no hay autoridad que intervenga para poner orden aplicando la ley y los reglamentos ordinarios. Por un lado, la
autoridad estatal encargada de otorgar las concesiones tiene una gran responsabilidad en el excesivo número de unidades que
circulan por la ciudad y su periferia. Se sabe de problemas entre transportistas por la existencia de un gran número de unidades
irregulares o piratas. Y por otro lado, la autoridad municipal que se encarga de aplicar el reglamento de tránsito, permite y tolera
toda clase de infracciones y abusos.
¿Qué pasa? La explicación que cuadra en esta situación de caos del transporte público es la corrupción de las autoridades y las
complicidades de algunos sectores de transportistas y de los ciudadanos. Detrás del caos vial de cada día tenemos, con toda
seguridad, corruptelas y complicidades desmedidas. Dos cosas se prevén si no se buscan soluciones de fondo que hagan más
“amables” nuestras calles para los ciudadanos, para automovilistas y para peatones.
La primera es que los ciudadanos lleguen al límite de su paciencia ante el manejo arbitrario que el transporte público hace de
nuestras calles. Los hechos de la semana pasada son un anuncio de lo que puede pasar: que la gente empiece a hacerse justicia
por propia mano ante el hecho de que las autoridades han renunciado a aplicar la ley a todos, especialmente a los urbaneros.
La segunda tiene que ver con el excesivo número de concesiones para el transporte público entre camiones, taxis, camionetas
alimentadoras, combis y demás. Las estrechas calles de nuestra ciudad no resisten más. Hay, de hecho, horas en las cuales el
tráfico se vuelve extremadamente pesado provocando la pérdida de muchas horas útiles para actividades productivas o de
cualquier otro género. Se puede prever que muy pronto haya un colapso de nuestras calles y avenidas ante el exceso de las
unidades de transporte público. Nuestra ciudad, sobre todo, sus calles se van convirtiendo en una pesadilla insoportable con
consecuencias sociales desastrosas.
¿Cuándo tendremos autoridades que asuman su responsabilidad pública de cara a la ciudad y a los ciudadanos? ¿Qué hace falta
hacer para vencer las prácticas corruptas que están detrás de este caos urbano? ¿Acaso no será necesaria la movilización pacífica
de los ciudadanos para exigir su derecho a un transporte público digno y respetuoso de los derechos de los usuarios y de la
población en general?
Es necesario ir al fondo de la cuestión. La habilidad política de las autoridades para algo debe servir. No precisamente para
obtener ganancias que provengan de las corruptelas sino para encontrar y promover soluciones que beneficien a todos,
especialmente a los ciudadanos de a pie e incluyendo, desde luego, a los propios transportistas, quienes tienen que entender que
al hacer daño a la sociedad se hacen daño a sí mismos.