La escasa afluencia de participantes a la consulta del pasado domingo tiene varias interpretaciones. Para unos, los que no fueron a las urnas, es muestra elocuente de que la ley no se consulta, simplemente se aplica; para el presidente López Obrador y sus seguidores fue todo un éxito y un triunfo de la democracia.
Por supuesto hubo fallas de organización, como la incierta ubicación de algunas casillas, la pobre promoción de la consulta y desde luego algunos otros detalles, pero sólo detalles. Más triste, desairada y de paupérrimos resultados fue la presunta consulta en torno al aeropuerto de Texcoco, convocada y realizada directamente por el gobierno federal, que en esa ocasión no se molestó en explicar convocatoria, organización y procedimientos de una extraña votación cuyo manejo no fue claro para nadie.
Más contradictorio es que AMLO, Morena y morenistas se jacten de que el resultado de la consulta del domingo fue todo un éxito (para ellos) y a la vez condenen la actuación del INE, pues si fue una victoria de la democracia no cabe reprobar a quienes convocaron, organizaron y realizaron la consulta. En todo caso, habría que condenar a la inmensa mayoría de ciudadanos que no hallaron razones para ir a votar por algo que ponía en cuestión lo dispuesto por las leyes.
Hubiera sido plausible que la malhadada consulta se pospusiera para evitar el gasto de 500 veintitantos millones de pesos que buena falta hacen para medicamentos y demás bienes que la sociedad demanda con urgencia, entre otros los tanques de gas de la flamante empresa estatal y los camiones repartidores, sobre todo ahora que las firmas privadas se niegan a llevar el combustible a los hogares y negocios que lo requieren.
Pero ya viene la consulta sobre la eventual revocación de mandato, otro motivo de distracción para los mexicanos agobiados por la crisis económica. Como si no fuera un asunto extremadamente delicado, pues pone en juego la estabilidad política, López Obrador llamó a sus opositores a agruparse “para que llamen al pueblo a que voten (sic) para que yo me vaya”. El mandatario adelantó que en los próximos meses “no nos vamos a aburrir, no vamos a estar bostezando”.
Como ya es costumbre, el Presidente arremetió contra el INE y acusó a los consejeros de ese organismo de que, “en vez de ponerse a la vanguardia… se quedaron en la retaguardia representando al antiguo régimen, manteniendo, conservando las mismas prácticas, los mismos vicios”. Cabe aclarar que en 2018 la ciudadanía optó por llevar al gobierno federal al partido Morena, pero hasta ahora no se ha producido cambio alguno de régimen, pues las instituciones fundamentales –lo que incluye al INE– siguen presentes, lo mismo que muchos de los modos de gobernar instituidos y practicados por el PRI.
El problema, el gran problema para Morena y su gobierno, es que la consulta de revocación de mandato –o de ratificación, si es el caso—sí tendrá una participación activa de la oposición y, sobre todo, de los poderes fácticos, que en esta ocasión no escatimarán recursos para que los sectores afectados por el actual gobierno vayan a las urnas y expresen una inapelable condena.
Pese a todo, falta recorrer mucho camino para que la consulta de marras pueda realizarse, pues antes se requiere contar con una ley reglamentaria, que la consulta la solicite un mínimo de tres por ciento de los electores de 17 estados (por lo menos) y que voten como mínimo dos de cada cinco ciudadanos inscritos en el padrón electoral.
En cualquier caso, poner en entredicho a un gobierno no augura buenos resultados para México. Si se da el caso de que una mayoría vote por la revocación, habría que contar con la respectiva reglamentación, pues no será cosa de que el mandatario simplemente se despida y se marche a La Chingada, como se llama su finca de Palenque.